Las denuncias por presuntas actuaciones irregulares de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol siguen creciendo. Ahora, un proceso por un supuesto favorecimiento en la contratación de helicópteros de la petrolera le pisa los talones, aunque esta vez un juez decidió que, por ahora, no será investigado, según conoció EL COLOMBIANO.
Se trata de un proceso que ha tenido múltiples ires y venires y ahora quedó frenado. Todo se dio en una audiencia que se extendió durante dos días. Allí, un juzgado decidió no reabrir el caso, al considerar que no había nuevos elementos suficientes para retomar la investigación contra el exfuncionario.
El demandante es la sociedad Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), que pidió que se investigara a Roa por presuntamente restringir la competencia en la contratación de helicópteros que prestaban servicio a la petrolera, alegando favorecimientos indebidos a la empresa Helistar.
Por esos hechos, pedían que Roa fuera investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.
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Al analizar las pruebas, la Fiscalía decidió archivar la investigación el 22 de agosto de 2025 al considerar que los hechos denunciados no cumplían “los elementos objetivos de los delitos investigados”. Meses después, Helicol pidió reabrir el caso, pero la Fiscalía 534 Seccional negó esa solicitud el 30 de diciembre de 2025.
La discusión llegó entonces ante un juez de control de garantías. El argumento era que habían aparecido nuevos elementos relacionados con una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los procesos de contratación de helicópteros de Ecopetrol. En particular, aseguró que un informe de 2026 recomendaba sancionar administrativamente, entre otros, a Ecopetrol por un supuesto sistema continuo y sistemático para restringir la libre competencia.
La Fiscalía y las defensas se opusieron al desarchivo. Argumentaron que la resolución de la SIC ya había sido conocida y analizada durante la investigación penal y que las nuevas informaciones presentadas no tenían la fuerza suficiente para cambiar la decisión de archivo. También señalaron que la actuación de la SIC corresponde a un proceso administrativo y que no existe una decisión definitiva que determine responsabilidad.
Finalmente, el juez concluyó que no había una prueba nueva suficiente para tumbar la decisión de la Fiscalía y negó la solicitud de reanudación de la investigación. Helicol y la Procuraduría apelaron, por lo que la decisión será estudiada por los jueces penales del circuito de Bogotá.
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