Procuraduría abrió indagación por quema en finca de funcionaria de Cortolima; esto se sabe
Se busca determinar si hubo participación de la servidora en la autorización o contratación de las labores realizadas en un predio de Dolores, Tolima.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), luego de conocerse presuntas irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal realizadas en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Dolores, de ese departamento.
Según informó el ente de control, la actuación disciplinaria busca establecer si una funcionaria de la propia Cortolima —quien sería la propietaria del predio donde se realizaron las labores— tuvo alguna participación en la presunta autorización o contratación de dichas actividades.
De confirmarse, se trataría de un caso en el que una servidora de la autoridad ambiental regional habría estado involucrada, desde su condición de propietaria, en trabajos de tala y quema sobre un terreno de su propiedad.
Los hechos objeto de la indagación se habrían presentado el pasado 25 de agosto de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales que en esos días afectaba al departamento del Tolima.
Fue precisamente en ese contexto de alerta por incendios que las autoridades capturaron a dos campesinos, en lo que constituye uno de los elementos que motivó la apertura de la investigación por parte de la Procuraduría.
El organismo de control señaló que, como parte de la indagación previa, verificará si para el momento de los hechos existían permisos o autorizaciones vigentes que amparaban la tala y la quema controlada en el predio, así como las restricciones y medidas ambientales que regían en esas fechas dada la emergencia por incendios forestales que atravesaba la región.
Este punto resulta clave, pues la existencia o no de dichos permisos determinará si las labores realizadas en la finca de la vereda Guacamayas se ajustaron a la normativa ambiental o si, por el contrario, se ejecutaron por fuera de lo permitido en momento de alto riesgo por la temporada de incendios.
Por ahora, la Procuraduría no ha revelado la identidad de la funcionaria mencionada ni el estado procesal de los dos campesinos capturados, ni tampoco ha fijado un plazo para concluir la indagación previa, etapa que antecede a una eventual apertura de investigación disciplinaria formal en caso de que se hallen las razones suficientes.
¿Cuál es el panorama de los incendios?
Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que, con corte en la mañana de este martes, se mantienen 24 incendios forestales activos en nueve departamentos del país, mientras otros 4 ya se encuentran controlados. La entidad continúa con el monitoreo permanente de las conflagraciones y reiteró la importancia de consultar únicamente canales oficiales para obtener información actualizada sobre la situación.
Según el reporte, Tolima es el departamento con mayor número de incendios activos, con 12 focos, seguido de Huila con 4 y Nariño con 2. Completan el listado Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Magdalena y Santander, cada uno con un incendio activo registrado por la UNGRD.
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- ¿Por qué la Procuraduría abrió una indagación previa a funcionarios de Cortolima?
- La investigación disciplinaria busca aclarar si una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) —quien sería la propietaria del terreno— participó en la autorización o contratación de actividades de tala y quema en una finca de la vereda Guacamayas (Dolores).
- ¿En qué fecha ocurrieron los hechos investigados en la vereda Guacamayas de Dolores?
- Las labores de tala y quema habrían sucedido el 25 de agosto de 2026, justo en medio de la emergencia por incendios forestales en el Tolima.
- ¿Qué relación tienen los campesinos capturados con la investigación de la Procuraduría?
- La captura de dos campesinos por avivar el fuego en el predio constituyó uno de los hechos clave que motivó a la Procuraduría a verificar la legalidad de los permisos y la posible vinculación de la funcionaria.