En medio del debate por la JEP, informe de la Misión de Verificación de la ONU revela cómo va el Acuerdo de Paz con las Farc

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia advirtió que el Gobierno de Abelardo de la Espriella todavía no ha expuesto cuál es su enfoque general para implementar el Acuerdo Final de Paz.

La advertencia aparece en el informe del secretario general de la ONU, António Guterres, que será presentado este lunes en Nueva York. El texto abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026, correspondiente a los primeros meses de la nueva administración.

Según el texto, el Ejecutivo dijo que cumplirá la Constitución y las obligaciones jurídicas que se derivan del Acuerdo. Pero, tal como ha hecho durante las últimas semanas, también revisará ciertos elementos del pacto, lo cual ha generado preocupación entre los excombatientes.

¿Qué piden los excombatientes?

En agosto, el partido Comunes (que ya perdió personería jurídica) presentó una solicitud formal de información al Gobierno. Preguntó quién será el responsable de coordinar la implementación, si se reactivará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y cómo se financiará la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Esa última inquietud no es menor. El informe señala que la Agencia ya enfrenta un déficit de fondos y que el proyecto de presupuesto para 2027 podría reducir aún más sus recursos.

Se señala, por ejemplo, que hay un refuerzo en el gasto de seguridad del Estado, pero reduce de forma considerable los recursos de entidades que participan en la implementación del Acuerdo, como las de desarrollo rural, distribución de tierras y reincorporación. El Congreso debe discutirlo antes del 20 de octubre.

La reforma rural

El 10 de agosto, el Ministerio de Agricultura anunció una revisión de los programas de entrega, restitución y formalización de tierras. Además, suspendió por 90 días toda medida nueva mientras evalúa los procesos en curso.

Algunos gremios del agro valoraron que el enfoque del Gobierno está en las agroempresas y la productividad. Pero campesinos y organizaciones sociales expresaron su inquietud por las críticas del Ejecutivo a la gestión anterior en estos temas.

Por si fuera poco, la Jurisdicción Agraria y Rural sigue sin operar porque el Congreso no ha tramitado la ley que la regula. Y los beneficiarios de tierras siguen expuestos a la inseguridad: la Defensoría del Pueblo documentó 84 incidentes entre 2023 y agosto de 2026, incluidos 8 asesinatos.

¿Cómo está la seguridad?

Es más, el informe describe un panorama complejo. El Gobierno puso fin a los procesos de diálogo con los grupos armados e intensificó las operaciones militares. Según el documento, el presidente anunció que todos esos grupos fueron clasificados como organizaciones terroristas.

Entre los operativos figura un bombardeo contra el ELN en Norte de Santander, el 11 de agosto. También hubo otros dos contra disidencias en Guaviare, el 27 y el 30 de agosto, que dejaron 36 muertos. Algunos menores de edad.

La respuesta de los grupos armados no se hizo esperar. El 31 de agosto, un carro bomba contra una estación de policía en Norte de Santander dejó un civil muerto y 11 heridos, entre ellos dos policías.

Entre el 27 de junio y el 30 de agosto, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos. Y la Defensoría del Pueblo documentó 1.173 casos de reclutamiento infantil por grupos armados entre 2024 y julio de este año.

Los excombatientes y líderes sociales

La Misión de Verificación de la ONU confirmó el asesinato de ocho excombatientes durante el período. Con ellos suman 13 en 2026 y 501 desde la firma del Acuerdo.

Aunque la cifra anual es menor que la de años anteriores, el informe señala que agosto rompió una tendencia a la baja, con seis casos en un solo mes.

Más de 11.000 excombatientes siguen en el proceso de reincorporación y la reincidencia es muy baja. Sin embargo, Comunes advirtió que un recorte de fondos pondría en riesgo la sostenibilidad del proceso.

Los líderes sociales tampoco están a salvo. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió 40 denuncias de asesinatos en el período, de las cuales 7 fueron verificadas.

Entre las víctimas del 1 de septiembre en el Cauca estuvo la lideresa indígena María Ovidia Pelechor, asesinada junto con su pareja. Ese mismo día murieron dos excombatientes y otros dos líderes sociales en Cajibío.

El terremoto

Tres días después de la posesión de De la Espriella, el 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el Chocó sacudió el occidente del país. Hasta el 7 de septiembre se reportaban 331 muertos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos. Los daños se estimaron en 9.500 millones de dólares.

Varios de los territorios más afectados son también zonas históricamente golpeadas por el conflicto y con poca presencia del Estado. La ONU pidió 148 millones de dólares adicionales para asistir a 670.000 personas.

¿Qué espera la ONU de ahora en adelante?

Pese al tono de alerta, Guterres valoró la apertura al diálogo que ha mostrado el Gobierno. Recordó que el Acuerdo entra en el último tercio de sus 15 años de vigencia.

Según el informe, implementarlo puede ayudar a cumplir prioridades del propio Ejecutivo, como reducir la violencia y ampliar la presencia del Estado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué advirtió la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

La ONU advirtió sobre la falta de un enfoque claro del Gobierno para implementar el Acuerdo de Paz, sumado a posibles recortes presupuestales a la Agencia para la Reincorporación, el estancamiento de la Jurisdicción Agraria y la persistente violencia contra excombatientes y líderes.

¿Por qué preocupa a la ONU el presupuesto de reincorporación y la reforma rural en 2026?

La preocupación radica en que el proyecto de presupuesto 2027 prioriza el gasto en seguridad del Estado reduciendo fondos para desarrollo rural, distribución de tierras y la Agencia para la Reincorporación (ARN), la cual ya enfrenta un déficit financiero para sostener a los excombatientes.

¿Cómo pueden los excombatientes y líderes sociales reportar amenazas ante la ONU y la Defensoría?

Pueden solicitar protección ante la Defensoría del Pueblo o acudir a las sedes locales de la Misión de Verificación de la ONU. La Fuerza Pública y el Ministerio del Interior mantienen líneas institucionales activas para tramitar alertas tempranas y esquemas de seguridad.