Salud

“Una emergencia humanitaria”: gremio de farmacéuticas sobre la crisis de la Nueva EPS

Esta semana la Defensoría del Pueblo denunció que las quejas de usuarios contra esa aseguradora pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

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hace 2 horas

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) lanzó un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a los entes de control ante el acelerado deterioro financiero de la Nueva EPS. Según el gremio, esta situación está afectando de manera directa a millones de pacientes en el país, quienes enfrentan barreras para acceder a tratamientos y servicios de salud.

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Según cifras de la Contraloría General de la República, la deuda de esa EPS creció un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de $5,42 billones a $21,37 billones. Este incremento estuvo acompañado por un deterioro patrimonial, que pasó de un saldo positivo de $485.209 millones en 2022 a un déficit de $6,25 billones en marzo de 2025.

El ente de control calificó esta situación como una “inviabilidad estructural” al advertir que la aseguradora no cuenta con las condiciones financieras necesarias para garantizar su operación. Ante esto, Afidro señaló que este colapso va más allá de cifras contables y tiene consecuencias directas sobre la vida y la salud de los afiliados.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, aseguró que la crisis de Nueva EPS representa una falla profunda del sistema de salud. “No es solo una crisis de balances, sino una crisis que pone en riesgo vidas humanas, porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan”, afirmó.

Para el gremio de las farmacéuticas los efectos de la situación se viven en diferentes regiones del país, pues 95 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) han interpuesto embargos por más de $2 billones debido a la falta de pagos, lo que pone en riesgo la continuidad y oportunidad en la atención de los pacientes.

A esto se suma un aumento significativo de las quejas de los usuarios. En 2025, los reclamos ante la Defensoría del Pueblo crecieron un 107 %, alcanzando 14.603 registros, lo que a juicio de Afidro refleja el impacto directo de la crisis financiera en la prestación de servicios.

Gaitán también advirtió que el problema es estructural y responde, entre otros factores, a la falta de reconocimiento de las necesidades reales del sector y a los retrasos en los giros desde la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), especialmente en lo relacionado con los presupuestos máximos. “Cuando los medicamentos no llegan, quienes más sufren las consecuencias son los pacientes”, enfatizó.

Los presupuestos máximos son los recursos que gira el Estado a las entidades promotoras de salud (EPS) para pagar los medicamentos, atenciones y tecnologías que no hacen parte del plan de beneficios en salud (PBS), que son los servicios a los que tiene derecho toda la población.

Afidro también reseñó un informe de la Procuraduría General de la Nación que alertó que, tras la intervención de Nueva EPS en abril de 2024, el costo de la prestación de servicios superó sus ingresos, lo cual agravó su deterioro financiero. Por eso, advirtió que lo que se planteó como una medida de salvamento para la entidad no ha producido los resultados esperados y está afectando a millones de usuarios. Esa aseguradora tiene 11,5 millones de afiliados.

Ante este panorama, el gremio reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con el Gobierno, los organismos de control y los demás actores del sistema. Entre sus propuestas está la convocatoria de una Mesa Técnica de Emergencia, la garantía de flujos directos de recursos desde la Adres y la implementación de un plan de contingencia farmacéutica.

Finalmente, la asociación insistió en la necesidad de adoptar decisiones urgentes que prioricen la vida y la salud de los pacientes. Nueva EPS no aportó al estudio para el cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC) su información sobre el costo de los servicios que presta.

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