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Así terminó el exciclista ‘Lucho’ Herrera investigado por desaparición

El reconocido exciclista es investigado por la desaparición de cuatro campesinos en Fusagasugá: un caso ocurrido en 2002 y que hoy vuelve al centro de la atención, tras su vinculación formal al proceso.

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Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

hace 2 horas

A las 10:30 de la mañana del 4 de marzo del año 2000, Esther Herrera acababa de servir un tinto en la finca familiar, en el sector La Aguadita, a dos kilómetros de Fusagasugá. Minutos después, siete hombres armados con pistolas y fusiles irrumpieron en el lugar y se llevaron a su hijo, Luis Alberto Herrera, de 38 años. Ella lo vio todo. No hubo disparos, resistencia, ni alboroto.

El exciclista permaneció 24 horas en poder de sus captores. Regresó a su casa en Fusagasugá tras una llamada telefónica que recibió su hermano Rafael, en la que Herrera avisó que ya había sido liberado. Años después, los dos hermanos no solo compartirían el recuerdo de la liberación, sino también un expediente penal que los señala por hechos que habrían derivado en una masacre, presuntamente justificada por el temor a un nuevo secuestro.

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Ese episodio, apenas un paréntesis en la vida del campeón colombiano, marcó el inicio, o el final, de la historia de cuatro campesinos que fueron asesinados por paramilitares, a quienes, según el expediente, Herrera habría pedido desaparecer tras señalarlos como milicianos que planeaban secuestrarlo.

“Yo me voy para Fusagasugá y hablo con alias Montana, que era el coordinador de Fusa, y le digo que de parte de Don Martín le colaboráramos al señor Lucho Herrera, que teníamos que colaborarle con el tema de unos milicianos que lo iban a volver a secuestrar”, dijo ante un juzgado uno de los paramilitares condenados por desapariciones forzadas en Sumapaz en el año 2000.

Para entonces en la región operaba una estructura de ‘limpieza social’ financiada por ganaderos y comerciantes y ejecutada por paramilitares al mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.

Las desapariciones no eran hechos aislados. Los mandamás de la región daban el nombre y los paramilitares el machetazo y a la fosa común. Puentes, billares, veredas y caminos rurales se repiten en los relatos del expediente. Consumidores de droga, homosexuales, supuestos guerrilleros y personas señaladas como delincuentes fueron el blanco de al menos 20 acciones criminales en municipios como Fusagasugá, Silvania, Arbeláez, Girardot, Viotá y Agua de Dios.

Dentro de ese contexto ocurrió la masacre de la noche del 23 de octubre de 2002 en la vereda Piamonte. Cinco hombres vestidos como agentes del DAS llegaron en una camioneta Hilux, pidieron documentos en una gallera y se llevaron a Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez. A Diuviseldo Torres Vega, la cuarta víctima, lo sacaron de su casa. Todos eran vecinos del ciclista y nunca regresaron.

Las prendas del DAS fueron el disfraz que esa noche llevaban los paramilitares que no solo reconocieron la autoría en los hechos, sino que además aseguraron que el deportista les habría pagado $40 millones para “ocuparse” de esos hombres. Según los relatos, Herrera aseguró que se trataba de milicianos y que la norma para entonces era, sin Dios ni ley, desaparecer por doquier.

La noche de los hechos

En la gallera apenas daban las siete de la noche. Como de costumbre, los tres amigos se habían reunido para apostar el jornal en una pelea de gallos finos. Todavía discutían por cuál ir cuando irrumpieron los paramilitares disfrazados de agentes en su camioneta Hilux.

A pocos metros de allí, al mismo tiempo, Diuviseldo acababa de recibir un plato de sopa de manos de su esposa. Conversaba en el comedor de la casa con su sobrino, un niño de 13 años.

“De repente ingresó un grupo de hombres con insignias del DAS. Él estaba a la parte derecha mía sentado comiéndose algo que le había dado la esposa. Preguntan, ¿Diuviseldo Torres? Él dice, sí señor, ¿para qué me necesitan? Estas dos personas venían con prendas del DAS, gorra, chaleco y brazalete. Ellos le dicen, para que nos acompañe por una presunta investigación de un robo. Mi tío gritó: ‘mamá, mamá, me van a llevar’. En el momento ellos sacan una pistola, se la ponen al lado de la cintura y dicen: ‘nos acompaña’. Se lo llevaron a la fuerza y lo subieron a una Toyota Hilux. Cuando yo volteo a mirar otra vez, lo suben al platón y lo botan boca abajo”, apenas una parte del testimonio que entregó el sobrino a Noticias Uno.

Esa misma noche, los cuatro hombres fueron asesinados con sevicia.

“Metimos dos en el platón y dos en la parte de adelante, los inhumamos en la vía Novilleros a la Guadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”, confesó uno de los responsables ante un juzgado de Fusagasugá.

Sus cuerpos fueron enterrados, según los paramilitares, en un terreno que pertenecía al propio Lucho Herrera.

“Les arrebataron la vida de la manera más atroz. Así lo relatan quienes conocieron el caso y así lo confirmaron los médicos forenses. Fueron asesinados con machete. Yo mismo vi los restos de mi tío, en los huesos de los brazos y las piernas eran evidentes los machetazos. Incluso en una de las vértebras se alcanzaba a distinguir el impacto. Las marcas quedaron grabadas en su cuerpo. No había duda de cómo lo mataron”, agregó el sobrino.

Pero detrás de esa versión hay un señalamiento aún más perturbador. Según las declaraciones de los propios paramilitares, Herrera los habría engañado y la supuesta condición de milicianos nunca habría sido real. En cambio, el objetivo de la desaparición habría sido otro. Los hombres se habrían negado a vender sus pequeños terrenos, colindantes con la finca del exciclista en Fusagasugá, y esa negativa, de acuerdo con el expediente, fue su la lápida. “Luego se supo que estas personas no eran milicianas de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger. La familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla”, dice uno de los testimonios.

La acción criminal fue ejecutada por Óscar Andrés Huertas, alias Menudencia; Luis Fernando Gómez, alias Ojitos; y Carlos Eduardo Marín, alias Malasombra, integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Son ellos los testigos cuyas declaraciones hoy tienen comprometido al campeón de la Vuelta a España de 1987, quien esta semana fue vinculado formalmente a la investigación por esas muertes.

“El señor ‘Lucho’ Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, aseguró alias ‘Ojitos’ en su testimonio.

En el mismo expediente figura también su hermano, Rafael Herrera, con quien no solo comparte el vínculo familiar, sino otros episodios clave que hoy hacen parte del caso judicial.

Frente a todo esto lío y denuncias, Lucho Herrera ha negado cualquier responsabilidad en los hechos. Su abogado, Hernando Benavides, aseguró que el exciclista es ajeno a las acusaciones y sostuvo que quienes lo señalan buscan beneficios judiciales. “Lucho Herrera sigue siendo una gloria del ciclismo, es víctima de unos hechos de los cuales es ajeno y será la Fiscalía General la que le corresponde establecer la verdad de los mismos. Él siempre va venir a dar la cara”, dijo el defensor.

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