Sisbén IV: ¿un golpe a los pueblos mineros?

El Sisbén IV se puede convertir en una bomba social en los municipios auríferos, ya que en ellos hay gran potencial de generación de ingresos, una de las principales variables que alimenta la nueva base de datos que está en uso desde el pasado 5 de marzo.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DPN), el Sisbén IV está siendo actualizado por 23 fuentes de datos del Gobierno Nacional, entre las que se cuentan las de declarantes de impuestos de la Dian. Esa información exógena, más la encuesta realizada a cada uno de los hogares, da como resultado la categorización en el Sisbén de cada persona, y con base en ello se definen quiénes son los candidatos a los programas sociales. (ver ¿Cómo funciona?)

“En esta cuarta versión del Sisbén se tiene en cuenta tanto la calidad de vida como la capacidad de generación de ingresos de los hogares”, expresó Daniel Gómez, subdirector general sectorial del DPN.

Y es ahí donde las zonas auríferas se podrán ver más afectadas, porque los mineros de subsistencia (barequeros y chatarreros), para ser considerados como tales, requieren tener el Registro Único Tributario (RUT) para vender su producción, y todas las transacciones que realizan quedan registradas ante la Dian.

De hecho Génesis, el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se actualizó el año pasado y exige que los mineros de subsistencia se inscriban ante los alcaldes con su documento de identidad, el carné del Sisbén, el RUT y el permiso del dueño de la propiedad objeto de explotación si aplica.

“Si un minero de subsistencia vende los 420 gramos de oro en el año (que es el cupo máximo que puede comercializar), le pagan más de $65 millones en el año. Con ese ingreso, inmediatamente es declarante de renta y se reclasifica en un nivel de no vulnerable”, explicó Carlos Andrés Mejía, fundador de la estrategia Trazoro, que busca darle trazabilidad a la cadena de suministro del oro en Colombia. (ver Claves)

La ilegalidad del negocio

El problema es que muchas de esas transacciones, como ya lo han establecido la Fiscalía y la misma Dian, no fueron legales sino producto de la suplantación o de la negociación de documentos para la venta de cupos de oro y en realidad quien aparece soportando la venta no recibió el dinero.

Didier Alexánder Osorio, alcalde de Segovia, explicó que “hay mineros que escasamente pueden ganar unos mínimos fiscales para sobrevivir, lo que ha pasado es que inescrupulosos han abusado y traficado con los documentos de estas personas e inclusive les han comprado el cupo, pero esos hogares no han recibido esos millonarios ingresos que les aparecen registrados”.

Ante esa realidad, Mejía planteó dos panoramas: el primero es “si esa persona es la que sacó los $65 millones en oro, se necesita que alguien público o privado les ayude a planear qué hacer en su proyecto de vida y le explique que su actividad al ser de tan altos ingresos”.

El segundo se da si hubo suplantación o alguna otra estrategia ilegal para llenar el cupo de oro, “esta persona va a quedar ‘rico’ en el papel y cada vez más pobre, porque va a tener que demostrar que no transó esa cantidad de dinero o será excluido de los programas sociales y subsidios del Estado”.

Municipios afectados

Mientras tanto, las condiciones sociales de los municipio podrían empeorar, ya que muchos de sus pobladores dejarían de recibir beneficios sociales, pese a que las condiciones de vulnerabilidad sigan existiendo.

Y es que el Sisbén surte de información a las entidades del Estado responsables de programas como: la Atención a la Primera Infancia, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Ingreso solidario, devolución del IVA, adjudicación de baldíos y el Régimen Subsidiado de Salud, entre muchas otras.

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El año pasado, por ejemplo, 42.143 mineros de subsistencia (ubicados en 73 municipios del país) vendieron más de 280 gramos de oro, según la ANM, lo que los obliga a declarar renta por percibir más de $50 millones al año. Bajo esa lógica, esta población y sus hogares dejarían de ser candidatos a los programas sociales.

De acuerdo con la información suministrada a EL COLOMBIANO por la ANM, Caucasia, Remedios, Segovia, El Bagre y Zaragoza (en Antioquia); El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana y Condoto (en Chocó), son los municipios con más de mil mineros en esa situación.

“El municipio recibirá menos transferencias del gobierno porque cada persona reclasificada, se creerá que está saliendo de la pobreza, lo que, si no es cierto, generará un círculo vicioso de pobreza y de exclusión”, anotó Mejía.

Desde el DPN explicaron que el Sisbén IV no sacará a nadie de los programas sociales; es un sistema de información y los programas sociales son los que deciden según unos criterios propios quiénes serán sus beneficiarios.

El alcalde de Segovia anotó que “la idea es que con los demás pueblos mineros hagamos un llamado al DNP informando que los mineros de subsistencia pueden tener algunos ingresos lo no significa que esté consolidada su canasta familiar ni que hayan superado sus situaciones de vulnerabilidad”.

Ante las inquietudes de varios alcaldes del país, el presidente Iván Duque aseguró que “el Sisbén IV lo que busca es focalizar mejor el subsidio, no afectar, no dañar, sino llegarle a la familia necesitada y que los alcaldes tengan esa tranquilidad y esa herramienta para la ejecución de sus presupuestos de inversión”.

Habrá transición

La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa, informó que todos los participantes de los programas de la entidad seguirán recibiendo las transferencias monetarias de los programas sociales, tras la etapa de transición entre Sisbén III y IV. “Entendemos que esta transición es necesaria para que podamos brindar a los hogares beneficiarios el tiempo suficiente para actualizar su información”, señaló la funcionaria.

Correa agregó que el periodo de transición puede tomar mínimo 16 meses, y los tiempos en cada uno de los programas serán definidos de manera independiente .