Un dato revelador deja al descubierto el “Estudio técnico para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2026 y sus mecanismos de ajuste de riesgo” del Ministerio de Salud. Ese documento es el que muestra los datos e información que usó esa entidad para calcular esa prima, que es la que reciben las entidades promotoras de salud (EPS) mensualmente para la atención en salud de sus afiliados.
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El estudio finalizado en diciembre de 2025 advirtió que para el cálculo de la UPC que regirá todo 2026 no contó con las cifras de la aseguradora más grande del país: la Nueva EPS, que cuenta con 11,5 millones de afiliados, según sus cifras. Esto quiere decir que para calcular esa unidad —que la Corte Constitucional ha dicho que es insuficiente— no se contó con lo que concierne a la aseguradora que concentra el 23 % de la población afiliada al sistema general de salud.
Así quedó consignado en el documento del ministerio en el aparte que menciona cuáles fueron las aseguradoras seleccionadas para el cálculo en el régimen contributivo. Dos fueron excluidas “por criterios asociados a la calidad del dato”.
Una de estas fue la Nueva EPS, sobre la que se expresó que “no fue incorporada al análisis al no reportar la certificación del costo, incumpliendo un requisito esencial de validación financiera y no permite realizar el cálculo del indicador de cobertura para evaluar la calidad del dato reportado”.
Esta realidad que expone el estudio —llevado a cabo por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud— muestra que, además de no haber tenido a la mano las cifras de las atenciones de la aseguradora más importante del país, esta no conoce, o al menos no hace públicos, lo que le cuesta los servicios que presta a sus usuarios. (Ver documento completo).
Por otro lado, esta falta de transparencia se suma a las críticas que ha recibido el manejo que ha tenido Nueva EPS desde que fue objeto de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud en abril de 2024. Desde entonces, es administrada y manejada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro por medio de agentes interventores.
Y es que sobre esa entidad no hay certezas sobre los números que muestren su realidad económica. Empezando porque desde septiembre de 2023 no han publicado sus estados financieros. Estos son los informes que resumen la situación fiscal de una empresa en un período específico y reflejan una visión detallada de su salud financiera para tomar decisiones.
Desde entonces, el sistema está a ciegas con esa entidad, pero a siete meses de terminar el Gobierno actual, no cambió la situación que llevó a su intervención (marcado por el número de quejas de sus usuarios, entre otros).
Esas cifras muestran que, a corte del 30 de septiembre de 2023, sus resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones, mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones. Eso es, resumidamente, lo último que se sabe de la salud financiera de esa EPS.
Lo más cercano a eso que ha conocido el país fue por cuenta de un informe de la Contraloría, que advirtió que esa entidad tenía cuentas por pagar —con corte a marzo de 2025— por un valor acumulado de $21,37 billones. Una cifra que pone en evidencia que en menos de un año de intervención las deudas se incrementaron casi cuatro veces.
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