Supersalud intervino tres EPS sin evaluar el sistema

Para verdades el tiempo. Ese viejo y conocido refrán es el que mejor parece aplicar a quienes advirtieron que las intervenciones a entidades promotoras de salud (EPS) que hizo el Gobierno del presidente Gustavo Petro han sido arbitrarias. O al menos así ha quedado pintada de cuerpo entero en tres casos en los que distintas instancias judiciales han revertido esas decisiones. Se trata de Sanitas, Coosalud y Savia Salud.

Esas tres aseguradoras fueron objeto de intervención forzosa para administrar. Esto significa que el Ejecutivo — por medio de la Superintendencia de Salud— removió las juntas directivas y representantes legales de esas empresas y puso al mando a agentes interventores para manejarlas, al menos hasta que se estabilicen las fallas de atención y financieras que tuvieran.

Sin embargo, esas intervenciones llegaron a los estrados judiciales: entre junio de 2025 y abril de 2026 se cayeron de manera definitiva y provisional. El 27 de junio del año pasado un fallo de tutela de la Corte Constitucional tumbó la intervención a Sanitas; el 16 de abril de este año un fallo provisional del Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la medida contra Coosalud; mientras que el 24 del mismo mes el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo lo propio con Savia Salud.

Las coincidencias de los fallos

Las tres decisiones, además de referirse a las intervenciones de la Supersalud, tienen otras cosas en común: hablan de falta de análisis por parte de esa entidad al momento de hacerlas en torno al contexto que vive el sistema de salud desde hace varios años y que gira en torno a la suficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que el Estado les da a las EPS para su funcionamiento y la atención de sus afiliados.

El caso más fuerte de los tres es el de Sanitas, que fue intervenida en abril de 2024. En el fallo de la Corte dejó en evidencia que el exsuperintendente Luis Carlos Leal cometió una “arbitrariedad” al tomar esa determinación, al igual que expuso el desconocimiento de la crisis financiera que atraviesa el sistema, que quieren cambiar radicalmente.

Incluso, centró la decisión en un análisis de la situación estructural del sector, que no solo aplica para Sanitas sino para todas las aseguradoras.

Allí, la alta corte partió insistiendo y recordando la insuficiencia de la UPC, que el Gobierno niega aunque esa instancia le recordó los autos que ha expedido al respecto.

Sobre esos autos dijo que “dan cuenta de la crisis que ha impactado al sistema de salud” y que le pidió a la Supersalud “verificar si existía nexo causal entre el detrimento financiero de las EPS y el monto de la prima asignada a cada EPS, para así determinar si dicho déficit era consecuencia de la insuficiencia de la UPC”. Vale recordar que uno de los argumentos para intervenir a Sanitas fue que no cumplía con los indicadores financieros necesarios para operar.

En definitiva, la corporación numeró todos los yerros que tuvo la superintendencia, de la cual dijo que “claramente no consideró, valoró ni aplicó los autos proferidos” sobre la crisis. Incluso, concluyó que “vulneró el derecho fundamental al debido proceso (...) de la EPS Sanitas, lo que derivó (...) en una aplicación arbitraria de las normas del EOSF (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)”.

El investigador Johnattan García señala que “lo que fundamenta la decisión de intervenir es para recuperar las EPS en situación crítica y las que la Supersalud encuentra que no cumplen con requisitos para funcionar, pero hemos visto que no están sirviendo para los que están diseñadas”.

Diez meses después la situación se repitió con Coosalud, que fue intervenida en noviembre de 2024. En una medida cautelar, el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió de manera provisional esa medida.

En ese caso —que surgió de una acción popular— lo que se advirtió fue que la intervención para administrar y su prolongación en noviembre de 2025 no ha logrado los objetivos de saneamiento previstos, sino que ha profundizado el riesgo para la colectividad de afiliados, y el goce efectivo del derecho a la salud”.

El tribunal accedió a la medida “con el fin de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable y restaurar la eficacia de los principios de la función administrativa”. Y también encontró que, si bien la intervención estuvo justificada para estabilizar a la entidad en términos operativos y financieros, esto nunca se materializó.

Sobre esto, el economista de la salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, comentó que “eso termina dándoles la razón a quienes cuestionaban que esas intervenciones eran meramente políticas y lo que los fallos nos están mostrando es que la argumentación para hacerlas nunca fue sólida”.

La cereza en el pastel fue cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención a Savia Salud, iniciada el 16 de junio de 2023. La razón para tumbar esa determinación fue que la superintendencia no cumplió con los requisitos necesarios y vulneró el debido proceso.

Según el fallo, la entidad se basó principalmente en los indicadores financieros de la EPS, pero no analizó si esa crisis económica era consecuencia de errores en la administración o si respondía a fallas estructurales del sistema. Además, el Tribunal encontró que en el caso de Savia Salud no se evaluaron factores fundamentales como la insuficiencia de la UPC —el dinero que se reconoce por cada afiliado— ni los retrasos en pagos como los Presupuestos Máximos, elementos que afectan directamente las finanzas de las EPS.

“Cuando una EPS es intervenida es grave para los pacientes porque las IPS (hospitales y clínicas) van a poner muchos más problemas para contratos, servicios y aceptar nuevos pacientes. Eso es un letrero de que la situación va a empeorar”, agregó García.

Entre tanto, Rodríguez añade que esas medidas “han salido mal y es un desastre para los pacientes de esas EPS porque no hubo una mejora, sino que empeoraron las condiciones y han perdido calidad de vida o la vida misma”.

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