Disidencias de las Farc secuestraron, con fusiles y pistolas, a abogada de excombatientes en Cauca; ¿cómo está ella?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció que una abogada de comparecientes de las antiguas Farc, Sandra Mónica Herrera Gaviria, fue víctima de secuestro este 20 de septiembre.

Según informó el tribunal de justicia transicional, los hechos ocurrieron en el sector del cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), mientras la abogada, vinculada a la entidad mediante el convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se dirigía hacia La Plata (Huila).

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Así fue el ataque armado a la abogada y su esquema de seguridad de la UNP

En el trayecto, sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde se movilizaba Herrera. En ese momento, encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante cerca de 40 minutos en una vía destapada de la zona.

“Nos secuestraron unos hombres armados, de la guerrilla. Íbamos en el vehículo de Protección asignado con la UNP. Nos asaltaron en Páez, Cauca, nos llevaron por un camino destapado por unos 40 minutos o más. El tiempo no lo tengo muy presente, pero sí tengo presente que fue un momento supremamente tenso para mí y las personas que hacían el acompañamiento por parte de la UNP”, dijo.

Luego, reportó la JEP, los agresores se robaron el vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos, y dejaron tirada a Herrera con su equipo en el lugar, incomunicados.

“Les sacaron los proveedores, nos quitaron el vehículo y nos dejaron en el camino, sin señal. Intentamos comunicarnos con autoridades pero no fue posible en ese momento hasta que alguien en un carro nos recogió y nos llevaron a La Plata, donde llegamos a hacer las denuncias correspondientes”, agregó.

A renglón seguido, cuestionó si, por ser fin de semana, la UNP “no tiene unas medidas de urgencia y apoyo para extraernos del municipio, nos han dicho que nos dirijamos hacia el sitio de destino en vehículo público. Me he opuesto totalmente porque ellos están desarmados y yo no tengo otro medio de protección”.

Y concluyó que “no había respuesta oportuna de la UNP” y seguían “en territorio, expuestos”. A pesar del susto, la profesional y los miembros de su equipo salieron ilesos.

Rechazo de la JEP ante intimidaciones a defensores de la justicia transicional

El tribunal condenó los hechos. “La JEP rechaza el hecho de violencia contra la abogada y sus esquemas de seguridades y subraya que este hecho constituye un acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial”, se lee en el comunicado.

Después, hicieron referencia a que el hecho de que la abogada trabaje con la JEP por convenio no le resta gravedad a los hechos ocurridos.

“La Jurisdicción rechaza categóricamente cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio”, añadieron.

La JEP explicó, además, que la abogada es amenazada permanentemente, por eso tiene esquema de seguridad de la UNP. “Ante las constantes amenazas denunciadas por la abogada, la magistratura de la Jurisdicción ordenó a la UNP garantizar su seguridad. En respuesta, el pasado 6 de mayo le fue asignado el esquema de protección”.

Exigencia de garantías de seguridad al Gobierno Nacional y a la UNP

Finalmente, la JEP exigió al Gobierno Nacional y a la UNP revisar los esquemas y garantizar la seguridad de las personas que trabajan con el tribunal en diferentes regiones del país.

“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni la magistratura”, dijo la entidad, añadiendo que “exige al Gobierno Nacional y la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la Jurisdicción en las regiones de Colombia”.

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Tensión política y presupuestal entre el Gobierno De la Espriella y la JEP

Esta exigencia se presenta en medio de la puja entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el tribunal transicional. El primer mandatario aplaudió una propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, para quitarle $100.000 millones a la entidad y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, cuestionó las iniciativas respaldadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre sus posibles efectos en la independencia y el funcionamiento de la jurisdicción.

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El 18 de septiembre, Ramelli envió una comunicación a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) para poner en su conocimiento las iniciativas que avanzan en el Congreso.

Ante eso, De la Espriella dijo que “la JEP no está exenta de críticas” y que “no tiene una política de venganza” contra ella. A su vez, afirmó que tiene “el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe —por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública— como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad”.

Desde campaña, el hoy presidente ha sido crítico con la JEP, al punto de haber dicho que la cerraría. Sin embargo, al llegar a la Casa de Nariño matizó esa postura, sin dejar de cuestionar al tribunal.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Quién es Sandra Mónica Herrera Gaviria y qué función cumple en la JEP?

Es una abogada penalista encargada de la defensa judicial de comparecientes de las antiguas Farc, vinculada mediante un convenio institucional entre la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo.

¿Qué grupo armado opera en la zona donde ocurrió el secuestro en Páez, Cauca?

Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el municipio de Páez (Cauca) presenta una fuerte presencia y control territorial del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

¿Por qué hay tensión entre la JEP y el Gobierno Nacional?

La tensión obedece al respaldo del Gobierno a una propuesta legislativa para recortar $100.000 millones al presupuesto de la JEP, lo que llevó a su presidente a acudir ante la Corte Penal Internacional (CPI).