En octubre de 2024, el CNE abrió formalmente una investigación contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes y financiación con recursos prohibidos. El monto señalado asciende a más de 5.300 millones de pesos, cifra que incluye aportes no reportados y gastos omitidos.
Para abril de 2025, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente el proceso contra el presidente, argumentando la protección de su fuero. No obstante, la medida no cobijó a otros implicados, como el exgerente de campaña Ricardo Roa y otros directivos de Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Pero recientemente, dos magistrados del CNE radicaron una ponencia que propone sanciones formales a los miembros del equipo directivo de la campaña.
Sobre esto, la Ley 996 de 2005 otorga al CNE la facultad de auditar ingresos y gastos, imponer multas y ordenar la devolución de recursos irregulares. En caso de que el candidato ganador haya incurrido en irregularidades, el Congreso de la República es la instancia responsable de adelantar un eventual juicio político por indignidad.
Además, la Constitución de 1991, en su artículo 109 , establece que violar los topes máximos de financiación de campañas, si se comprueba,puede acarrear la pérdida de investidura o del cargo.
Pero a lo largo de los últimos 30 años varios procesos han demostrado que, aunque la norma existe, las investigaciones contra campañas presidenciales han tenido desenlaces distintos: algunos se archivaron, otras derivaron en sanciones a gerentes o directivos, pero ninguna llegó a afectar de manera directa a un presidente en ejercicio.
¿Qué ha pasado en casos anteriores?
El antecedente más reciente es el de Iván Duque, en el que su campaña de 2018 fue investigada en dos ocasiones.
La primera, por la llamada “Ñeñepolítica”, tras conocerse audios del narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, hablando de supuesta compra de votos a favor del entonces candidato. El CNE abrió una investigación preliminar, pero la cerró por falta de pruebas.
La segunda investigación se abrió en 2022, a raíz de las declaraciones del excongresista Aída Merlano, quien afirmó que la campaña recibió alrededor de 6.000 millones de pesos del empresario Julio Gerlein. Tanto Duque como Gerlein negaron los señalamientos, y el caso terminó archivado por vencimiento de términos..
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En su momento, la autoridad electoral señaló que el Estado perdió la capacidad de actuar porque ya había pasado cuatro años desde que se incurrió en la supuesta falta y el Código General del Proceso estipula que se pierde la potestad pasados tres años. Es decir, no hay posibilidad de sancionar ninguna conducta.
Antes de eso, el escándalo de Odebrecht involucró las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. El gerente de esas aspiraciones, Roberto Prieto, admitió que entraron recursos de la multinacional brasileña, lo cual está prohibido por la ley colombiana.
Prieto fue condenado a prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos, mientras que Santos negoció conocimiento de esos aportes.En 2019, el CNE abrió una investigación preliminar sobre la campaña de 2014 por un millón de dólares que habría ingresado de Odebrecht., pero la archivó en 2021 sin sanciones al expresidente.
Pero el caso más emblemático es el del Proceso 8.000, que salpicó la campaña de Ernesto Samper en 1994, en el que entraron dineros del cartel de Cali a su aspiración presidencial. El Congreso archivó el proceso político contra el mandatario, pero varios directivos de su campaña, como Fernando Botero Zea y Santiago Medina, fueron condenados.
El CNE intentó investigar por violación de topes, pero el Consejo de Estado anuló las resoluciones que regulaban el gasto de ese año, lo que frenó cualquier avance institucional.
¿Qué puede pasar ahora?
Basándonos en los casos anteriores, es probable es que con el presidente Gustavo Petro no suceda mucho. El CNE recibió la ponencia final que propone sanciones administrativas contra el exgerente de la campaña Ricardo Roa y otros directivos de la misma, y estas podrían traducirse en multas, devolución de recursos o limitaciones en el acceso a financiación futura.
Este es un desenlace similar al de otras campañas en el pasado, donde los gerentes y responsables financieros fueron los principales sancionados como, por ejemplo, ocurrió con Roberto Prieto en el caso de Odebrecht.
Respecto al presidente, aunque la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la investigación en abril de 2025 en su contra por razones de fuero, el Consejo de Estado aclaró que el CNE sí puede continuar con las indagaciones administrativas.
Para el 30 de julio, EL COLOMBIANO habló con Andrés Úsuga, abogado con maestría en derecho constitucional y profesor de derecho en la Universidad de Medellín, al respecto, quien aseguró que sí es muy probable que los términos hayan vencido a pesar de las pausas en el proceso. “Es probable que el caso se archive y quede en el olvido”, dijo.
Si se comprueban responsabilidades que comprometan al jefe de Estado, la única vía para una sanción de pérdida del cargo es un juicio político en el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones. Este mecanismo, previsto en la Constitución y la Ley 996 de 2005, nunca ha derivado en la destitución de un presidente, pese a que Samper, Santos y Duque estuvieron bajo la lupa del mismo órgano.
El antecedente de Ernesto Samper con el Proceso 8.000 es clave: aunque se probó el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña, el Congreso archivó las acusaciones y el mandatario terminó su periodo.
De manera similar, en los casos de Juan Manuel Santos por Odebrecht y de Iván Duque por la Ñeñepolítica y las denuncias de Aída Merlano, las investigaciones se cerraron sin sanciones directas al presidente.
En todos ellos, los efectos recayeron en directivos de campaña o intermediarios, lo que demuestra que, en la práctica, la responsabilidad política máxima ha sido difícil de materializar.
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