Cinco interventores en 21 meses y pacientes sin medicamentos: así está el panorama de la Nueva EPS

De todas las críticas que ha afrontado este Gobierno, una de las más preocupantes es la crisis en el sistema de salud. Hasta ahora, se han intervenido ocho EPS, pero la Nueva EPS concentra la alarma: pacientes denuncian demoras en medicamentos desde hace meses, la burbuja explotó tras la muerte del menor Kevin Acosta y, como si esto no fuera suficiente, ha tenido cinco interventores en menos de 21 meses.

La Nueva EPS es una de las aseguradoras más grandes del país: cuenta con 11,5 millones de afiliados, según sus cifras. A pesar de esto, ser usuario de ella se ha convertido en un constante reto para sus afiliados. Las demoras en la entrega de medicamentos cada vez son más evidentes y los reclamos crecen a pasos agigantados en todo el territorio colombiano.

El pasado 9 de febrero, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el fuerte aumento de las quejas contra la Nueva EPS. Entre 2024 y 2025, los reclamos de los usuarios ante esa institución crecieron un 107 %: dato que muestra un deterioro en el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos.

Sin embargo, estos no son los únicos problemas que afronta la entidad. En menos de 21 meses, la Nueva EPS ha cambiado cinco veces de interventor.

Los nombramientos

En la Nueva EPS, la primera intervención estuvo a cargo de Julio Rincón, quien permaneció en el cargo entre abril y noviembre de 2024. Fue sucedido por Bernardo Camacho Rodríguez —actual superintendente de Salud—, quien lideró la entidad hasta agosto de 2025.

Tras él, asumió la interventora Gloria Polanía, a pesar de no haber aprobado el examen de conocimientos que exige la Universidad Nacional para el cargo, según denunció el exconcejal bogotano Daniel Briceño en su momento. Polanía había tenido experiencia previa como interventora de Coosalud y Asmet Salud, donde la Superintendencia destacó su gestión por aumentar el recaudo a entes territoriales y cumplir con fallos de tutela.

Sin embargo, su permanencia en la Nueva EPS fue breve: solo tres meses. En noviembre, el cargo fue ocupado por el bacteriólogo Luis Óscar Galves Mateus, quien actualmente dirige la interventoría.

Antes de ellos, el 16 de enero de 2024, Aldo Cadena, abogado especializado en derecho a la salud, asumió el liderazgo de la Nueva EPS. Ocho días después, el 24 de enero, también tomó la representación legal de la entidad. Algunos aseguran que este puesto lo pudo haber obtenido por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, ya que fue su secretario de Salud cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá.

La intervención y lo de antes

Desde abril de 2024 el Gobierno Nacional tomó el control de la Nueva EPS. No osbtante, al mismo tiempo en que esto sucedía, la junta directiva de la Nueva EPS enfrentaba un escándalo de corrupción. Por esto, la Fiscalía imputó cargos a inicios de febrero de este año al expresidente José Fernando Cardona Uribe.

Desde el ente acusador se encontró que los exfuncionarios de Nueva EPS habrían mentido sobre el estado financiero de la EPS para poder renovar la licencia de funcionamiento de la entidad y, además, evitar una supervisión de la Superintendencia de Salud.

En total, 3.419.015 facturas de deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fueron, presuntamente, ocultadas por Cardona y otros trabajadores. Además, habrían reportado utilidades inexistentes por 70.563 millones de pesos, saldando deudas y vacíos financieros entre 2013 y 2023.

Los reclamos de los pacientes

Andrés Ariza, paciente de la Nueva EPS, en conversación con EL COLOMBIANO, contó su historia. Hace 30 años, cuando Nueva EPS aún no existía, Ariza fue diagnosticado con VIH. “En ese momento solo existía el seguro social”, contó, y agregó que desde que lo pasaron a Nueva EPS “no tenía quejas, pero todo cambió hace un año”.

Ariza necesita antirretrovirales, necesita escitalopram y lozartan. Los antirretrovirales no se los entregan desde hace un mes; el escitalopram se lo compra él mismo desde hace un año —gastando $60.000 por caja al mes—; y el lozartan, para la presión, sigue sin estar en sus manos. Lo peor, menciona, es que aún no le responden por sus citas.

A este, se le suma, por ejemplo, el caso de Kevin Acosta, menor que murió esperando su medicamento para tratar la hemofilia, enfermedad que padecía. Su caso ha tomado relevancia tras las aseveraciones del presidente Gustavo Petro, el que aseguró que en parte había tenido la culpa su madre, por haberlo dejado montar en bicicleta.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el presidente en medio de un Consejo de Ministros a inicios de esta semana.

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