¿Lavada de manos? Iván Velásquez dice que no supo de los acuerdos entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo
El hoy embajador respondió a través de X al escándalo revelado por Noticias Caracol.
En medio de la tormenta desatada por los audios revelados por Noticias Caracol sobre supuestos beneficios otorgados al Clan del Golfo, el embajador en Roma y exministro de Defensa Iván Velásquez salió a marcar distancia.
Velásquez buscó además desmarcar a Danilo Rueda de una de las decisiones que más controversia generó el comienzo del gobierno Petro: la salida de 35 oficiales de la Fuerza Pública.
Aseguró que el entonces alto comisionado para la Paz “no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso” y que jamás fue consultado sobre algún uniformado.
Con esa precisión, el exministro intentó cerrar la puerta a las versiones que atribuyen a Rueda algún grado de influencia en la depuración de la cúpula militar y policial, al afirmar que “no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”.
Hay que recordar que Velásquez se desempeñó como ministro de Defensa entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de febrero de 2025.
Para el jurista, la evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realizó dos semanas antes de asumir el cargo, fue un “procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones”.
Para desligarse del escándalo, sostuvo que las afirmaciones realizadas por Danilo Rueda, de acuerdo con los audios referidos, “solo lo comprometen a él” y que será este quien deba ofrecer las explicaciones correspondientes.
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También dijo que “no es cierto que se hubiera convenido, ni siquiera abordado, el tema de la suspensión de bombardeos”.
El exfuncionario, en el largo mensaje publicado, precisó que, como fue conocido por la opinión pública en su momento, la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos casos en los que se detectara la presencia de menores de edad, en aplicación del principio de precaución y de la prevalencia superior de los derechos de los niños.
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