Controversia por supuesto traslado a guarnición militar del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, ¿qué pasó?

Antonio Guerra de la Espriella es un exsenador costeño de Cambio Radical condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el caso de corrupción de Odebrecht. Su nombre había pasado a un segundo plano hasta esta semana, cuando el senador Iván Cepeda denunció que el exparlamentario sería trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a una guarnición militar en Sincelejo.

La denuncia abrió una polémica que terminó involucrando al Gobierno y que obligó al Ministerio de Justicia a aclarar cuál era realmente la situación de Guerra de la Espriella.

La controversia surgió porque Cepeda cuestionó que el exsenador pudiera recibir un beneficio como el traslado a una instalación militar, que podría ofrecer condiciones diferentes a las de una cárcel, justo después de que el Gobierno hubiera anunciado que no tendría contemplaciones con los presos relacionados con hechos de corrupción.

“Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo de la Espriella dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares. En el tono vehemente que se le conoce, De la Espriella aseguró que no le temblaría el pulso para trasladarlos de cárcel”, escribió Cepeda.

En medio de sus cuestionamientos, el senador del Pacto Histórico incluso llegó a plantear un supuesto parentesco entre Antonio Guerra de la Espriella y el presidente. Esa versión, sin embargo, fue desmentida, ya que no existe vínculo consanguíneo entre ambos.

Ante la polémica, el Ministerio de Justicia aclaró que Guerra de la Espriella no se encuentra actualmente recluido en una guarnición militar ni en una estación de policía. El exsenador fue condenado por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la versión sobre el traslado no surgió de la nada. Caracol Radio, publicó una resolución del Inpec del pasado 10 de septiembre en la que ordenaba trasladarlo a una guarnición militar de Sucre, adscrita administrativamente a la cárcel de mediana seguridad de Sincelejo. Hasta ese momento, Guerra de la Espriella permanecía en La Picota.

Finalmente, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el exsenador regresará a La Picota, cerrando así, al menos por ahora, el episodio que desató la polémica.

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Cuestionamientos de Iván Cepeda sobre presuntos favores en traslados carcelarios

“Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo de la Espriella dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares. En el tono vehemente que se le conoce, De la Espriella aseguró que no le temblaría el pulso para trasladarlos de cárcel”, dijo Cepeda.

Y cuestionó, sin mencionar pruebas, “¿Existe un parentesco con este prisionero trasladado? ¿Y de ser así, De la Espriella está favoreciendo a sus familiares en las cárceles?”. El apellido del jefe de Estado es común en la Costa Caribe, por lo que compartirlo con alguien más no indica que sean familiares cercanos.

Guerra es hermano de la exministra María del Rosario Guerra de la Espriella, quien acompañó a Juan Daniel Oviedo en la campaña presidencial de este año.

Los detalles del fallo de la Corte Suprema por el escándalo de Odebrecht

¿Por qué está preso Guerra de la Espriella? En 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó parcialmente la condena impuesta al excongresista Antonio del Cristo Guerra de La Espriella “por las gestiones ilegales que desplegó para favorecer a la multinacional Odebrecht con la aprobación y suscripción del contrato de estabilidad jurídica”, según informó el alto tribunal en ese momento.

El exsenador fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto por cohecho propio.

Luego, el caso llegó a la Sala de Casación Penal, por la apelación que interpuso la defensa del condenado. La Sala le quitó el cargo de concierto para delinquir y le fijó una pena de 11 años y cinco meses de prisión.

El exsenador tendrá que cumplir su condena privado de la libertad, por lo que la Sala ofició a las autoridades para hacer efectiva su captura.

En la sentencia, la Sala anotó que la multinacional se había interesado en el contrato de estabilidad jurídica (que da garantías tributarias a las empresas) al punto que dispuso “considerables sumas de dinero” para obtenerlo y acudió al exsenador Otto Nicolás Bula Bula para que influyera en servidores públicos con el fin de conseguir su apoyo a cambio de pagos.

Para lograr su objetivo, el exsenador Bernardo Elías Vidal habría actuado como articulador para sobornar a los legisladores, según la Corte Suprema. A partir de esa situación, dijo el alto tribunal, Guerra de La Espriella adelantó gestiones ilegales para lograr que Odebrecht consiguiera su objetivo.

Según la sentencia, está probado que el condenado, aprovechando su cargo como congresista, recibió dinero “a cambio de la intervención en el contrato de estabilidad jurídica” y así se reflejó en el incremento injustificado de su patrimonio.

En su decisión, además de la pena, la Sala le impuso al condenado una multa de 1.175 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos de 10 años y cinco meses.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Dónde se encuentra recluido actualmente el exsenador Antonio Guerra?

El Ministerio de Justicia confirmó que se encuentra en el centro penitenciario de Sincelejo, aunque se ordenó su reubicación en la cárcel La Picota de Bogotá tras el reporte sobre un posible traslado a una guarnición en Sucre.

¿Por qué fue condenado Antonio Guerra de la Espriella?

La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, al gestionar ilegalmente el contrato de estabilidad jurídica a favor de la multinacional Odebrecht.

¿Cuál es la sanción económica impuesta al exsenador en su condena?

Además de la pena privativa de la libertad y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años y 5 meses, la Sala de Casación Penal le impuso una multa de 1.175 millones de pesos.