Otra exsecretaria de Quintero volvería al sector público tras ganar un concurso en la Alcaldía de Medellín

Un nuevo exfuncionario de la Alcaldía de Daniel Quintero está a las puertas de regresar al sector público. Se trata de la exsecretaria de Salud, Andreé Uribe Montoya, quien, pese a tener una estela de procesos disciplinarios y cuestionamientos tras su paso por la Alcaldía, ganó un proceso de selección recientemente.

El caso fue denunciado por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien hizo pública este miércoles una lista de elegibles encabezada por la polémica exfuncionaria para entrar a un cargo en la Secretaría de Salud de Medellín.

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“Andree Uribe, exsecretaria de Salud del imputado por corrupción Daniel Quintero, sin sonrojarse se presentó al concurso en la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín para el cargo de líder de proyecto en el equipo de población pobre no asegurada y ganó con un puntaje de 81,55”, denunció el corporado, quien consideró inaudito que una persona con tantos señalamientos siga insistiendo en estar en el sector público y más en Medellín.

Según trascendió, Uribe se presentó a un proceso de selección liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, denominado Antioquia 3, en el que actualmente se escogen funcionarios para cubrir empleos en múltiples entidades de las alcaldías de Medellín, Bello, Caldas, Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Girardota, Itagüí, La Ceja, La Estrella, Marinilla, Rionegro, Sabaneta, entre otros.

Asimismo, la convocatoria abarca otras entidades como la Asamblea de Antioquia, el Concejo de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, varias instituciones universitarias, entre otras

Al tratarse de una convocatoria abierta, Uribe aspiró a uno de esos empleos y su nombre apareció encabezando la lista de elegibles.

“Increíble que un equipo con más de 55 imputados por corrupción, incluido el jefe de la banda, sigan como si nada buscando puestos en el sector público”, agregó De Bedout.

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En enero de 2025, Uribe Montoya fue una de las exfuncionarias incluidas en un pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación a raíz del escándalo de la Clínica de la 80, junto a otras exsecretarias como Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado Manjarrés.

Con este centro de salud, ubicado en la Avenida 80 de Medellín y durante muchos años propiedad de la desaparecida EPS Saludcoop, se generó una controversia cuando la Alcaldía se apropió del sitio supuestamente para convertirlo en una clínica contra la covid-19 en 2020.

Para poder invertir allí recursos públicos, la Alcaldía firmó un comodato con la EPS en liquidación y, a través de la EDU, comenzó a adecuar el sitio, en el que inicialmente se prometieron 170 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI).

La idea pronto se desdibujó por la falta de personal especializado y la Alcaldía ajustó sobre la marcha sus planes y terminó habilitando parcialmente algunas partes del sitio para atender pacientes menos graves.

A raíz de esa improvisación, concejales y veedores públicos encendieron las alarmas, considerando que era un riesgo invertir recursos públicos en un establecimiento que no era propiedad del municipio.

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Aunque la Alcaldía aseguró que tenía en sus planes comprar el lugar, nunca lo hizo y un privado terminó cerrando un negocio con la EPS en liquidación, para levantar allí un centro oncológico.

Tras desoír las alertas ciudadanas, la Alcaldía no solo se quedó sin el lugar, sino que se vio en el problema de ver cómo recuperaba los recursos que allí se habían invertido.

En aquel entonces, los organismos de control abrieron una investigación y empezaron a revisar con lupa todos los contratos, encontrando más motivos de preocupación.

Cotejando el proceso de contratación, la Procuraduría encontró por ejemplo que el contrato para intervenir el lugar al parecer se habría firmado sin el visto bueno de un comité de conciliación.

No obstante, en el documento público, se habría asegurado presuntamente que el aval sí existía, por lo que Uribe Montoya y las otras exsecretarias implicadas fueron señaladas de incurrir en falsedad ideológica en documento público.

En esa misma investigación, el Ministerio Público también vio con ojo crítico que la Alcaldía accediera a recibir por parte de un privado $12.007 millones como compensación luego de que el lugar fuera vendido, pese a que se habían invertido por lo menos $23.744 millones.

Al ser una de las funcionarias de confianza del exalcalde Quintero, en 2022 Uribe Montoya también se desempeñó como alcaldesa encargada y a mediados de 2023 intentó lanzarse a la Alcaldía, pero prontamente desistió de su candidatura.

La gestión de Uribe como secretaria de Salud también estuvo marcada por múltiples escándalos ocurridos en el Hospital General de Medellín y Metrosalud, entidades de ese sector con graves denuncias de presunta corrupción y que tuvieron que ser objeto de un plan de rescate tras el cambio de gobierno.

Tras el fin de la administración Quintero, Uribe Montoya también quedó en el centro de una controversia luego de que se conociera su vinculación como contratista en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, justo por los días en los que estalló un escándalo en esa entidad del Gobierno Nacional y se denunciaron presuntos intereses políticos por parte del exalcalde Daniel Quintero allí.

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