Sin Petro en el poder, su séquito empieza a sufrir en tribunales

El gobierno de Gustavo Petro terminó y fue como si hubieran sacudido una colmena. Sin la abeja reina, varios de los que durante cuatro años estuvieron alrededor del poder comenzaron a caer y, con ellos, empezaron a quedar expuestas las fracturas de un gobierno marcado por escándalos.

El exmandatario se la pasó rodeado de personajes con un lastre de denuncias. La cosa es que eran sus hombres y mujeres de confianza y esos mismos fueron a parar a los cargos más importantes del Estado y hasta tuvieron en sus manos decisiones que cambiaron el rumbo del país.

Pero el Gobierno finalizó y se le resquebrajó el escudo. En una misma semana, Laura Sarabia fue imputada, Juliana Guerrero condenada y Alex Flórez llevado a juicio; Ricardo Bonilla, Ricardo Roa, Guillermo Alfonso Jaramillo, Iván Cepeda y Carolina Corcho también figuran en controversias judiciales, por mencionar algunos.

Laura Sarabia, de mano derecha a ‘exiliada’

Cuando empezó el gobierno de Petro, nadie sabía quién era Laura Sarabia, pero no tardó mucho en convertirse en una de las mujeres más conocidas del país. Era quien le hablaba al oído al expresidente. Le manejaba la agenda y decidía con quién se veía y a quién le permitía el acceso. Era como una especie de generala o escudera, dependiendo de quién hiciera la comparación.

Fue arropada con un poder exorbitante y sus mismos compañeros de gabinete, incluso los más petristas que el propio Petro, le cogieron molestia por lo controladora que llegó a ser. Pero ese mismo poder terminó perjudicándola.

Sarabia hizo una carrera maratónica como funcionaria pública de la Presidencia. Fue jefe de despacho, directora del Dapre, canciller y finalmente embajadora de Colombia en Londres, donde fue a parar después de sus constantes desencuentros con la otra gente cercana a Petro. Al menos esa es una versión; sabrá Dios qué dicen de puertas para adentro.

Pero antes de toda esa extravagante saltadera de cargos ocurrió el episodio que hoy la tiene imputada.

El polígrafo de Sarabia

Enero de 2023. Sarabia era la jefa de despacho presidencial cuando su esposo la llamó para contarle que se había perdido una maleta con unos 150 millones de pesos en efectivo y documentos reservados. Se suponía que la maleta debía estar en la casa, pero no. Y en ese lugar solo se la pasaba Marelbys Meza, la niñera.

Esa llamada, entre Laura y su esposo, ocurrió justo cuando Marelbys estaba en su día de descanso, pero a nadie le importó. El alboroto por la maleta fue tal que la hicieron ir a rendir cuentas. Al llegar a la vivienda, se encontró con varios policías y, sorprendida, preguntó qué estaba pasando. La respuesta fue más bien una pregunta: “Marelbys, ¿usted cogió la maleta?”.

Ella lo negó y, por eso, Laura, su jefa, ordenó, según la Fiscalía, que fuera llevada al sótano de la Casa de Nariño para que le practicaran el polígrafo.

Creyó, dijo la Fiscalía, que por su poder, su cargo y su cercanía con Petro podía activar aparatos de inteligencia del Estado para resolver un asunto personal. El procedimiento, que seguramente planearon para que quedara reservado, terminó convirtiéndose casi en el primer gran escándalo del Gobierno Petro.

Pero durante los cuatro años de ese mandato, Sarabia nunca fue llamada a explicar el episodio. Al contrario, siguió brincando de cargo en cargo sin mayores consecuencias. En cambio, los policías de menor rango que participaron en ese procedimiento y en las interceptaciones a los teléfonos de Marelbys y Fabiola Perea, otra empleada señalada del robo, sí fueron condenados.

Laura, sin embargo, aunque era señalada como quien habría dado la orden, no tenía hasta entonces un expediente con su nombre. Eso cambió la semana pasada. Ya sin ser funcionaria y sin esa protección estatal, fue imputada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Se declaró inocente y en 60 días la Fiscalía deberá llamarla a juicio.

Juliana, la rebelde de Petro

Otro personaje es Juliana Guerrero. Su ‘reinado’ fue corto, pero tumultuoso. En enero de 2025, el entonces presidente Petro la presentó en televisión nacional como una joven entusiasta, líder y rebelde. Aquella exposición la catapultó, aunque no precisamente como ella esperaba.

Poco después comenzaron a aparecer denuncias sobre las maniobras que habría hecho para falsificar su diploma de graduación y conseguir así el cargo de viceministra de Juventud. La Fundación Universitaria San José expidió el título chiviado y el hecho terminó quedando demostrado.

Pero incluso cuando el escándalo ya pululaba, Petro salió varias veces en su defensa. En lugar de reclamar explicaciones, sostuvo que la estaban atacando por ser pobre, negra y hasta por ser mujer, cuando el cuestionamiento de fondo era su título falso.

Pero, como ocurrió con Sarabia, ese manto terminó cayéndose. La semana pasada, Guerrero fue condenada a tres años de prisión después de aceptar que falsificó su diploma para convertirse en viceministra. Pidió perdón y reconoció que terminó siendo un mal ejemplo para los jóvenes del país, precisamente a quienes quería representar.

Los ‘Ricardos’ de Petro, enredados con la justicia

Ricardo Roa fue el presidente de Ecopetrol durante buena parte del gobierno Petro. Llegó al cargo en 2023 y durante ese tiempo fue gambeteando denuncias y cuestionamientos; al menos bajo la sombra del entonces jefe de Estado.

El pasado 7 de septiembre, un mes después de la llegada del nuevo Gobierno, la Fiscalía lo llamó a juicio por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente de 2022. Según la investigación, como gerente de esa campaña, Roa habría dirigido y autorizado gastos que superaron los topes establecidos para las elecciones presidenciales.

Para la primera, la Fiscalía estableció un presunto exceso de $1.388 millones, mientras que en la segunda habría identificado gastos adicionales por $276 millones por encima del tope permitido.

Roa, además, tiene otro expediente por tráfico de influencias, relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

El otro Ricardo es Bonilla. Fue ministro de Hacienda y terminó preso, señalado de presuntamente liderar una empresa criminal dentro del propio Gobierno desde la que habría saqueado recursos públicos. Para eso, según la Fiscalía, se usaron contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

Fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, en calidad de determinador de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, y coautor de cohecho por dar u ofrecer.

Petro se rasgaba las vestiduras en su defensa, exigía respeto por “el profesor Bonilla”, como lo llamaba, y alegaba que contra su funcionario había una persecución. Pese a eso, Bonilla estuvo preso varios meses. Al final, le concedieron la casa por cárcel por razones de salud y sigue vinculado a la investigación.

Es el mismo proceso en el que también están involucrados otros funcionarios del anterior Gobierno; entre ellos están Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla; Cesar Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre.

En el caso de González, la semana pasada también se desempolvó su proceso. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó dejar en firme la orden de captura en su contra. Actualmente está prófugo y asilado en Nicaragua.

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El maltrato a la salud en el Gobierno del ‘cambio’

Guillermo Alfonso Jaramillo también tiene varios señalamientos y, hasta ahora, había salido prácticamente incólume. Sus decisiones como ministro de Salud le valieron denuncias, críticas y hasta rechiflas virtuales. Sin embargo, es el caso de Kevin Acosta el que ahora podría llevarlo a enfrentar una situación judicial de mayor alcance.

Jaramillo ya no está protegido por el cargo que ocupó durante todo el gobierno de Petro. De hecho, fue el único ministro que permaneció en la misma cartera durante los cuatro años. Mientras por los demás ministerios pasaron diferentes funcionarios, Jaramillo se mantuvo al frente de Salud de principio a fin.

Ahora, fuera del poder, la Fiscalía lo citó a responder dentro de la investigación relacionada con la muerte de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia y que no habría recibido oportunamente sus medicamentos. Antes de su muerte, el niño había sufrido una caída de bicicleta que habría desencadenado las complicaciones que finalmente terminaron en su fallecimiento.

Por ahora, la citación de Jaramillo está relacionada con sus declaraciones públicas sobre el caso. La familia sostiene que el entonces ministro reveló información que tenía carácter reservado. Esto no significa que haya sido declarado responsable por la muerte del menor.

Contra Jaramillo hay otras denuncias relacionadas con su gestión al frente de la cartera de Salud, algunas de las cuales podrían dar lugar a nuevas actuaciones judiciales.

Corcho y Cepeda bajo la lupa

La Fiscalía empezó a escudriñar las cuentas de la pasada consulta del Pacto Histórico. En la mira están, específicamente, los reportes financieros de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho.

El ente investigador busca establecer si las empresas y personas naturales que aparecen como aportantes realmente fueron quienes pusieron el dinero o si, detrás de esos nombres, hubo otras personas financiando las campañas.

La investigación apenas comienza y, por ahora, no implica responsabilidad para Cepeda ni Corcho. Lo que sí está claro es que la Fiscalía ya empezó a moverse. Esta semana agentes de la Dijín inspeccionaron la sede del Pacto Histórico y recopilaron documentos, cuentas y soportes financieros relacionados con la consulta de 2025.

La anterior tampoco fue una buena semana para el senador del Pacto Histórico Álex Flórez, cercano a Petro.

La Corte Suprema lo llamó a juicio para que responda por la denuncia de su expareja sentimental, quien aseguró haber sido víctima de agresiones luego de negarse a abortar el hijo que ambos esperaban.

Estos son apenas algunos de los casos cuyos expedientes salieron de la gaveta y empezaron a moverse. Esta misma semana, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que en su Gobierno “nadie tenía corona”, y así parece.

Petro, por su parte, guarda silencio frente a la caída de sus hombres y mujeres de confianza. Se la ha pasado viajando y buscando, sobre todo, dónde vivir, porque para él la sanción parece haber empezado a ser social, al punto de que ahora nadie lo quiere de vecino o al menos donde él quisiera vivir.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué cargos fue imputada Laura Sarabia y cuál es el origen del caso?

Laura Sarabia fue imputada por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. El proceso judicial se originó en enero de 2023, cuando se extravió una maleta con cerca de 150 millones de pesos en efectivo y documentos reservados en su residencia, un episodio por el cual la Fiscalía señala que ordenó llevar a la niñera Marelbys Meza al sótano de la Casa de Nariño para someterla a una prueba de polígrafo usando ilegalmente aparatos de inteligencia del Estado.

¿Qué plazos maneja la justicia tras la imputación de Laura Sarabia?

Tras declararse inocente en la imputación realizada la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación cuenta con un plazo de 60 días para llamarla formalmente a juicio.

¿Por qué delito fue condenada Juliana Guerrero y qué pena recibió?

Juliana Guerrero fue condenada a tres años de prisión tras aceptar que falsificó su diploma de graduación de la Fundación Universitaria San José para poder asumir el cargo de viceministra de Juventud. Durante el proceso, Guerrero pidió perdón y reconoció su responsabilidad en el uso del título falso.