Ricardo Roa se salva, por ahora, de investigación por millonario negocio de helicópteros, ¿qué pasó?
El caso está relacionado con la presunta responsabilidad de Ecopetrol y dos de sus filiales en un supuesto esquema para restringir la competencia en la millonaria contratación de helicópteros.
Por ahora, Ricardo Roa no será investigado por un millonario negocio de helicópteros. Un juez de Bogotá decidió mantener cerrado el caso que involucra al expresidente de Ecopetrol y a otros directivos, pero la decisión fue apelada y tendrá que ser revisada por otros jueces.
Todo ocurrió tras dos jornadas de audiencia, llevadas a cabo el 1 y 6 de septiembre, en las que el despacho concluyó que no fueron presentados elementos materiales probatorios nuevos y suficientes para justificar el desarchivo del proceso.
En este caso, Helicol pidió investigar a Roa por presuntamente restringir la competencia en la contratación de helicópteros que prestaban servicio a la petrolera. Por esos hechos, pedían que fuera investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.
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Al analizar las pruebas, la Fiscalía decidió archivar la investigación el 22 de agosto de 2025 al considerar que los hechos denunciados no cumplían “los elementos objetivos de los delitos investigados”. Meses después, Helicol pidió reabrir el caso, pero la Fiscalía 534 Seccional negó esa solicitud el 30 de diciembre de 2025.
La discusión llegó entonces ante un juez de control de garantías. El argumento era que habían aparecido nuevos elementos relacionados con una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los procesos de contratación de helicópteros de Ecopetrol. En particular, aseguró que un informe de 2026 recomendaba sancionar administrativamente, entre otros, a Ecopetrol por un supuesto sistema continuo y sistemático para restringir la libre competencia.
La Fiscalía y las defensas se opusieron al desarchivo. Argumentaron que la resolución de la SIC ya había sido conocida y analizada durante la investigación penal y que las nuevas informaciones presentadas no tenían la fuerza suficiente para cambiar la decisión de archivo. También señalaron que la actuación de la SIC corresponde a un proceso administrativo y que no existe una decisión definitiva que determine responsabilidad.
Finalmente, el juez concluyó que no había una prueba nueva suficiente para tumbar la decisión de la Fiscalía y negó la solicitud de reanudación de la investigación. Helicol y la Procuraduría apelaron, por lo que la decisión será estudiada por los jueces penales del circuito de Bogotá.
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