Así se conectaron 2.100 cámaras de casas y negocios al ‘cerebro’ de seguridad de Antioquia
Cámaras privadas se usarán para apoyar las estrategias de seguridad cuando se altere el orden público en 125 municipios.
Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.
La Gobernación y la ciudadanía unificaron fuerzas para blindar el departamento. A través del Nodo Departamental de Seguridad, más de 2.100 cámaras privadas de establecimientos comerciales y unidades residenciales fueron integradas a la red de videovigilancia pública, fortaleciendo el monitoreo en los 125 municipios del territorio antioqueño.
Mediante convocatorias públicas se logró conseguir el enlace de estas cámaras privadas, sin irrespetar la privacidad de quienes las manejan, cuya finalidad es que las mismas sean enlazadas cuando sucedan alteraciones de orden público que requieran su uso.
El director de Planeación y Administración de la Seguridad de Antioquia, Antonio José Salazar, explicó que “esto es parte de un programa de integración con terceros, que nos permite hacer uso integrado de los circuitos cerrados de televisión privados para ser integrados a la plataforma de seguridad de Antioquia”.
Para formar parte de esta iniciativa se necesita tener panorámica al espacio público y que cuenten con acceso a internet para poderlas utilizar cuando se presenten situaciones de orden público.
La distribución de cámaras
Las 2.154 cámaras que ya están habilitadas para ser usadas desde el Nodo Departamental están distribuidas en las nueve subregiones y en 77 de los 125 municipios del departamento, además de cinco entidades entre concesiones viales y entidades que están en varias localidades.
La subregión con más cámaras habilitadas en el marco de esta iniciativa es el Oriente, que cuenta con 803, de las cuales 198 están concentradas en Guarne, incluso superando a Rionegro, que apenas aportó 66.
El Suroeste, la subregión con más asesinatos junto con el Oriente, es la segunda con más cámaras habilitadas, con 406, siendo Jericó y Concordia las que más aportan, con 58 y 57, respectivamente. Andes, que es considerada como la “capital” de esta subregión, apenas habilitó 47.
En el Norte hay 253 cámaras, en el Nordeste 162, en el Occidente 157, en el Urabá 115, en el Magdalena nueve y en el Bajo Cauca seis. En el Valle de Aburrá se habilitaron 172 cámaras privadas, mientras que entre empresas que están en varias subregiones hay 31.
¿Cúal es el uso de las cámaras?
Respecto a la gestión tecnológica, la Gobernación aclaró que no asume el control administrativo de los dispositivos privados.
“El objetivo de esas cámaras no es invadir el circuito cerrado de televisión del tercero, sino usar solo la visual de las cámaras que cumplan esos requisitos y traerlas al Nodo Departamental. Solamente tendríamos el streaming en tiempo real de esa cámara, que nos serviría para aplicar analítica de videovigilancia y que el sistema nos vaya alertando de las situaciones”, explicó Salazar.
Cuando hace mención a la analítica es cuando, por ejemplo, se presenta una situación de algún hecho delictivo que genere aglomeración de personas, entonces no solo se usarían los más de 4.000 dispositivos que forman parte de la red pública, sino que también se apoyarían de estas cámaras privadas.
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Con el fin de blindar el sistema contra posibles infiltraciones de estructuras criminales, la Gobernación de Antioquia exige a los propietarios la suscripción de protocolos de seguridad y acuerdos de confidencialidad. Estos instrumentos legales permiten iniciar acciones penales o administrativas ante cualquier manejo irregular de la información o los dispositivos.
“Nosotros, antes de hacer una integración de estas cámaras, realizamos una verificación de antecedentes de la persona que las vaya a suministrar y si cumple con estos requerimientos legales, pues se integran al sistema”, señaló el funcionario.
Todo esto a cambio de beneficios en materia de seguridad, puesto que con la integración, en caso de alguna emergencia particular, quienes tienen integradas estas cámaras pueden contar con un apoyo más inmediato de todos los organismos de seguridad.
“Por ejemplo, una persona tiene estas cámaras y le deben pagar a privados por un servicio de vigilancia y con nosotros pueden estar ligados a la Policía”, agregó Salazar.
Esta estrategia busca consolidar una red de seguridad público-privada, especialmente en las subregiones con escasa infraestructura tecnológica. El objetivo final es masificar la vinculación de ciudadanos y empresas para que sus dispositivos fortalezcan el sistema de monitoreo y la seguridad colectiva del departamento.