Piden investigar a excancilleres de Petro por millonarios gastos en 200 nombramientos, ¿quiénes son?

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó una queja de responsabilidad fiscal ante la Contraloría contra los cuatro excancilleres del gobierno de Gustavo Petro y seis exdirectores de Talento Humano de esa cartera.

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Se trata de Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio. Y es que durante los cuatro años del gobierno Petro, se hicieron más de 200 nombramientos que terminaron siendo objetos de demandas. Muchos de ellos tienen que ver con cargos que, según el sindicato, debían ser ocupados por funcionarios de carrera.

La organización busca que el organismo de control investigue el impacto de esas designaciones en los recursos públicos.

Según explicó a EL COLOMBIANO Andrés Ordóñez, presidente de Unidiplo, la queja es el resultado de una revisión de los procesos judiciales presentados durante los cuatro años del gobierno anterior.

Aunque las demandas contra nombramientos en el servicio exterior se habían conocido caso por caso, el sindicato hizo un balance del periodo y encontró que entre 2022 y 2026 se interpusieron más de 200 acciones de nulidad electoral contra actos administrativos de la Cancillería.

“A cada una de esas personas hubo que pagarle tiquetes, viáticos, menaje para que se instale en el otro país, y a los tres, a los seis meses, volver a pagarle todo para que se devuelva, porque el nombramiento fue anulado”, explicó Ordóñez.

El dirigente sindical señaló que más de 100 de esas demandas fueron presentadas por Unidiplo. También participaron la Asociación Diplomática y otras personas que cuestionaron designaciones en el servicio exterior.

¿Por qué se cuestionan los nombramientos?

La queja se refiere a dos tipos de situaciones. Por un lado, están los nombramientos de personas que, según las demandas, no cumplían los requisitos exigidos para determinados cargos.

Ordóñez mencionó, entre otros ejemplos, casos de embajadores designados sin cumplir requisitos; por ejemplo, algunos de los designados no habrían acreditado el dominio de un segundo idioma o habrían presentado incumplimiento de las condiciones profesionales.

Cabe recordar que el requisito del segundo idioma para los embajadores fue eliminado por el gobierno Petro en 2025, por medio de la Resolución 10142 que modificó el manual de funciones del Ministerio, tema que generó controversia.

Otro grupo de casos corresponde a cargos que pertenecen a la carrera diplomática y consular, pero que fueron ocupados provisionalmente por personas ajenas a ella.

De acuerdo con Ordóñez, para realizar este tipo de nombramientos la entidad debe verificar primero si hay funcionarios de carrera disponibles para ocupar la vacante. Solo cuando no sea posible cubrirla con personal de carrera puede recurrir a una persona externa, de acuerdo con las reglas aplicables.

El sindicato sostiene que esa práctica desconoce los lineamientos que, según afirma, el Consejo de Estado ha reiterado desde 2015 sobre el carácter excepcional de los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera diplomática.

En su comunicado, Unidiplo aseguró que las decisiones judiciales sobre estos casos han sido, en su gran mayoría, favorables a las pretensiones de quienes demandaron, con la consecuente anulación de los nombramientos cuestionados.

El impacto fiscal que piden esclarecer

Uno de los puntos centrales de la queja es determinar cuánto dinero habría destinado el Estado a nombramientos que posteriormente fueron anulados.

El sindicato sostiene que además de los gastos en viáticos y tiquetes ya mencionados, y en los que en algunos casos están incluidos los desplazamientos de los funcionarios y sus familias, algunas situaciones pueden generar costos adicionales por concepto de remuneración.

Sin embargo, el sindicato no tiene una cifra consolidada sobre el posible detrimento patrimonial. Por eso, le pidió a la Contraloría que solicite la información correspondiente a la Cancillería, cuantifique los recursos comprometidos y determine si hay lugar a establecer responsabilidades fiscales.

“Sabemos cuáles son los rubros y todo, pero son muchos casos y por diferentes conceptos. Creemos que la estimación de cuánto asciende esto es algo que debe hacer Contraloría y que le requiera la información a la Cancillería”, dijo Ordóñez.

La discusión por los nombramientos en el actual gobierno

Unidiplo también se refirió a que los gobiernos usualmente han anunciado su intención de dar mayor participación a los funcionarios de carrera en el servicio exterior, pero que esas promesas no siempre se traducen en nombramientos.

Ordóñez aseguró que, de acuerdo con las cifras de la organización, alrededor del 30 % de los embajadores son funcionarios de carrera. El sindicato aspira a que se alcance “un balance en el que el presidente pueda disponer del 50% de las embajadas para personas de su confianza y que el 50% sea para funcionarios de carrera que se han preparado durante 20, 30 años para asumir esa responsabilidad”.

Ordoñez agregó que, hasta el momento, los nombramientos anunciados por el presidente del actual gobierno corresponden a personas ajenas a la carrera diplomática. Por eso, dijo, la organización está a la espera de conocer los detalles del anuncio sobre una mayor presencia de funcionarios de carrera como jefes de misión en el exterior.

A esa discusión se suma la participación de las mujeres en las jefaturas diplomáticas. El sindicato advirtió que ha observado numerosos nombramientos de hombres y pidió tener en cuenta las disposiciones de paridad aplicables, que buscan garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos correspondientes.

Según las cifras de Unidiplo, de las 81 embajadas de Colombia, hoy 25 están a cargo de diplomáticos de carrera (31 %), mientras que 21 corresponden a embajadores políticos anunciados o nombrados (26 %). El sindicato señala que no conoce quiénes son los titulares de otras 35 embajadas, que representan el 43 % del total.

En cuanto a la distribución por género, registra 30 hombres (37 %) y 16 mujeres (20 %), mientras que 35 embajadas permanecen vacantes (43 %).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué UNIDIPLO presentó una queja ante la Contraloría?

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia presentó una queja de responsabilidad fiscal para que se investiguen los posibles costos para el Estado derivados de nombramientos en provisionalidad que posteriormente fueron anulados por la justicia.

¿Contra quiénes presentó la queja UNIDIPLO?

La queja está dirigida contra cuatro exministros de Relaciones Exteriores (Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio) y seis exdirectores de Talento Humano de la Cancillería del gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué gastos pueden generar los nombramientos diplomáticos anulados?

Entre los costos que piden que se sumen son los tiquetes aéreos, los viáticos, el menaje, la prima de instalación y los gastos de regreso a Colombia de las personas designadas y sus familias para los más de 200 nombramientos que se reversaron por incumplimientos. Piden que la Contraloría establezca si esos pagos ocasionaron un detrimento patrimonial y, de ser el caso, cuantificarlo.