El último acelerón de Petro: firmó contratos por $3,4 billones tras la Ley de Garantías, según Transparencia por Colombia

Mientras crecen las denuncias sobre una presunta “raspada de olla” en el Estado antes del cambio de gobierno, Transparencia por Colombia reveló que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en apenas 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías. El monto equivale al 45% de toda la contratación pública registrada en el país durante ese periodo.

El informe, titulado “Análisis de la contratación del Gobierno Nacional posterior a la Ley de Garantías”, se basa en los contratos registrados en SECOP I y SECOP II, contrastados con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, el SIGEP y el RUES.

Todo esto se conoce, además, a dos semanas de que este Gobierno deje la Casa de Nariño, en medio de denuncias y cuestionamientos que advierten un presunto intento de “raspar la olla” en distintas entidades del Estado.

Por otro lado, la organización reiteró el marco legal que motivó el estudio: “El artículo 33 prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos mediante la modalidad de contratación directa durante ese mismo período (Ley de Garantías), salvo las excepciones previstas en dicho artículo”, en referencia a los cuatro meses previos a la elección presidencial.

Ese periodo de restricción, que cubrió la primera y la segunda vuelta, se extendió del 31 de enero al 21 de junio de 2026.

Justamente sobre esto, en diálogo con EL COLOMBIANO, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, aseguró que “el principal hallazgo (del informe) es que, tras levantarse la Ley de Garantías, ya se ha avanzado en la firma de cerca de $7 billones en contratos, de los cuales aproximadamente $3,4 billones corresponden al Gobierno Nacional”.

Y que, como un dato relevante: “Muchos de esos recursos se asignaron mediante contratación directa, una modalidad que genera mayor discrecionalidad y tiene procesos más ágiles y no competitivos”.

Contratación directa, la modalidad predominante

Del total contratado por el Gobierno Nacional, la modalidad de contratación directa fue “utilizada en el 66 % de los contratos celebrados, lo que equivale a dos de cada tres”, según se señaló en el informe.

De esos 4.409 contratos directos, 4.253 —el 96%— correspondieron a contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (PSAG), es decir, vinculación de personas naturales.

Además, el documento también advirtió sobre el uso de causales excepcionales: “Llama la atención que 124 mil millones de pesos se contrataron mediante la causal de inexistencia de pluralidad de oferentes, lo que significa que para estos contratos se usó una excepción a los mecanismos competitivos que solo debería aplicarse cuando no es posible contar con más proponentes en el mercado”.

INVÍAS concentra los mayores contratos

Entre los 15 contratos de mayor valor suscritos por el Gobierno Nacional en el periodo —que en conjunto suman cerca de $2,5 billones y representan el 71% del valor total contratado—, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) aparece en 11 de los 15, todos ligados al programa Vías para la Paz.

El mayor de todos fue un contrato de licitación de obra pública por $650.400 millones, adjudicado al Consorcio Variante Oriental 057 para la construcción de la variante oriental de Chachagüí, en Nariño.

El informe precisó que, aunque la mayoría de esos 15 contratos se adjudicaron por licitación pública, “dos fueron adjudicados por contratación directa (suscritos por el Ministerio del Interior) y otros dos mediante régimen especial (suscritos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares), es decir, a través de modalidades que no necesariamente requieren procesos de competencia”.

El caso de la Agencia Nacional de Tierras

Por otro lado, el documento identificó un patrón particular en la Agencia Nacional de Tierras, la entidad con mayor número de contratos directos y PSAG del periodo.

“Mientras la entidad cuenta con una planta de personal de 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas para el apoyo a la gestión en el periodo de enero a junio”, se lee en el informe.

Sobre esto, Hernández fue enfático: “Nos llama la atención el caso de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene una planta de más o menos 200 personas, pero en este periodo ha contratado más de 6.000 personas por prestación de servicios”.

Y es que en el informe se resalta que “dicha modalidad fue utilizada para vincular nuevamente a personas que ya habían sido contratadas en el mes de enero, lo que podría evidenciar una dependencia de los contratos de prestación de servicios para atender necesidades institucionales recurrentes”.

Llamados a los tres actores

La organización cerró el informe con recomendaciones dirigidas tanto al gobierno saliente como al entrante.

Al del presidente Gustavo Petro le pidió “evitar la suscripción de contratos que comprometan innecesariamente la capacidad de gestión, la sostenibilidad fiscal o el margen de maniobra del gobierno entrante”.

Y al Gobierno entrante le solicitó “revisar los compromisos contractuales y presupuestales adquiridos durante el periodo de transición para garantizar su sostenibilidad financiera y su adecuada ejecución”.

Por último, a los órganos de control les pidió “utilizar análisis de Big Data para encontrar patrones, banderas rojas y posibles alertas en la contratación pública” durante las semanas previas y posteriores a la restricción de la Ley de Garantías.

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La organización advirtió, además, que el panorama podría cambiar: al corte del informe este 10 de julio había 50.645 procesos contractuales aún sin firmar, que se esperaría se formalicen en los próximos días.

Frente a los señalamientos sobre una posible “raspada de olla”, el director de Transparencia por Colombia aseguró que, por ahora, el Gobierno aún tiene la facultad legal para adelantar estos procesos. Sin embargo, enfatizó que “el llamado que estamos haciendo es más hacia la responsabilidad y, sobre todo, la transparencia en todo lo que se ejecute y se firme durante este periodo”.

Y añadió que “posiblemente el Gobierno, como otros gobiernos, está utilizando hasta los últimos momentos para dejar avances en su gestión, pero es muy importante mantener una gestión muy responsable y muy transparente en estos últimos días”.

“Un contrato no se puede hacer sin estudios previos ni sin un proceso de planeación”, remató.

Lea también: Petro desenfrenado: así firmó el Gobierno 164 mil contratos en un mes que suman $14.8 billones

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué reveló Transparencia por Colombia sobre la contratación del Gobierno tras la Ley de Garantías?

Transparencia por Colombia reveló que el Gobierno suscribió 6.717 contratos por $3,4 billones en solo 19 días tras finalizar la Ley de Garantías. El 66% se realizó mediante contratación directa, principalmente para prestación de servicios profesionales.

¿Por qué se señala una presunta “raspada de olla” en la contratación del gobierno saliente?

El término “raspada de olla” critica la acelerada firma de contratos a semanas del cambio de gobierno. La alerta surge porque el 45% del monto total contratado en el país se concentró en 19 días, comprometiendo presupuestos futuros.

¿Cómo consultar los contratos firmados por entidades públicas tras la Ley de Garantías?

Cualquier ciudadano puede consultar los contratos en los portales oficiales SECOP I y SECOP II de Colombia Compra Eficiente. Se puede filtrar la búsqueda por nombre de entidad, fecha de suscripción, tipo de contrato y modalidad de selección directa.