La megacárcel de Medellín alcanza el 47% y abrirá sus puertas en julio de 2027
675.000 millones de pesos de inversión, 1.339 cupos, inhibidores de señal y vigilancia privada especializada.
La Megacárcel Metropolitana para Sindicados, ubicada en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal, en el noroccidente de Medellín, lleva un avance del 47%, según informó la Alcaldía de Medellín este 19 de octubre.
Las celdas de los primeros cinco pabellones ya alcanzaron el cuarto nivel de construcción. Para mayo de 2027, las obras deben estar terminadas, y para julio, el alcalde Federico Gutiérrez aspira a recibir a los primeros cien detenidos que hoy duermen hacinados en las estaciones de policía del Valle de Aburrá.
“Vamos viento en popa. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto”, dijo Gutiérrez durante una visita a la obra.
La cárcel tendrá capacidad para 1.339 personas, distribuidas en seis pabellones. Cinco de ellos tendrán capacidad de 240 internos cada uno y un sexto con 139, que contará con una Unidad de Tratamiento Especial y espacios para personas con discapacidad. Cada celda alojará a cuatro personas.
El recinto también tendrá espacios de salud, visitas familiares, trabajo, formación y educación orientados a la resocialización de los reclusos. Pero la característica que más enfatiza la Alcaldía es una que ha causado gran preocupación al sistema penal colombiano: las extorsiones telefónicas de los criminales.
Por esto, la megacárcel tendrá inhibidores de señal de celular. Además, no habrá tomas de corriente en las celdas, para que los detenidos no puedan extorsionar ni delinquir desde adentro.
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Un modelo nuevo en Colombia
La megacárcel es el primer proyecto carcelario bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) en Colombia, y su funcionamiento es inédito en el país.
Según la Alcaldía, no han invertido un solo peso en la construcción.
Hasta ahora, todo ha corrido por cuenta de Carmet Medellín S.A.S., la concesión creada por la empresa mexicana Prodemex para este proyecto. El Distrito no comenzará a pagar hasta que haya internos dentro.
Prodemex construye y financia la obra. Además, en 2023 Grupo Aval —a través del Banco de Occidente y el Banco de Bogotá— cerró el financiamiento con 215.000 millones de pesos adicionales.
Una vez la cárcel entre en operación, la Alcaldía pagará entre 50.000 y 60.000 millones de pesos anuales durante 12 años, para un total que supera los 675.000 millones. Al cabo de ese periodo, toda la infraestructura pasa a ser propiedad del Distrito.
La vigilancia y el control de los internos tampoco estarán a cargo del INPEC, como ocurre en las cárceles convencionales del país, sino de un operador de vigilancia privada especializado. “Este tiene que ser un modelo no solo para Medellín, sino para Colombia”, insistió Gutiérrez.
Historial de Promedex
La empresa detrás de Carmet Medellín tiene a su cargo dos prisiones de los Centros Federales de Readaptación Social en México, en Gómez Palacio, Durango, y Buenavista Tomatlán, Michoacán. En 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la denunció públicamente por presuntos sobrecostos.
Según dijo el expresidente, los servicios se cobraban como si las prisiones fueran “hoteles cinco estrellas”, con un costo promedio por interno de cerca de 3.913 pesos mexicanos al día —unos 833.000 pesos colombianos de esa época—. El gobierno mexicano tuvo que renegociar y logró una reducción del 15%.
La misma empresa también estuvo vinculada a los problemas de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, que en mayo de 2021 sufrió el colapso de un viaducto sobre la avenida Tláhuac, dejando 26 muertos y 80 heridos.
La Alcaldía de Medellín asegura conocer esos antecedentes y haber tomado medidas para evitar situaciones similares en el contrato local.
Un problema que no se resuelve del todo
Según la Personería de Medellín, hay actualmente 1.532 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y calabozos que tienen capacidad para 688, lo que representa un hacinamiento del 123%. Si se suman quienes están en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, la cifra podría acercarse a los 3.000 detenidos.
En ese escenario, la megacárcel quedaría copada desde el primer día, dándole oxígeno a las estaciones del Valle de Aburrá y las URI. Sin embargo, aún quedaría un sistema penal al límite.
”Están diciendo que van a construir una maravilla de cárcel, con una inversión millonaria, pero esto tampoco va a solucionar la situación que se vive actualmente”, advirtió Jorge Carmona, exdefensor de Derechos Humanos de la Población Carcelaria.
Carmona también recuerda que la Corte Constitucional ordenó la construcción de este tipo de infraestructura desde 2019. Han pasado siete años desde la primera sentencia y la obra aún no está terminada. “La primera orden fue que todas las personas privadas de la libertad en sitios de paso pasaran a un solo espacio digno, y eso nunca se cumplió”, señaló.
La obra ha generado 563 empleos directos, principalmente para habitantes de San Cristóbal y sectores aledaños. Para diciembre, el alcalde proyecta superar el 60% de avance.
En mayo, si los cronogramas se cumplen, las llaves estarán listas, y en julio, si todo sale bien, los primeros internos dejarán las estaciones de policía para ocupar las celdas de la primera cárcel privada de Colombia.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo funcionará el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en la megacárcel de Medellín?
- El Distrito de Medellín no invierte dinero público durante la construcción. La empresa privada concesionaria (Carmet Medellín / Prodemex) financia y construye la obra. Una vez empiece a operar en julio de 2027, el Distrito pagará una cuota anual durante 12 años y, al finalizar ese plazo, la cárcel pasará a ser propiedad del municipio.
- ¿Por qué la vigilancia de este centro penitenciario no estará a cargo del Inpec?
- Al tratarse de una Cárcel Metropolitana para Sindicados financiada bajo el esquema APP, el modelo operativo contempla la contratación de un operador de seguridad y vigilancia privada especializado, buscando establecer protocolos de control y custodia independientes del Inpec.
- ¿La megacárcel resolverá definitivamente el hacinamiento en las estaciones de policía de Medellín?
- No. Aunque dará un respiro crítico al sistema, las estaciones de policía de la ciudad registran más de 1.500 detenidos y las URI albergan a más de 1.400. Al tener una capacidad máxima de 1.339 cupos, la megacárcel se llenará desde su apertura, por lo que el déficit de infraestructura penal persistirá.