Se acercaría primera condena en caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana
El extesorero de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, solicitó someterse a sentencia anticipada por falsedad en documento privado.
Un hecho crucial dentro del proceso por presunta corrupción relacionada con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se acercaría, con la asignación de la primera condena a uno de los presuntos implicados del escándalo por la contratación fraudulenta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Este viernes, 12 de junio, en medio de la audiencia de acusación por este mediático caso, la representante de la Fiscalía anunció que suscribió un preacuerdo con el extesorero y excontador del mencionado organismo de socorro, Juan Alberto Henao Cardona, quien en este proceso está acusado por el delito de falsedad en documento privado.
El preacuerdo implica que este acepta haber cometido este delito y la Fiscalía, a cambio, plantea que se le aplique un trato favorable consistente en la reducción de la pena posible a la mitad, con lo cual Henao podría pagar solo 19 meses de prisión.
Dentro de este proceso fueron acusados inicialmente también el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el exjefe de esa misma agrupación, Elkin de Jesús González, y la profesional del AMVA, María Yaneth Rúa, por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
Luego, en una segunda tanda, en enero pasado, fueron imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio (interés indebido en contratos y peculado por apropiación); las ex subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (presunto interés indebido en contratos), y el mencionado Cardona.
A Cadavid le fue avalado un principio de oportunidad, en tanto que Rúa y González están pendientes de que les acepten el mismo beneficio.
Los hechos por los que están siendo procesados tienen que ver con la contratación por cerca de 18.000 millones de pesos entre el AMVA y estos bomberos para brindar capacitación a otras organizaciones y suministrar kits de bioseguridad entre 2021 y 2022, en los cuales habrían ocurrido hechos fraudulentos y un detrimento posible por 2.481 millones de pesos.
En la audiencia, el abogado representante de las víctimas solicitó al juez avalar este preacuerdo y adujo que Henao Cardona ha hecho aportes a esta investigación sobre presunta corrupción.
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