Amnistía Internacional pidió “resistir” el ataque de EE. UU. a la Corte Penal Internacional tras Nobel de Paz a Navi Pillay
La medida, calificada por la ONU como un “grave golpe” y por Amnistía como un intento de destrucción, coincidió casualmente con el otorgamiento del Nobel de la Paz a una de las exjuezas del tribunal.
Amnistía Internacional criticó duramente este viernes 9 de octubre el “ataque” de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), e instó a los países a “resistir” tras la imposición de sanciones por parte de Washington a ese organismo judicial.
“Las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para aislar y, en última instancia, destruir la Corte Penal Internacional”, declaró la abogada Erika Guevara Rosas, dirigente de la organización humanitaria basada en Londres, en un comunicado.
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“Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas sanciones”, agregó. La entidad ha instado a los Estados de la comunidad internacional a oponerse con firmeza a la campaña de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI).
Todo esto se dio luego de que Estados Unidos anunciara este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional y prometiera paralizar las actividades de ese tribunal, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a su exjueza Navi Pillay.
Estados Unidos no forma parte de la CPI, con sede en La Haya, y con esta medida pretende “defender la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos”, informó el Departamento de Estado.
La corte rechazó las sanciones y afirmó que “la historia juzgará este momento”, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, consideró la medida de Washington como un “grave golpe” a la justicia internacional.
El anuncio se produjo el mismo día en que el Comité Noruego otorgó el premio a Pillay, una jurista de 85 años que encabezó el tribunal para el genocidio de Ruanda, sirvió en la CPI y posteriormente dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington prohibiría las transacciones con la CPI, a la que calificó de “deshonesta”. “O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, declaró en un comunicado.
Rubio no mencionó a Pillay ni al premio Nobel. En cambio, dijo que las sanciones eran necesarias para proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de ser procesados.
“El presidente (Donald) Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, destacó Rubio, y agregó que las medidas paralizarían “su capacidad de funcionar”.
Seis meses de gracia: “Ladrillo a ladrillo”
Washington le concede, sin embargo, seis meses de gracia al alto tribunal, para dar tiempo a los Estados miembros para que demuestren que responden con acciones concretas “a las preocupaciones de Estados Unidos”.
Para la Corte, las sanciones constituyen “un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”.
“La decisión de hoy supone un grave golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental”, declaró a la prensa el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Washington había explicado durante más de un año los “gestos básicos de buena fe” que esperaba del tribunal, y se había abstenido de imponer sanciones con la esperanza de que la CPI o sus Estados miembros cambiaran de rumbo.
“Esperamos que nuestros aliados logren calmar los ánimos de la Corte. De lo contrario, Estados Unidos seguirá desmantelando la CPI, ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses ya no puedan verse amenazados”, explicó Rubio.
“Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”, dijo en un comunicado la Comisión Europea.
“La UE está preparada para tomar todas las medidas necesarias para permitir a la corte continuar su trabajo”, agregó el brazo ejecutivo del bloque. Japón también expresó su apoyo a la entidad.
La CPI no es un tribunal, sino una “entidad política”, reaccionó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien a su vez está bajo un mandato de arresto del organismo con sede en La Haya desde 2024, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a causa de la guerra en Gaza.
“Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas sanciones”, lanzó Amnistía Internacional.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Puede la Corte Penal Internacional juzgar a un ciudadano de un país que no es miembro, como Estados Unidos?
- Sí, la Corte Penal Internacional (CPI) puede juzgar a ciudadanos de países no miembros si los presuntos crímenes (como crímenes de guerra o de lesa humanidad) se cometieron en el territorio de un Estado que sí ha aceptado su jurisdicción. Aunque Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma ni reconoce la autoridad del tribunal, la CPI mantiene competencia territorial sobre hechos ocurridos dentro de países firmantes.
- ¿En qué consisten exactamente las sanciones financieras que impuso Estados Unidos a la CPI?
- Las medidas anunciadas por el Secretario de Estado, Marco Rubio, prohíben de forma estricta todo tipo de transacciones financieras o comerciales entre instituciones e individuos bajo jurisdicción estadounidense y la Corte Penal Internacional. El objetivo expreso de Washington con el bloqueo de recursos e intercambios bancarios es asfixiar económicamente al tribunal e inmovilizar sus operaciones operativas y logísticas.
- ¿Por qué Estados Unidos sostiene que la Corte Penal Internacional vulnera su soberanía nacional?
- El Gobierno estadounidense argumenta que sus funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y agentes de seguridad solo deben responder ante la Constitución y los tribunales de Estados Unidos. Al tratarse de una corte internacional cuya jurisdicción Washington no ratificó, la administración estadounidense considera que cualquier intento de procesar a sus ciudadanos constituye una injerencia ilegítima sobre sus leyes internas.
- ¿Qué impacto práctico tienen estas sanciones sobre el trabajo diario de la CPI en el mundo?
- Las restricciones limitan la capacidad operativa de la CPI al dificultar el pago de salarios, el financiamiento de investigaciones de campo, la transferencia de fondos internacionales y la contratación de servicios de logística o defensa en los casos que lleva adelante. La propia administración estadounidense confirmó que la meta explícita de estas medidas es “paralizar su capacidad de funcionar”.