Aún sin reforma, sistema de salud está en crisis: Comité Autónomo de la Regla Fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentó esta semana el documento llamado “Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia (sin reforma) y del proyecto de reforma 410 de 2025” en el que abordó la situación financiera del sistema. El estudio abordó el panorama en dos situaciones: sin la reforma que el gobierno del presidente Gustavo Petro está impulsando en el Congreso y con los impactos que tendría con la reforma. En cuanto al primer escenario, esa instancia alerta que hay una crisis porque se gasta más de lo que ingresa.

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El documento de 23 páginas inicia señalando que el uso y gastos del sistema crecen más rápido que las fuentes de ingreso, lo que hace que el déficit financiero aumente sostenidamente. Vale recordar que los ingresos del sector se financian con la unidad de pago por capitación–UPC (dinero que el Estado reconoce a la EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud) y presupuestos máximos–PM (dinero que cubre los servicios por fuera del plan de beneficios en salud).

Debido a esa situación de desbalance económico, el aporte de la Nación pasaría del 2,4 % del producto interno bruto en 2026 al 3,7 % en 2036, lo que representaría un incremento de 1,3 puntos porcentuales del PIB. Así las cosas, la proyección que hace es que el déficit estructural crecerá del 1,9 % del PIB en 2024 al 3,7 % en 2036.

En ese sentido, el CARF advirtió que la UPC es la principal fuente de presión fiscal en el sistema en un escenario sin reforma, pero también implementándola. Entre 2018 y 2024 representó el 85,5 % de todos los usos en el sector. Por esa razón, proyecta que para el periodo 2026-2036 los gastos financiados con esos recursos (tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado) seguirán siendo el componente que más crece, por lo cual se espera que el 5,3 % promedio anual esté muy por encima del crecimiento de las fuentes del sistema, que alcanzaría el 3,3 %.

Según el análisis, ese incremento está impulsado por dos factores estructurales. En primer lugar, el aumento sostenido del costo de los servicios de salud, que ha tenido un crecimiento histórico del componente de costo de la UPC cercano al 6,9 % nominal anual y, en segundo lugar, el envejecimiento poblacional, que eleva la demanda de servicios y el factor demográfico de esos recursos (1,4 % anual proyectado).

En cuanto al escenario del sector con la reforma, el Comité Autónomo señaló que lo que en el sistema actual se financia con la UPC y PM en el modelo propuesto por la reforma de Petro se hará con los rubros de Atención Primaria en Salud (APS) y en Mediana y Alta Complejidad. Sin embargo, esos nuevos rubros continuarían absorbiendo cerca del 88 % de los recursos y reflejaría la misma lógica de gasto con una clasificación distinta.

Las estimaciones del CARF exponen la necesidad de un crecimiento más alto de la UPC que el calculado y decretado por el Gobierno Petro, lo que explica las diferencias entre ambos en el costo del sistema con reforma. Es decir que la UPC —o la fuente de financiación con la reforma— es el componente más determinante y de mayor presión fiscal del sistema y su dinámica ascendente es la razón principal del déficit creciente en el mediano plazo.

En ese contexto, el análisis del Comité señala que ese hueco financiero está creciendo cada año y para taparlo el Gobierno usa cada vez más plata del presupuesto general de la Nación y debido a esa dependencia, hay una alta presión sobre las finanzas del país.

La reforma de Petro agravaría el problema

Así las cosas, se expone que con la reforma ese hueco no solo no se arreglará, sino que empeorará. Sobre eso, señalan que la reforma propone una recentralización y reorganización profunda, pues el proyecto de ley plantea que el Estado recupere control del sistema mediante la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) como pagador único, las EPS transformadas en Gestoras de Salud y Vida, las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS) y un sistema unificado de información. Puntos que advierten una mayor rectoría estatal y reorganización territorial.

De hecho, el CARF pone de presente que la reforma introduce nuevos gastos que aumentan la presión fiscal. Estos, que no están contemplados en el sector actualmente, son el fortalecimiento de red pública; la formalización laboral del talento humano; becas; el saneamiento de hospitales, los incentivos a la calidad y Unidades Zonales de Planeación; las prestaciones de maternidad a no cotizantes, y el fondo de desastres. Según el análisis, estos nuevos gastos generan un sobrecosto promedio de 0,5 pp del PIB frente al sistema actual.

Por otro lado, advierte que los impuestos saludables no cambian el balance real del sistema, pues si bien la reforma al sistema destina el 100 % de los impuestos sobre bebidas ultra procesadas azucaradas y sobre alimentos ultra procesados industrialmente, el CARF advierte que esos ingresos simplemente reducen el aporte Nación, pero no generan más fuentes netas para el sistema y dejan un faltante para otros gastos del presupuesto general. Es decir, no mejoran la sostenibilidad global del sector.

Finalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal señaló que con la reforma del Gobierno el aporte de la Nación subiría 2,3 pp del PIB entre 2025 y 2036; se generaría un déficit acumulado de $126 billones constantes entre 2026 y 2036; así como que el sistema sería más exigente fiscalmente que sin el proyecto de ley.

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