La dramática realidad del sector salud que recibe De la Espriella tras el “chu, chu, chu” de Petro

Aunque en el sector salud hay una luz de esperanza de que los cuatro años aciagos del gobierno del presidente Gustavo Petro queden como un mal recuerdo y una anécdota de cómo no se debe manejar un sistema de salud, las heridas y secuelas que deja ese mandato pueden tardar en estabilizarse y cicatrizar. Un sistema de salud que era destacado internacionalmente por sus logros y resultados ahora está en estado crítico después de vivir una “crisis explícita” que vaticinó, en septiembre de 2022, la entonces ministra y hoy senadora electa Carolina Corcho, para referirse a lo que tenía que vivir “la sociedad” para “entender que se requiere el cambio”.

Esa crisis se consumó casi al pie de la letra. Esa situación se llevó puestos a usuarios y pacientes, a entidades promotoras de salud (EPS), a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) —hospitales, clínicas, laboratorios y otros centros médicos—, al sector farmacéutico y a todos los que participan en ese sector, en un efecto dominó que Petro llamó “chu, chu, chu”.

A un mes exacto de entregar el poder, EL COLOMBIANO presenta una radiografía de los hospitales y las clínicas que han cerrado servicios en el país y cuáles han sido las prestaciones más afectadas por esta crisis, a partir de información del observatorio Así Vamos en Salud y otra suministrada por la Unión de IPS de Colombia (Unips), con base en respuestas a derechos de petición de secretarías distritales y departamentales.

El origen de los cierres

La crisis que llevan viviendo en su punto más álgido dos años los actores del sistema de salud no solo ha estado diagnosticada por expertos, académicos, gremios y organizaciones, sino por la Corte Constitucional: la insuficiencia de recursos que tiene al sistema con deudas billonarias y en la que el gobierno Petro optó por quedarse de brazos cruzados, la estigmatización y hacerse el de la vista gorda con las órdenes del alto tribunal, que desde enero de 2025 le ha reiterado que la plata para sostener el sistema —conocida como la unidad de pago por capitación (UPC)— no alcanza y que la debe recalcular.

De hecho, el ministro Guillermo Jaramillo enfrenta un proceso por desacato en esa corte por incumplir esas órdenes judiciales. De esa plata, no solo dependen las EPS —que la usan para gestionar la atención de sus afiliados que piden servicios de salud—, sino también las IPS con los que firma convenios para ese fin. Vale recordar que en el modelo actual, las atenciones que un hospital, una clínica o un laboratorio preste a un usuario son pagas por el asegurador.

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De manera que, como la UPC es insuficiente, para las EPS cada vez fue más difícil sostener la demanda de servicios solicitados; por lo cual los tiempos de espera para entrega de medicamentos o citas que no eran urgentes empezaron a alargarse. Sin embargo, además de esas demoras, esa insuficiencia de recursos terminó afectando a las IPS, las cuales tuvieron que cerrar algunos de sus servicios o, incluso, que estas terminen cerrando.

En palabras del investigador en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Giovanni Jiménez, esa situación se genera porque se cerró “el flujo de recursos requerido por lo que no recibían dinero al ritmo necesario” y sostener operaciones. A esto se sumo la “pérdida de confianza entre aseguradores, prestadores de servicios y el Estado”. “Al problema del cálculo de la UPC también toca sumarle los manejos burocráticos de las dinámicas de pago”, añadió.

Los cierres en 2025

De acuerdo con el más reciente informe de novedades de capacidad instalada de servicios de salud de la Unión de IPS de Colombia (Unips), en 2025 hubo 12.698 cierres temporales y 2.479 cierres definitivos, mientras que los que se abrieron fueron 13.050.

Al poner la lupa en las cifras anteriores, se desglosa que estos se dieron, en mayor medida, con IPS y con profesionales independientes. En cuanto a los primeros, se presentaron 11.006 cierres temporales, 2.266 definitivos y la apertura de 11.298. Y en cuanto a los segundos, se presentaron 1.456 temporales y 202 definitivos, mientras que se presentaron 1.632 aperturas.

En cuanto al tipo de hospital que tuvo cierres en ese periodo de tiempo, 13.320 fueron en institución privadas, de las cuales 11.122 corresponden a temporales y 2.198 a defintivos; entre tanto, se abrieron 10.998 servicios. En entidades públicas, por su parte, se presentaron 1.549 cierres temporales, 271 defnitivos y 2.040 aperturas. En cuanto a las de naturaleza mixta, los cierres temporales fueron 27 y los definitivos 10, pero los servicios que se abrieron fueron 12.

Los servicios de mediana complejidad —en los que están pediatría, cirugía general, medicina interna, ortopedia y ginecobstetricia— fueron los que más impacto tuvieron. Cerraron temporalmente 6.596 servicios, definitivamente 1.319 y se abrieron 7.448.

Por el lado de los servicios de baja complejidad —que reúnen actividades de promoción y prevención, consulta médica y odontológica, internación, urgencias, partos sencillos y servicios de ayuda diagnóstica básicos— el panorama refleja que se presentarron 5.491 cierres temporales, 1.039 cierres definitivos y 5.448 aperturas. Finalmente, los de alta complejidad —que abarcan servicios de neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, dermatología, radiología, medicina nuclear y unidades de cuidados intensivos y renales— tuvieron 103 cierres temporales, 44 cierres definitivos y 80 se abrieron.

¿Dónde y qué servicios cerraron?

Antioquia fue el departamento en donde más cierres de servicios de salud hubo. Los temporales fueron 2.835 y los definitivos 459, mientras que las aperturas fueron 3.124.

Le siguieron Nariño, con 1.109 cierres temporales y 149 definitivos, pero se abrieron 1.058 servicios. Los otros departamentos que siguen son Córdoba y Cundinamarca.

En la zona costeña los cierres temporales se ubicaron en 1.070, mientras que los definitivos fueron 100 y las aperturas 901. En la zona central, el comportamiento fue de 733 cierres temporales, 150 definitivos y 411 aperturas.

El tipo de servicio que más se cerró en Colombia durante el año pasado fue el de medicina general. Se cerraron temporalmente 765 de estos, mientras que definitivamente fueron 119. El número de aperturas se ubicó en 633.

El otro servicio que más cierres tuvo fue el de odontología, con 780 temporales y 74 definitivos; entre tanto, los que se abrieron fueron 519.

Para el presidente de la Unips, Jorge Toro, preocupa que el de medicina general sea el servicio con más cierres, puesto que “es la puerta al sistema de salud”.

¿Cómo arreglar el problema?

El observatorio Así Vamos en Salud reveló en abril pasado que entre 2021 y 2025 se han cerrado 4.104 instituciones prestadoras de salud. Estos se concentraron en Bogotá, con 580 cierres reportados. A la capital, le sigues Antioquia con 273, Atlántico con 268 y Cali con 227. Posteriormente, están Barranquilla (212), Santander (204) y Cundinamarca (177). Por su parte, los territorios con menos IPS cerradas son Guaviare (3), Vaupés (3), Guainía (4), San Andrés y Providencia (7) y Vichada (7).

El director de esa organización, Augusto Galán, le dijo a EL COLOMBIANO que más allá del plan de choque a 90 días que prometió en campaña el presidente electo Abelardo de la Espriella, se debe pensar uno a mediano y largo plazo en el que tiene que haber una política de oferta, en cuanto a la de talento humano, la de infraestructura física y la digital.

“En el futuro inmediato hay que solucionar inyectando recursos financieros al sistema para que fluya bien y se recuperen servicios que se han cerrado; a largo plazo, necesitamos una política nacional de oferta para entender qué necesitamos y dónde están ubicados los que tienen esas necesidades para que la oferta se desarrolle más equitativamente”, aseguró.

Por su parte, el investigador Jiménez mencionó que el verbo que debe regir la reconstrucción de la confianza entre actores del sistema es “reconstruir” con las “EPS manejando recursos consolidados y establecer una dinámica de pagos a las IPS en ciertos plazos, con la promesa de que las IPS puedan abrir servicios y mejorar las condiciones del talento humano en salud”.

Como lo contó este diario, las personas encargadas del empalme con el ministerio y todo el sector salud se comprometieron con los actores del sistema a acatar las órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC. En ese sentido, y si lo cumplen, Galán señala que con los recursos que entren de más se debe “establecer priorización e incentivos”, pues “hoy hay claridad de que los más afectados son los que están en la punta de la pirámide que son los menos numerosos, pero los más costosos”.

“En esta crisis hay que ubicar dónde están esos pacientes, qué necesitan y cómo aseguramos que van a recibir tratamientos continuos e interrumpidos”, puntualizó. Por su parte, Jiménez dijo que con la garantía de que lleguen nuevos recursos a las IPS “se pueda retomar la confianza y arriben inversores privados que den estabilidad al sistema”.

Lío de las intervenciones en EPS por la alta rotación de agentes: Daniel Quintero cambió a la mayoría la semana pasada

El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció esta semana cambios en la mayoría de los agentes interventores de las EPS que permanecen bajo medidas especiales de vigilancia, al considerar que los resultados obtenidos durante su gestión no han sido satisfactorios. La decisión impacta a entidades como SOS, Emssanar, Asmet Salud y Coosalud, donde ya comenzaron los relevos en los cargos de intervención.

Quintero explicó que el próximo 30 de junio se llevará a cabo un comité de medidas especiales en el que se evaluará el desempeño de los interventores y se definirán nuevas acciones para fortalecer la administración de estas aseguradoras. Según indicó la Superintendencia Nacional de Salud, la revisión será objetiva y no tendrá en cuenta el gobierno bajo el cual fueron designados los funcionarios.

El superintendente manifestó públicamente su inconformidad con la labor desempeñada por varios de los interventores, señalando que los avances registrados no cumplen con las expectativas de la entidad. En ese contexto, confirmó que SOS, Emssanar y Asmet Salud ya cuentan con nuevos responsables al frente de las intervenciones.

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Respecto a Coosalud, explicó que un fallo judicial permitió a la Superintendencia retomar el control del proceso de intervención y designar un nuevo agente. No obstante, aclaró que los nombres de los funcionarios elegidos serán divulgados más adelante.

Además de estos cambios, la entidad revisará en los próximos días los resultados de una auditoría realizada al Fondo de Mitigación de Emergencias y Atención en Salud (Fmac). De acuerdo con Quintero, los hallazgos de ese proceso serán dados a conocer a la ciudadanía una vez concluya su análisis.

La decisión de reemplazar a varios interventores ocurre después de que, en mayo, Quintero solicitara la renuncia de todos los responsables de las EPS intervenidas. La medida fue anunciada tras conocerse un informe de la Contraloría que advirtió un deterioro financiero y operativo en varias aseguradoras, situación que podría comprometer la prestación de los servicios de salud y la sostenibilidad del sistema.

Entre los casos más preocupantes figura Nueva EPS, que reúne a 11,6 millones de afiliados. El organismo de control señaló que la entidad carecía de estados financieros certificados correspondientes a 2024 y 2025, además de registrar un déficit de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalización.

Actualmente, la Superdalud podría interferir en el manejo de entre $4 billones y $5 billones al mes por concepto de UPC que le dan a las EPS intervenidas.

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