Ilva Myriam Hoyos, polémica por su perfil religioso, llega como nueva ministra de Educación, ¿convertirá su doctrina en programa de gobierno?

Durante su paso por la Procuraduría, como delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos se convirtió en una de las figuras más polémicas de la administración de Alejandro Ordóñez por sus posiciones abiertamente conservadoras y su defensa de una visión marcada por sus convicciones religiosas, especialmente en debates como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, más de una década después de aquella etapa, Hoyos regresa a la primera línea del poder, esta vez de la mano del presidente Abelardo De la Espriella en reemplazo de Viviane Morales. Su llegada al Ministerio de Educación abre una pregunta inevitable: ¿mantendrá en el Gobierno la misma línea conservadora y religiosa que marcó su trayectoria en la Procuraduría?

Su paso por el Ministerio Público estuvo marcado por varios enfrentamientos con decisiones de la Corte Constitucional y con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Como procuradora delegada, Hoyos cuestionó decisiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, promovió acciones contra quienes consideraba responsables de promover estas prácticas y llegó a denunciar a magistrados de la Corte Constitucional por una decisión relacionada con una tutela sobre el aborto.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió alrededor de la Clínica de la Mujer en Medellín. Hoyos cuestionó el funcionamiento del centro durante la administración del entonces alcalde Alonso Salazar, al considerar que podía incentivar la práctica del aborto, pese a que la interrupción del embarazo estaba despenalizada en Colombia bajo las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. También emprendió acciones contra la activista Mónica Roa y contra magistrados del alto tribunal por actuaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

La nueva integrante del gabinete de Abelardo De la Espriella es una jurista con experiencia en el derecho constitucional, la academia y el sector público, pero también una figura que durante su paso por la Procuraduría estuvo en el centro de varias controversias por sus posiciones frente al aborto, los derechos sexuales y reproductivos y la objeción de conciencia.

Hoyos Castañeda es abogada de la Universidad del Rosario y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. También realizó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.

Su carrera ha estado estrechamente ligada al mundo académico. En la Universidad de La Sabana fue profesora titular e investigadora y ocupó cargos directivos como decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades. También estuvo al frente de publicaciones especializadas como Pensamiento y Cultura y Díkaion.

Un paso por el sector público y la magistratura: la controvertida doctora Ilva Myriam

Pero fue en el sector público donde Hoyos Castañeda construyó el perfil que hoy vuelve a ponerla bajo los reflectores. Antes de llegar a la Procuraduría, ocupó la jefatura de la Oficina Jurídica de la antigua Inravisión y se desempeñó como asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación.

Su nombre adquirió especial notoriedad durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación. Allí fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, desde donde asumió posiciones particularmente firmes en asuntos relacionados con la familia, el aborto y los derechos sexuales y reproductivos.

En aquella época, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y distintos sectores políticos y jurídicos cuestionaron sus actuaciones y señalaron que sus posiciones religiosas estaban influyendo en el ejercicio de sus funciones públicas. Sus críticos llegaron a acusarla de anteponer sus convicciones religiosas a decisiones y jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Su confrontación con quienes defendían los derechos sexuales y reproductivos también llegó a los tribunales. Hoyos emprendió acciones penales contra la abogada Mónica Roa, después de que ella y otras 1.201 mujeres promovieran una tutela en la que cuestionaban la información entregada por funcionarios de la Procuraduría sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Otro episodio que marcó su paso por el Ministerio Público tuvo como protagonistas a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas. Hoyos los denunció penalmente a raíz de una decisión relacionada con una mujer que había solicitado la interrupción de su embarazo bajo una de las causales permitidas por la legislación colombiana.

El caso tomó un giro aún más polémico durante el trámite judicial. La mujer finalmente interrumpió su embarazo y la Corte consideró necesario adoptar medidas frente a las barreras que había encontrado para acceder al procedimiento. Entre esas decisiones estuvo la orden de investigar la actuación de las EPS involucradas y solicitar a la Procuraduría una labor pedagógica sobre las circunstancias en las que el aborto estaba permitido en Colombia.

La respuesta de Hoyos fue diferente. En lugar de limitarse a acatar esa orientación, presentó una denuncia penal contra los magistrados Sierra Porto y Vargas, cuestionando que no hubieran puesto en conocimiento de las autoridades la interrupción del embarazo realizada por la mujer.

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Aquellas actuaciones terminaron convirtiendo a Hoyos Castañeda en una de las figuras más identificadas con el sector conservador de la Procuraduría durante la era de Alejandro Ordóñez. Su trayectoria también la llevó en varias ocasiones a intentar llegar a la Corte Constitucional, aspiración que finalmente no se concretó.

Ahora, más de una década después de aquellos episodios, Hoyos regresa al Gobierno, pero desde una posición con enorme capacidad para incidir en la formación de niños y adolescentes. El Ministerio de Educación tiene bajo su responsabilidad asuntos como los contenidos escolares, la educación sexual, las políticas para la infancia y la adolescencia y buena parte de las discusiones sobre formación en derechos.

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