Con Dilma destituida, en Brasil crece la incertidumbre

“Dilma es una mujer fuerte, guerrera; tiene su conciencia tranquila, la claridad de que los hechos que le imputaron no son verdaderos crímenes y muchísimo coraje de decírselo a los senadores que la hundieron, personalmente y mirándolos a los ojos. Ella sale de ese proceso con su cabeza erguida”.

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Así, en palabras de su abogado, José Eduardo Cardozo, se sentía la presidenta de Brasil minutos antes de que una mayoría del Senado decidiera despojarla del poder con una contundente mayoría: 61 votos de 81.

Aunque en cuatro meses de alegatos, preparación y consumación del juicio político, los parlamentarios sostuvieron que Rousseff debía salir por “corrupta” y hasta por “contradecir a Cristo”, al final fueron dos los argumentos en los que debían basar su decisión: maquillar las cuentas fiscales en 2014 y promulgar seis decretos para abrir créditos por 725 millones de dólares sin el aval del Congreso.

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Si bien los puntos fueron probados por la Fiscalía de Brasil, se convirtieron en objeto de polémica entre ciudadanos, políticos, académicos y hasta líderes mundiales: ¿Eran o no suficientes para destituir a una presidenta?

Cardozo, que en comunicación con EL COLOMBIANO calificó como “un honor poder actuar de apoderado en esta causa, poder estar como abogado del lado cierto de la historia y de la democracia”, insistió en que lo que él mismo defendió fue “un claro golpe parlamentario”.

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Para él, la situación se le complicó a la presidenta destituida al carecer de una mayoría en el Parlamento y al correr con la mala suerte de que se unieran políticos que no alcanzaron mayorías para ser senadores en 2014 con personajes investigados por el caso Lava Jato (el de corrupción a través de la estatal Petrobrás).

Ahora bien, desde el análisis constitucional, Virgilio Afonso da Silva, abogado constitucionalista de la Universidad de São Paulo, explica que a la luz de la Constitución sigue siendo difícil identificar si hubo sustento para el impeachment, ya que la solicitud de créditos suplementarios y las demoras en el pago a los bancos estatales son conductas que no aparecen claramente en la Carta Magna como causales y además fueron practicadas por expresidentes como Luiz Inácio Lula da Silva, aunque en cantidades inferiores.

Tampoco se justificó la decisión para Marc Chernick, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. “Dilma no estaba acusada de enriquecimiento ilícito ni hizo una ofensa para tumbarla del poder. Lo que ocurrió fue una maniobra de la oposición, parecido a un golpe de Estado, pero por la vía legal”, afirma el experto, y advierte que el hecho será dañino para la democracia del continente, que ve a Brasil como un referente.

Las salidas

Según Cardozo, Rousseff planea acudir a recursos de apelación. El primero será instaurar una acción al Tribunal Supremo de Brasil que permita cambiar los resultados, explicando que fueron “injustificados e inconstitucionales y no correspondieron a un crimen”.

Al respecto, Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center para la investigación, “no puede haber apelación porque ella fue culpable de violar leyes presupuestales”. De hecho, continúa, la decisión a última hora del Senado de dejar a la exmandataria con facultades para el ejercicio político “va contra la Constitución”, que contempla que un presidente destituido debe perder estos derechos durante 8 años.

“No hay lugar a la duda. El señor Michel Temer es ahora el heredero de la peor crisis que ha tenido Brasil, la misma que se profundizó en estos últimos seis meses del año”, sostiene el académico, y añade que el nuevo presidente, tan impopular como la misma Rousseff, solo podrá salir a flote si logra, como prevén, favorecer un crecimiento del 1,7 % para el próximo año.

“Si esto es verdad, Temer podría recibir apoyo, aunque no de las clases trabajadores, sí del empresariado”, detalla.

Distinto opina Marco Aurelio García, asesor de Asuntos Exteriores del Presidente de Brasil, tanto para el gobierno del Lula da Silva como para el de Rousseff. Según dice, “Brasil no tendrá días tranquilos, porque un gobierno ilegítimo con esta situación difícilmente responderá a las necesidades del pueblo”, y añade que su país ni siquiera tiene certeza sobre cómo se acomodará la política en las próximas elecciones municipales.

En esto último coincide Sotero, para quien, si bien hablar de golpe “es bastante exagerado”, el cambio en política es “desafortunado” y envía un mensaje fuerte a la sociedad de que la crisis se avecina si se sigue usando el poder para servirse.