Este es el general en retiro que reconoció ante la JEP su contribución a que se cometieran 130 ‘falsos positivos’
Se trata de Carlos Ovidio Saavedra, quien ha comparecido ante esa jurisdicción por casos de ejecuciones extrajudiciales en el Meta.
En una audiencia pública de reconocimiento de verdad que se desarrolla en Villavicencio, el general retirado Carlos Ovidio Saavedra admitió ante la JEP que, durante su comandancia de la VII Brigada del Ejército entre 2001 y 2003, ejerció presión sobre sus subordinados para incrementar las bajas en combate.
Dicha práctica, según reconoció, contribuyó al asesinato de 130 civiles inocentes que posteriormente fueron presentados falsamente como resultados operacionales.
La diligencia hace parte del Macro Caso 03 que investiga los llamados “falsos positivos”, y reúne a los 27 integrantes de la fuerza pública imputados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en esa región del país.
La audiencia, que se extiende hasta mañana, inició con una fuerte carga simbólica. Más de 80 víctimas acreditadas ingresaron al recinto portando fotografías de sus familiares asesinados y desaparecidos.
Las imágenes fueron ubicadas en un árbol de memoria dispuesto en el auditorio como acto de dignificación y homenaje. De acuerdo con la JEP, el universo de víctimas reconocidas en el subcaso Meta asciende a 462 personas.
Los comparecientes, quienes hicieron parte del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR), el Gaula Militar Meta y la VII Brigada, aceptaron responsabilidad por 209 asesinatos que fueron presentados ilegalmente como bajas en combate entre 2002 y 2007. Entre las víctimas se encuentran diez menores de edad.
“Empezamos a medir los resultados por la cantidad de muertos”
Durante su intervención, el general retirado Carlos Ovidio Saavedra reconoció que la lógica institucional de la época privilegió los resultados medidos en bajas reportadas y terminó consolidando prácticas criminales dentro de las unidades militares.
“Detrás de esas víctimas no había combatientes ni enemigos”, afirmó el oficial retirado, al tiempo que reconoció que los comandantes eran evaluados, comparados y distinguidos por el número de bajas que registraban.
Además, dijo que “poco a poco empezamos a medir los resultados por la cantidad de muertos”.
El exmilitar admitió haber ejercido presión sobre los comandantes bajo su mando para aumentar los resultados operacionales. Incluso reconoció haber utilizado expresiones como “tóquela la puerta al vecino” o “en río revuelto, ganancia de pescadores”.
Saavedra también aceptó que durante su administración se otorgaron felicitaciones, permisos y otros beneficios a militares vinculados con operaciones en las que se reportaban muertes. Recordó que incluso emitió comunicados oficiales felicitando al Batallón Pantano de Vargas por alcanzar las 100 bajas en combate durante 2003.
“Hoy me avergüenzo porque esas bajas corresponden a civiles asesinados. La muerte terminó convirtiéndose en mostrar eficiencia militar”, afirmó ante las víctimas y los magistrados.
Falta de controles y encubrimiento de los crímenes
Uno de los puntos centrales de su reconocimiento estuvo relacionado con la ausencia de controles efectivos para verificar la legalidad de las operaciones militares. Saavedra admitió que tenía la obligación de revisar la documentación operacional y garantizar que los procedimientos se ajustaran a la ley.
Sin embargo, reconoció que no ejerció esa función con el rigor necesario. Según explicó, muchas carpetas operacionales contenían documentos alterados, informes falsificados y montajes destinados a dar apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones forzadas.
A pesar de la existencia de señales de alerta e irregularidades, reconoció que no ordenó las inspecciones ni las investigaciones requeridas para esclarecer los hechos.
El general retirado también se refirió a lo que calificó como una “segunda forma de violencia ejercida contra las víctimas y sus familias”.
Explicó que, tras los asesinatos, se construían versiones falsas para presentar a los civiles como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate. Para ello se elaboraban informes falsos, documentos manipulados y supuestas incautaciones de armas o material de guerra.
“Reconozco que mi responsabilidad no se limita a no haber impedido las muertes; también soy responsable por no haber impedido que esas muertes fueran ocultadas mediante falsedades que destruyeron la dignidad de las víctimas y prolongaron el sufrimiento de sus familias”, expresó Saavedra.
Reconoce vínculos con estructuras paramilitares Otro de los aspectos más relevantes de su declaración fue el reconocimiento de la existencia de relaciones ilegales entre integrantes del Ejército y estructuras paramilitares.
Saavedra aceptó que bajo su mando existió connivencia entre miembros del Batallón Pantano de Vargas y organizaciones pertenecientes al Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).