Salud

EPS tuvieron deudas por $41,5 billones en el primer trimestre de 2026, advierte Así Vamos en Salud

Las cuentas pendientes, la demora y las diferencias en los reportes son de los puntos más sensibles en la relación financiera entre las aseguradoras y los prestadores.

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hace 1 hora

El observatorio Así Vamos en Salud alertó que para el primer trimestre de 2026 las EPS del país reportaron cuentas por pagar por $41,5 billones, de los cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones con más de 60 días de antigüedad.

El análisis financiero de la institución indicó que esto significa que el 92,6 % de la cartera está en mora, situación que presiona la liquidez de las IPS, afectando su capacidad de cubrir gastos.

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Además, Así Vamos en Salud enfatizó que el panorama es más crítico en las EPS intervenidas. Estas entidades registran una cartera total de $27,3 billones, con un 97,6 % en mora, equivalente a $26,6 billones.

No obstante, las EPS no intervenidas también presentan señales de alerta: su patrimonio agregado pasó de ser positivo en 2022, con $0,98 billones, a registrar un déficit de -$5,33 billones en el primer trimestre de 2026.

“En el conjunto de EPS, el patrimonio neto llegó a -$18,22 billones en el primer trimestre de 2026. Este resultado refleja que los pasivos superan ampliamente los activos disponibles para responder por las obligaciones financieras. Además, el patrimonio negativo se encuentra altamente concentrado: solo cinco EPS, Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud, explican el 74 % del patrimonio negativo bruto”, enfatizó Así Vamos en Salud.

Ante esta situación, el observatorio financiero reiteró la necesidad de fortalecer los procesos de conciliación, saneamiento de cartera y calidad del reporte de información entre aseguradores y prestadores, pues los altos niveles de mora reflejan una presión directa sobre la operación de clínicas, hospitales, IPS y proveedores.

La presión entre ingresos y costos

En el primer trimestre de 2026, la siniestralidad global alcanzó el 105,6 %, el valor más elevado del periodo evaluado. Esto significa que las EPS destinaron aproximadamente $105,6 en costos asistenciales y administrativos por cada $100 recibidos, reflejando un desequilibrio entre los recursos disponibles y las obligaciones que deben asumir. La situación resulta aún más crítica en las entidades sometidas a medidas especiales, donde el indicador llegó al 117,8 %, evidenciando una presión financiera superior para garantizar la prestación de los servicios y mantener el funcionamiento institucional.

Este comportamiento no representa un fenómeno aislado, sino que forma parte de un proceso que afecta simultáneamente distintos componentes de la estabilidad financiera. Cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir los costos de operación, aumentan las pérdidas económicas, se reduce la solidez patrimonial y se generan mayores dificultades para cumplir oportunamente con los pagos a los prestadores de servicios de salud. En consecuencia, la elevada siniestralidad incide directamente en la sostenibilidad del sistema, ya que compromete la capacidad de respuesta de las EPS y profundiza los problemas relacionados con la liquidez, las obligaciones pendientes y la continuidad operativa.

Diferencias entre IPS y EPS

El análisis de la información reportada en la Circular Conjunta No. 30 de 2013 permitió comparar las cuentas por pagar registradas por las Entidades Responsables de Pago con las cuentas por cobrar presentadas por las IPS. En este proceso participaron 4.194 instituciones del régimen contributivo y 3.723 del subsidiado, aunque el ejercicio corresponde únicamente a las entidades que realizaron el reporte y participaron en la conciliación de cartera.

Los resultados muestran la necesidad de reducir las discrepancias entre los registros financieros de aseguradores y prestadores, mejorar la calidad y oportunidad de la información, fortalecer los mecanismos periódicos de conciliación, establecer compromisos verificables de pago, dar prioridad a las obligaciones más antiguas y reforzar el seguimiento de los acuerdos de saneamiento para facilitar una gestión financiera más transparente y eficiente.

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