Alerta de EPM: robo de agua y energía en Antioquia ya supera los $300.000 millones en 2026
Hurto de servicios públicos y vandalismo sistemático contra la infraestructura de EPM se volvieron crisis que golpea bolsillo de antioqueños, compromete suministro y pone en riesgo el desarrollo.
Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.
Cuando un grupo de delincuentes corta un tramo de cable subterráneo en una avenida de Medellín o manipula una tubería en el Valle de Aburrá, el impacto no lo asume únicamente EPM. Las consecuencias se extienden de inmediato a los hogares que quedan a oscuras, a los comercios que pierden sus ventas diarias y a todos los ciudadanos que ven reflejados estos costos en sus facturas de servicios públicos.
En Antioquia, el hurto de servicios y el vandalismo contra las redes operadas por EPM alcanzan puntos críticos. Durante el primer semestre de 2026, las pérdidas económicas asociadas al robo de energía, agua y gas ascendieron a $300.000 millones. Para dimensionar la magnitud de esta fuga de recursos, este volumen de energía y agua sustraído ilegalmente equivale al consumo promedio anual de cerca de 95.000 viviendas.
El desglose de las cifras revela que el servicio más golpeado por la defraudación es la energía eléctrica, que concentra el 57,7 % del total de las pérdidas registradas en los primeros seis meses del año. Le sigue el servicio de agua potable y alcantarillado, con un 40,4 %, mientras que el gas natural representa el 1,9 % restante.
Afectación directa a los usuarios
Más allá del impacto financiero, el hurto de cables y los actos vandálicos representan una amenaza constante contra la calidad de vida de las comunidades. Las pérdidas operativas e inversiones extraordinarias destinadas a reparar infraestructuras destruidas son reconocidas dentro de los marcos tarifarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), lo que impacta las tarifas y se traduce en incrementos en las facturas que pagan los usuarios finales.
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A esto se suma la vulnerabilidad del sistema: la manipulación ilegal de redes no autorizadas causa fluctuaciones de voltaje, sobrecargas en los circuitos y cortes prolongados del servicio. Además, quienes ejecutan estas maniobras fraudulentas o vandalizan cámaras subterráneas energizadas exponen a las comunidades a graves riesgos de cortocircuitos, incendios y accidentes fatales.
”Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades”, dijo Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM.
Un flagelo concentrado
El hurto de infraestructura eléctrica en Antioquia se ha intensificado de forma crítica. Los delincuentes atacan de manera sistemática los sistemas de distribución con el objetivo principal de extraer y comercializar ilegalmente el cobre en mercados clandestinos.
Las zonas con mayor incidencia de este delito se concentran en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en el Valle de Aburrá, con especial afectación en Medellín, Bello, Caldas, La Estrella, Sabaneta y Envigado.
La magnitud del daño físico a las redes de energía se evidencia en la escalada de los costos de reparación. Entre 2024 y 2025, EPM destinó más de $7.200 millones para reponer equipos dañados por hurto y vandalismo en el departamento.
En lo corrido del año, únicamente los daños sufridos en la red subterránea ya están valorados en cerca de $25.000 millones. Más de 763.000 clientes han sufrido interrupciones en el suministro eléctrico debido a estos sabotajes, mientras que las interrupciones causadas por estos eventos han registrado una duración promedio de 24,6 horas por evento, afectando la productividad laboral y el bienestar del hogar.
Reemplazar la infraestructura dañada exige un esfuerzo logístico y económico descomunal. Para EPM, la reposición de un solo kilómetro de cable de media tensión cuesta unos $550 millones, y el tiempo para restablecerlo puede extenderse hasta 14 meses, sujeto a la consecución de materiales y equipos de alta especialización.
Los delincuentes no solo se llevan el cableado; destruyen o comprometen transformadores, lámparas de alumbrado público, medidores, acometidas, elementos de protección y tapas de seguridad. Asimismo, se ha detectado el vertimiento vandálico de aceites, solventes y pinturas dentro de las cámaras subterráneas, lo que degrada la vida útil de los aislantes y acelera el deterioro de la red.
El fenómeno del vandalismo no es exclusivo del sector eléctrico. La infraestructura de acueducto y alcantarillado sufre embates constantes por el daño a tuberías, la manipulación de válvulas y el hurto de hidrantes y medidores. Solamente en 2025, EPM contabilizó 398 daños ocasionados por terceros en la red de agua potable, lo que generó fugas masivas, suspensiones no programadas y costos de reparación que alcanzaron los $672 millones.
En cuanto al gas natural, las estaciones de regulación y medición han sido blanco de ataques en puntos neurálgicos como Copacabana, Aguacatala, El Poblado, Barbosa, La Estrella y la estación Intermedia. En estas instalaciones se registran robos de cables de monitoreo de variables y componentes clave como el rectificador de la estación Barranquilla, poniendo en riesgo la estabilidad del suministro de gas para uso doméstico, industrial y vehicular.
Estrategia para frenar el delito
Para hacer frente a esta problemática, EPM puso en marcha un plan de contingencia basado en cuatro ejes estratégicos. El primero es la creación de una mesa especializada en gestión de pérdidas, instalación de barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad con aleaciones de menor valor comercial, sistemas multifraude y monitoreo electrónico en tiempo real de redes subterráneas.
También adelanta procesos administrativos y denuncias penales junto a las autoridades. Quienes incurran en hurto calificado, agravado o daño en bien ajeno enfrentan penas de hasta 21 años de prisión.
EPM puso en marcha campañas pedagógicas y habilitó el WhatsApp exclusivo 301 516 11 para el reporte de hurtos, además de la línea (604) 44 44 115 y la App EPM para denuncias anónimas sobre conexiones fraudulentas.
A su vez, realiza trabajo directo con las comunidades, procesos de formalización de usuarios e iniciativas de educación sobre el uso legal y eficiente de los servicios públicos.
Finalmente, EPM hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar las conexiones ilegales y el fraude, recordando que reportar estos hechos no solo protege la infraestructura pública, sino que también defiende la seguridad y la equidad en la tarifa de todos los habitantes del departamento.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo afecta el hurto de energía, agua y gas a la factura de los usuarios de EPM?
- El hurto de servicios y el vandalismo generan costos adicionales por la reparación de la infraestructura y las pérdidas operativas. Según la información entregada por EPM, estos costos son reconocidos dentro de los marcos tarifarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por lo que terminan impactando las tarifas que pagan los usuarios.
- Cuánto dinero perdió EPM por el robo de energía, agua y gas en el primer semestre de 2026?
- Durante el primer semestre de 2026, las pérdidas económicas asociadas al hurto de energía, agua y gas ascendieron a $300.000 millones, de acuerdo con las cifras reportadas por EPM. La empresa indicó que el volumen de recursos sustraídos equivale al consumo promedio anual de cerca de 95.000 viviendas.
- ¿Cuál es el servicio público más afectado por el fraude y las conexiones ilegales?
- La energía eléctrica es el servicio con mayores pérdidas. Según EPM, representa el 57,7 % del total de las pérdidas registradas en el primer semestre de 2026. Le siguen el servicio de agua potable y alcantarillado, con el 40,4 %, y el gas natural, con el 1,9 %.