El novelón de corrupción que tiene en vilo al Valle de Aburrá

La comidilla durante toda la última semana en la sede del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), al lado derecho del centro administrativo La Alpujarra, lo mismo que en el casco urbano del municipio de San Luis, ha sido la captura del gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, del exjefe de esa misma agrupación, Elkin González, y de la funcionaria Yaneth Rúa.

En el interior del edificio del AMVA que resulta vistoso por el jardín vertical que domina su fachada, desde el martes no hubo otro tema de conversación que las revelaciones que se iban haciendo día tras día, hasta el jueves, en la audiencia del Juzgado Séptimo Penal de Medellín donde legalizaron la captura, les imputaron cargos y están pendientes de una posible medida intramural los tres mencionados por su presunta participación en varios contratos con valor cercano a 18.000 millones de pesos y en los que se habrían apropiado de 2.481 millones.

En esa diligencia, el fiscal anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez comenzó mostrando un correo electrónico que recibió la veeduría Todos por Medellín en febrero de 2024, donde se daban las primeras pistas que siguieron oficialmente los investigadores buscando descubrir el presunto entramado corrupto que habría funcionado en el Área Metropolitana durante la pasada administración, cuando el presidente de la junta allí era el alcalde Daniel Quintero y el director era Juan David Palacio.

El remitente contaba en detalle cómo desde el Área presuntamente se habían direccionado contratos por casi $18.000 millones a los bomberos de Itagüí entre 2020 y 2022. Además, aseguraba que parte de esa plata habría ido a financiar la campaña de Cadavid para la Cámara.

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Pero la misiva contenía un detalle aún más escandaloso porque aseguraba que “los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura de la entidad, Álvaro Villada”.

Para no caer en despistes, hay que recordar que Miguel Quintero es el hermano del entonces alcalde y que Villada fue en ese mismo tiempo subdirector del área financiera del Área. Desde el año pasado este último está imputado por presunta asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El denunciante dijo que conoce de cerca la trama corrupta porque fue parte de los bomberos y también de la campaña de Cadavid. Así, asegura que Villada era la “persona encargada de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalían a $3.200 millones, que eran entregadas en efectivo y salían de la cuenta del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí”.

Una vez, añadió, la coima no se pagó en efectivo sino a través de un vehículo BMW serie 5 de color negro.

Al escuchar ese último detalle, varios de los funcionarios del Área comentaron entre sí –y se lo contaron a EL COLOMBIANO- que Villada fue a la entidad en ese vehículo por lo menos durante una semana y que lo parqueó en los estacionamientos de la entidad. La comprobación sería posible a través de las cámaras de seguridad, pero resulta que en la pasada administración los registros visuales se borraban cada dos o tres días.

Pero el tema de los seis contratos con los bomberos reseñados serían solo la punta del iceberg porque las versiones ya en poder de las autoridades señalan que el tinglado de corrupción se habría generalizado. De hecho, la directora actual del Área menciona irregularidades en contratos por unos $200.000 millones.

Igualmente testigos ya le han dicho a la Fiscalía lo mismo que repiten por el edificio del Área, en la calle 41 Los Huesos con carrera 53: que Miguel Quintero se mantenía tanto acá como en el Parque de las Aguas, era el que mandaba y hasta habría conformado un comité de contratación “en la sombra” en el que él decidía en conjunto con Villada.

“Todos los contratos que se hicieron en el Área Metropolitana en ese tiempo, todos, todos, pasaban por las manos de Villada. No se manejaba nada que él no aprobara”, aseguró una fuente refiriéndose al inquilino por aquel tiempo en la primera oficina del tercer piso, después de bajarse del ascensor y traspasar una vidriera que ocupa toda la pared frontal.

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Villada y Palacio prácticamente habrían sido poderes paralelos y por eso se habla hasta de roces entre ellos por protagonismo o ganas de ganarse el favor de su jefe, Miguel.

El caso de los bomberos es especial por ser el primero donde se han producido tres capturas y vendrían otras más según anunció el fiscal Sánchez. Lo que muchos se preguntan es por qué con los indicios y evidencias no han sido llamados por la Justicia Miguel Quintero ni Juan David Palacio así como otros funcionarios sin cuya participación u omisión tanto ilícito no hubiera sido posible.

La directora Palacio le reveló a este diario que al llegar encontró por ejemplo que tanto el computador asignado a Juan David Palacio, lo mismo que el del exdirector de contratación –Santiago Toro- estaban formateados y que “casualmente” la cámara del archivo, la cual está puesta justamente para asegurar la vigilancia y custodia de los documentos, estuvo apagada en el último mes de la pasada administración.

Hasta ahora, el fiscal ha mostrado un acervo de pruebas, entre las que se cuentan interceptaciones telefónicas, grabaciones de otro tipo y documentos para mostrar cómo habrían actuado los tres procesados y otras personas más, tanto para cometer los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos como peculado.

El material es tan abundante que la sesión para que la defensa las refutara con miras a oponerse a una medida de aseguramiento en centro carcelario estaba programada para el pasado viernes pero los abogados de los tres procesados pidieron que les dieran hasta el martes en la mañana.

Uno de esos elementos es el audio donde Rúa, quien era la supervisora de los contratos por parte del AMVA, les dice a Cadavid y a los otros integrantes del cuerpo de socorro cómo hacer para maquillar sobrecostos.

—Es que en un convenio (...) si me cambia los refrigeradores y me va a comprar, en el convenio dice: vale $6.000 un refrigerio; no, Yaneth, es que yo me los conseguí muy buenos por $4.000, usted a mí me tiene que dar una factura por $6.000 -les dice ella.

Y tras otras intervenciones en las que se menciona que también se pueden comprar souvenires a un precio y reportarlos más caros, ella remata apuntando: “es más, yo no escuché lo que usted acaba de decir” y todos estallan en risas.

El fiscal Sánchez dio a entender que los demás aprendieron la lección al dedillo porque en los allanamientos a la sede de los bomberos hallaron documentos que demostrarían por ejemplo que compraron 10 kits de manejo de especies menores por poco más de $11 millones y los reportaron en $40 millones, y 10 kits para abejas por $11.839.000 pero los cobraron por $68 millones, solo por citar un par de ejemplos.

En otros casos habrían acudido a falsificar facturas sobre servicios y productos que ni siquiera habían pagado. De esta manera se habrían apropiado de $2.481 millones.

Por su parte, el presunto peculado de González lo habría cometido al firmar un contrato por $178 millones, de los cuales se habrían perdido más de $78 millones, en un periodo entre finales de 2021 y principios de 2022, cuando reemplazó a Cadavid cuando este salió a buscar votos con el fin de llegar a la Cámara de representantes, un propósito en el que salió “quemado”.

¿Viejos conocidos?

Lo que este medio de comunicación encontró es que la relación de Cadavid con Yaneth Rúa no se supeditó al contacto para esta contratación, donde él representaba a los contratistas y ella debía vigilarlo como parte de la entidad contratante. En San Luis (Oriente antioqueño) también se está hablando de este tema a propósito de las audiencias, porque los dos son bastante conocidos allí.

De hecho, Cadavid fue director del hospital local hace más de una década y no ha dejado de ir desde entonces, mientras que Rúa nació y creció por las calles de ese pueblo que ha sufrido como pocos la violencia. Hasta ahora, cada uno de los dos a su manera, eran mirados con respeto y admiración pero desde el martes los habitantes se reúnen a hacer los comentarios de cómo fue que terminaron involucrados en el actual escándalo.

Las audiencias virtuales son seguidas como si fueran parte de una novela y luego se convierten en tema de conversación en las esquinas.

Un habitante de San Luis contó que el arribo de Cadavid fue en 2013; el alcalde Carlos Mario Gómez lo nombró en el hospital San Rafael. Estuvo en la gerencia dos años, hasta 2015, y en 2016, cuando partió para desempeñarse como gerente del Hospital La María (Medellín) y del hospital San Rafael de Itagüí, lo mismo que como gerente de municipios, director encargado del Dapard y subsecretario de Salud departamental, todo durante la gobernación de Luis Pérez.

No se alejó de San Luis, pues ya había echado raíces, ya que se emparejó y tuvo dos niñas que en este momento están en edad escolar; terminado su paso por el poder departamental, a la vez que seguía en los bomberos de Itagüí, Cadavid abrió un consultorio allí a unas tres cuadras del parque, justo el lugar donde estaba el lunes pasado, con todo y uniforme de médico, cuando los policías arrimaron a leerle sus derechos.

La captura se dio sin aspavientos debido a que no muchos se dieron cuenta porque esto ocurrió en la modorra del mediodía, la hora en que las calles se vacían en un municipio de apenas 13.000 habitantes, de los cuales 7.400 viven en la zona urbana.

Yaneth Rúa, por otra parte, había crecido en San Luis y laboró en la alcaldía, posteriormente se enganchó en Cornare como ingeniera ambiental.

Ahí se habrían unido las historias de ella y de Cadavid. En el pueblo existen versiones de que Rúa ayudó a Gómez a llegar a la alcaldía y que su apoyo habría sido determinante desde la posición que detentaba en la corporación autónoma acompañando proyectos por las zonas rurales.

Y ya estando en el poder Gómez, a la par que nombró a Cadavid como gerente del hospital también el esposo de Rúa ocupó la secretaría de Gobierno. Por eso, quienes los conocen aseguran que sería imposible que no se hubieran encontrado en ese lapso.

En julio de 2012, según consta en su perfil del Sigep (la plataforma de servidores públicos), Rúa entró al AMVA. Era vox populi que la había llevado el nuevo director, Carlos Mario Montoya, que como Cadavid es médico y muy amigo de Luis Pérez pero para completar también está acusado dentro del escándalo por el negociado que pensaban hacer con el megalote Aguas Vivas.

A pesar de eso, varios compañeros del Área a los que consultó EL COLOMBIANO resaltaron la capacidad profesional de Rúa. Por eso se extrañaron cuando escucharon en la audiencia de esta semana las grabaciones donde aparecía ella presuntamente dándoles “cátedra” a Cadavid y otros bomberos sobre cómo facturar productos y servicios a mayor precio del que los hubieran adquirido.

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El fiscal del caso también aseguró que faltó a su deber de hacerles control a los contratos de esa entidad y por eso la imputó por presunta celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. En lo que podríamos llamar el último episodio de este novelón, Cadavid y González renunciaron el viernes a sus cargos. El jueves, uno de los argumentos del fiscal para pedir que estén en la cárcel es que seguían en la institución y por eso eran una amenaza. ¿Es una mabiobra?, ¿renunciará también Rúa al Área Metropolitana? Lea el próximo capítulo.

Los mismos abogados del caso Aguas Vivas

El abogado de Misael Cadavid en el proceso de presunto peculado por apropiación en los contratos del Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí es Santiago Tobón Herrera y resulta que es el mismo que defiende al representante legal de la firma Técnicas Constructivas, José Fernando Rueda Salazar, en el proceso penal que tiene también por un presunto delito similar dentro del caso de Aguas Vivas.

No es la única coincidencia, porque quien representa legalmente al jefe de bomberos Elkin de Jesús González es Jhon Bedoya Rivera, quien cumple con el mismo rol a nombre de Juan Diego de Jesús Moreno Barón, el gerente de IDC, la otra firma encartada con Aguas Vivas. Pero además, el defensor de María Yaneth Rúa García en el embrollo de contratación en el Área es Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summes y se trata del defensor del exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Carlos Mario Montoya, en el lío de Aguas Vivas.

Aquí es importante recordar que el caso Aguas Vivas tiene que ver con el presunto negociado mediante el cual durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, De Jesús, Rueda y otro particular de nombre Juan Manuel Villegas entregaron al Municipio de Medellín un megalote como pago de obligaciones urbanísticas valorado en unos 2.700 millones de pesos y luego buscaron que les pagaran por él más de $40.000 millones. Pero ante la imposibilidad de hacer efectiva esa reclamación, luego la administración distrital, con el alcalde Daniel Quintero a la cabeza, dictó un decreto que habría valorizado el predio. Por ello el mandatario y un exsecretario están acusados de presunto prevaricato, a la vez que otros 8 funcionarios están respondiendo por peculado por apropiación e interés indebido. ¿Coincidencia que los abogados sean los mismos?

Una fuente conocedora le dijo a EL COLOMBIANO que aunque los precios fluctúan dependiendo del prestigio de cada jurista, solo por la fase actual, de legalización de captura, imputación y trámite en la medida de aseguramiento, el costo por cada uno no bajaría de $60 millones y una defensa completa llegaría por lo menos a $200 millones.