Las pruebas de la Fiscalía contra Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, por las que le imputarán cargos en dos delitos

La Fiscalía General de la Nación fundamentó recientemente su ofensiva jurídica contra el empresario Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares, en un rastro documental de nueve empresas fachada que habrían emitido facturas por servicios inexistentes.

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Según el expediente revelado por la revista Cambio, la firma Montajes JM, fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias por un valor total de 121.076 millones de pesos, por lo que este sujeto habría incurrido en delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Y es que para el ente acusador, la coincidencia en fechas, los montos similares y la recurrencia de las empresas emisoras no responden a errores contables, sino a un patrón sistemático para ocultar recursos y reducir la base gravable.

El nexo con el esquema de ‘La Patrona’

Las pruebas vincularon directamente a la empresa de Moreno con la red de defraudación fiscal liderada por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como alias La Patrona. Este esquema, que operó con fuerza entre 2006 y 2009, habría causado un perjuicio a la Dian de aproximadamente dos billones de pesos.

Tras su captura en ese tiempo, Díaz Guzmán colaboró con la justicia, detallando cómo diversas compañías utilizaban empresas de papel para inflar gastos y dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. En este entramado, Montajes JM figura como una de las principales beneficiarias de la facturación falsa.

La tesis de la Fiscalía revelada en el expediente sostiene que el uso de estos documentos para legitimar recursos encuadra en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, elevando el caso del ámbito administrativo al penal.

La advertencia de la defensa: “sin el pan y sin el queso”

Luego de la audiencia realizada el pasado 19 de enero de 2026, a la que Jorge Moreno no asistió por diversas complicaciones de salud justificadas ante la justicia, la defensa planteó una salida alternativa.

El abogado Héctor Escobar propuso que el caso se resolviera exclusivamente por la vía administrativa mediante multas o acuerdos con la Dian, advirtiendo que un proceso penal provocaría el bloqueo bancario y la inminente quiebra de Montajes JM.

“Al final, la Dian se va a quedar sin el pan y sin el queso”, manifestó Escobar, según la grabación obtenida por Cambio. La defensa argumentó que la continuidad de la empresa es vital para cumplir con los acuerdos de pago tributarios ya vigentes y alertó sobre el daño reputacional que genera la exposición mediática de un proceso de esta naturaleza.

La imputación como requisito obligatorio

Pese a los argumentos de los defensores, el fiscal jefe del caso rechazó la posibilidad de frenar el proceso penal. El ente investigador enfatizó que, ante la gravedad de los hallazgos, la formulación de cargos es “un requisito sine qua non”.

De igual manera, la Fiscalía sostuvo que la ley restringe los acuerdos anticipados en delitos de lavado de activos o enriquecimiento ilícito y que los hechos presentados no permiten una solución meramente administrativa.

Por su parte, el abogado Jesús Albeiro Yepes cuestionó la difusión de la información, recordando que el expediente es de carácter reservado. No obstante, el Código de Procedimiento Penal es claro: “Ante indicios fundados de un delito, la Fiscalía tiene el deber de formalizar la investigación”.

Esta etapa judicial buscará determinar si el aumento patrimonial del empresario carece de causa lícita, en un escenario donde las opciones de negociación son limitadas y están sujetas a un estricto control judicial.

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