Defensoría del Pueblo pide al Gobierno “hacer un alto en la mesa de diálogo” tras ataque en Putumayo
Tras el ataque contra dos integrantes del Ejército en Putumayo, la Defensoría del Pueblo instó a frenar las negociaciones con la CNEB hasta que haya un compromiso público de no repetición.
En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo rechazó los hechos ocurridos en la vereda Siloé, en Putumayo, y expresó solidaridad con los uniformados afectados. Según la entidad, el ataque —atribuidos a los Comandos de Frontera, facción de la CNEB— demuestra la falta de garantías para mantener un proceso de diálogo sin actos de violencia.
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“Según el reporte recibido, durante operaciones militares, ungrupo de civiles, bajo presión y constreñimiento de los “Comandos de la Frontera - CDF”, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habria prendido fuego a dos integrantes del Ejército Nacional. Como resultado, un oficial y un soldado sufrieron quemaduras de gravedad”, dice el comunicado.
La Defensoría pidió al Ejecutivo “hacer un alto en la mesa de diálogo” hasta que la CNEB condene públicamente lo ocurrido y se comprometa con garantías de no repetición.
El organismo también comentó que la continuidad de los acercamientos debe estar sustentada en el respeto a principios básicos de humanidad y en acciones verificables para el desescalamiento de la violencia.
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Por otro lado, Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la CNEB, rechazó “de manera vertical” el ataque en Putumayo, al considerarlo incompatible con los principios de humanidad y con el hecho de que la organización participa en una mesa de paz.
Explicó que la delegación exige a la CNEB un pronunciamiento público y sin ambigüedades de rechazo a lo ocurrido. “Eso no puede volver a ocurrir”, advirtió, y señaló que el Gobierno evaluará la respuesta de la organización para definir, junto al consejero de paz y al presidente de la República, el rumbo de la negociación.
Además, recalcó que solo será aceptable un pronunciamiento en el que la CNEB condene lo sucedido y se comprometa a no patrocinar ni permitir acciones similares en sus zonas de influencia.
La CNEB es una estructura disidente de las FARC que agrupa principalmente a los Comandos de la Frontera en Putumayo y a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño. Su origen se remonta a la fragmentación de la Segunda Marquetalia, y hoy cuenta con influencia en zonas clave para el narcotráfico y otras economías ilegales.
El Gobierno colombiano abrió conversaciones con esta organización en el marco de la Paz Total, logrando algunos avances en los últimos meses. Durante el quinto ciclo de negociación, cerrado en mayo de 2025, se pactó la creación de dos zonas de ubicación temporal para al menos 120 combatientes, así como compromisos en sustitución de cultivos, búsqueda de desaparecidos y desminado humanitario.
Para inicios de julio, ambas partes anunciaron un nuevo acuerdo en Nariño que incluía una inversión inicial de 8.000 millones de pesos para poner en marcha un plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca. La firma del compromiso se dio tras un encuentro realizado en Chajal y la Laguna de Chimbusa, con participación de comunidades campesinas y étnicas.
El documento establece que la CNEB se compromete a contribuir en la superación de las economías ilegales a cambio de garantías institucionales que fortalezcan proyectos productivos legales y sostenibles en los territorios.
El acuerdo buscaba articular la sustitución con programas sociales, con el fin de evitar que los campesinos queden sin alternativas económicas viables.
Este hecho se suma a otros momentos de tensión, como la captura con fines de extradición de alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, lo que debilitó la confianza entre las partes.
La Defensoría del Pueblo advirtió que mientras no se garantice el respeto a la vida y la dignidad de las comunidades, los diálogos carecerán de legitimidad.
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