Recusación a Prada frena en el CNE debate sobre sanciones a la campaña de Petro en 2022
El debate quedó suspendido tras una recusación contra el magistrado ponente Álvaro Hernán Prada, lo que prolonga la incertidumbre sobre un proceso que podría extenderse hasta 2026.
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) debía iniciar este jueves la discusión de la ponencia que recomienda sancionar a los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presunta superación de los topes de gastos. Sin embargo, el debate apenas comenzó y tuvo que suspenderse debido a una recusación presentada contra uno de los ponentes, el magistrado Álvaro Hernán Prada.
Prada es autor del proyecto de resolución de más de 600 páginas que propone sanciones económicas contra el gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; así como contra los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Mientras no se resuelva la recusación, la sala plena no podrá avanzar en el estudio de la ponencia. Esta situación recuerda lo ocurrido con la magistrada Alba Lucía Velásquez, apartada del caso tras ser recusada por haber actuado como testigo electoral del Pacto Histórico en 2022. Su salida fue un golpe para el oficialismo, pues Velásquez había sido nominada por la coalición de izquierda y solía votar en línea con el Ejecutivo. Si prospera también la recusación contra Prada, se equilibrarían las fuerzas en el tribunal, con magistrados clave inhabilitados para decidir.
Entérese: Dos magistrados de CNE dicen que campaña Petro violó topes por $3.500 millones y piden sanción a Roa
Aunque el recurso podría resolverse en las próximas sesiones, el avance del proceso no se prevé rápido. Fuentes del CNE señalan que aún es posible presentar nuevas solicitudes de rotación que podrían aplazar la discusión durante varias semanas. Además, no hay urgencia procesal: los magistrados cuentan con plazo hasta abril de 2026 para pronunciarse de manera definitiva.
La ponencia, revelada el pasado 26 de agosto, plantea un fallo sancionatorio. En ella se concluye que la campaña de Petro superó los topes de gastos en más de 3.500 millones de pesos y acudió a fuentes de financiación prohibidas. La responsabilidad recaería en los directivos de campaña y las colectividades políticas que la respaldaron, mas no en el propio presidente, ya que la Corte Constitucional ha establecido que el CNE no tiene competencia para investigarlo directamente.