Contratos direccionados en la alcaldía de Quintero ascenderían a $1 billón: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que los contratos que presuntamente habrían sido direccionados durante la alcaldía de Daniel Quintero ascenderían a un billón de pesos.

El dato fue expuesto este lunes durante una rueda de prensa en la que el mandatario local dio a conocer nuevos indicios sobre las investigaciones que avanzan para esclarecer las múltiples denuncias por corrupción formuladas durante el gobierno pasado.

En su presentación, Gutiérrez respaldó la tesis que ha planteado la Fiscalía, según la cual se habría creado en el gobierno pasado una red que funcionaría como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).

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De acuerdo con los indicios que hoy están en poder de la justicia, el alcalde sostuvo que no hubo entidad en el Distrito que no se tocara, ya que se habría armado un sofisticado sistema para dirigir los contratos públicos.

Como parte de por lo menos nueve grandes escándalos —incluido Aguas Vivas, el Parque de las Aguas, Metroparques, Metroplús, Ruta N, Buen Comienzo, los contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, entre otros— ya son 55 las imputaciones que ha formulado la Fiscalía, por delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato, entre muchos otros.

En medio de esos procesos ya se han efectuado además tres capturas, 25 extinciones de dominio, siete inhabilidades y destituciones a exfuncionarios por parte del Ministerio Público (tanto de la Procuraduría, como de la Personería de Medellín) y cuatro personas se han acogido a principios de oportunidad y otras dos han llegado a preacuerdos.

“Hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de un billón de pesos, pero el desfalco es aún mayor. ¿Cuánto se podría hacer con un billón? O mejor, ¿qué hemos hecho nosotros con ese dinero? Atender 80.000 niños y niñas y 12.000 madres gestantes en Buen Comienzo”, expresó el alcalde.

En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que, con los recursos públicos extraídos, los implicados que hoy responden ante la justicia se habrían costeado múltiples lujos.

“El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el robo que le hicieron el GDO de los Hermanitos Q a Medellín”, agregó Gutiérrez, aludiendo a los hermanos Quintero Calle como las cabezas de esa organización.

Durante su exposición, Gutiérrez señaló que la información que hasta ahora viene conociéndose apuntaría a que los casos de presunta corrupción en Medellín no se tratarían de episodios independientes, sino de una gran estrategia que tocó todas las entidades de la Alcaldía.

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Para ilustrar la magnitud de las imputaciones ya efectuadas, el alcalde señaló que si se suman las condenas que podrían cumplir los implicados en caso de ser encontrados culpables daría más de 750 años de cárcel; es decir, casi el doble de las condenas que ya están cumpliendo los voceros de estructuras criminales que participaron del controvertido “tarimazo” con el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra y que hacen parte de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá.

Gutiérrez recordó también que, tal como ha venido exponiendo la Fiscalía en las audiencias que avanzan en casos como el del Área Metropolitana, los implicados en este entramado se comunicaban a través de un grupo de WhatsApp creado en 2020, en el que compartían fotos ostentando lujos como relojes, carros, casas y fincas.

En plena pandemia, resaltó el alcalde, Miguel Quintero, exconcejal y hermano del alcalde Daniel Quintero, aparecía montado en una camioneta marca Toyota blindada, que estaría avaluada en cerca de $260 millones, pese a que en los reportes de seguridad social figuraba como alguien que no tenía un empleo de ese nivel de ingresos.

“Hablaban de montar un comité de contratación paralelo, con abogados contratistas. Un comité para cumplir la ley y otro para repartir los contratos de los amiguitos en el Área Metropolitana, como había quedado denunciado en el chat que habían creado”, dijo Gutiérrez.

Casos estarían conectados entre sí: Gutiérrez

Una de las principales hipótesis en las que insistió el alcalde es que las múltiples denuncias de corrupción que estallaron en el cuatrienio anterior estarían conectadas entre sí, dado que en muchos casos aparecen los mismos señalados y los entramados tendrían semejanzas.

Por ejemplo, recordó que el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano, ha resultado mencionado en múltiples denuncias, como es el caso del escándalo por la contratación de las zonas verdes, la presunta corrupción en contratos entre el Inder y Metroparques, y las presuntas irregularidades en los trabajos de mantenimiento del Parque de las Aguas.

Según la Fiscalía, Liévano era uno de los integrantes del controvertido grupo de WhastApp del que provienen las imágenes del hermano del exalcalde ostentando lujos.

En dicho grupo también figuraban otros exfuncionarios como Wilder Echavarría, quien entre muchos cargos fue director de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y Álvaro Villada, quien ejerció como subdirector en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con esas denuncias, Miguel Quintero se habría encargado de manejar procesos de contratación en múltiples entidades descentralizadas del Distrito y los funcionarios en ejercicio habrían seguido esos mismos lineamientos.

El hermano del exalcalde, recordó Gutiérrez, también ha sido relacionado en testimonios como uno de los presuntos implicados en malos manejos en la filial de EPM en la Costa Caribe, Afinia, que según esas informaciones habría sido entregada a un grupo político.

“Un testigo declaró ante las autoridades que la gerencia se habría negociado entre 5 y 8 millones de dólares”, dijo Gutiérrez, sosteniendo que esas reuniones se habrían llevado a cabo en restaurantes y clubes de Medellín y Barranquilla.

“Querían desconectar a Afinia de los controles de EPM. Aparece el señor Javier Lastra y el hermanito del jefe de la banda viajando a Cartagena para hacer negocios. En el chat de ‘Los Amiguitos’ mandaba fotos en avión hablando de sus ‘grandes ligas’: un Rolex y un Ferrari. ¿Dónde está el Ferrari rojo? Nos dicen que lo tienen escondido en Cartagena”, agregó el mandatario distrital.

De ese mismo grupo de WhatsApp, tal como lo ha venido saliendo a flote durante los últimos meses, también proviene gran parte del material probatorio que la Fiscalía ha destapado en el juicio que avanza por los contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Vale recordar que, en este último caso, la justicia escruta contratos por $17.645 millones, que incluían objetos como cursos de atención prehospitalaria, implementos contra la covid-19, viajes al extranjero para socorristas, entre otros, con los que presuntamente se habría incurrido en sobrecostos y se habrían urdido maniobras contractuales para desfalcar las arcas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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El pasado viernes 24 de julio se emitió la primera condena en contra de quien fuera el tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien confesó ante la justicia haber falsificado cuentas de cobros y documentos contractuales.

El exfuncionario aceptó colaborar con la justicia y por dicha razón fue condenado a 19 meses de prisión tras alcanzar un preacuerdo.

Dicha condena no es menor, dado que es en el marco de este mismo caso que la Fiscalía presentó ante la justicia una serie de interceptaciones telefónicas en las que se escuchaba a varios implicados hablando de “maquillar” información financiera, presuntamente para dificultar las investigaciones de las autoridades.

Una de las conversaciones más sensibles tuvo lugar el pasado 15 de octubre de 2024 y en ella participaron el tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, y una mujer que se identificaba como Diana, quien lo habría llamado para alertarlo de un operativo.

—Claudia —se escuchaba decir al tesorero al alzar la bocina.

—Doctor— respondió la mujer.

—¿Qué más?

—Bien. ¿No va a bajar? — le preguntó la mujer.

—¿Ellos están todavía ahí? - preguntó el tesorero, aludiendo a unos investigadores que habrían llegado a la sede de los bomberos.

—Pero ellos no vinieron, doctor, ni siquiera de manera arbitraria. Ellos no vinieron atacando. Están pidiendo papel por papel— le alertó la mujer.

—Dígame, ¿qué papel voy a mostrar yo?— le respondió el tesorero— ¿los que tenemos allá archivados?

—No, ellos lo único que están pidiendo es el software— precisó la mujer.

- El software yo no sé ni prenderlo, tiene que ser Diana.

—Pero sería más fácil que usted les dijera eso a ellos...— respondió la interlocutora.

—No sé... Pues, si ustedes me dicen que es mejor, yo llego— respondió el tesorero, haciendo referencia a si era necesaria su presencia en la diligencia.

—La verdad me parece que sería lo mejor. Usted no tiene necesidad de darle vueltas a algo que no...— dijo la mujer.

—Pero nosotros podríamos en algún momento, sino nos piden, pues maquillar alguna cosa, sino nos da tiempo. Pero así que les voy a decir yo— expresó el tesorero.

—¿Pero ellos que se llevan de ese software? — preguntó de nuevo la mujer.

—El archivo— dijo el tesorero— hacen una copia del archivo. Nosotros ahí no tenemos nada.

—Para mí lo importante es que usted estuviera acá y les dijera que la que tiene eso es la contadora, la que sabe manejar eso— dijo la mujer en la conversación telefónica interceptada por las autoridades.

“Vemos como en este audio el ciudadano indica que no les da tiempo para maquillar la información. Estos son elementos contundentes, que nos permiten identificar y establecer que sí existe riesgo de probabilidad de obstruir a la justicia”, expresó entonces el fiscal ante un juez cuando presentó la interceptación.

Como parte de este último proceso, Gutiérrez recordó que para comienzos de este mes estaba citada una audiencia de imputación de cargos en contra del Miguel Quintero y otros de los implicados, pero alertó que en días recientes esa diligencia fue aplazada para finales de agosto, a pesar del riesgo que han denunciado varios de los testigos que ya aceptaron colaborar con la justicia.

Por esta razón, el burgomaestre pidió protección para esos testigos y a la justicia avanzar con celeridad en el juicio.

¿El dinero fue a parar a Estados Unidos?

Otra de las aristas sensibles que emergió este lunes tiene que ver con las investigaciones que avanzan para esclarecer en donde habría resultado el dinero producto de estos escándalos.

Sobre este punto, el alcalde regresó a las denuncias de Afinia y recordó que en el material probatorio de ese caso resultó mencionado Emilio Tapia, el mismo empresario que resultó salpicado en el caso conocido como el carrusel de la contratación de Bogotá, ocurrido durante la alcaldía de Samuel Moreno.

“El jefe de la banda mismo se encargó de dar la instrucción para nombrar a Javier Lastra. Dentro de las evidencias se descubrieron conexiones con Panamá y los Estados Unidos. Aquí entra en escena Emilio Tapia, quien el 11 de agosto anuncia en un chat que ‘el pupilo’ (Lastra) ya había quedado nombrado. Por este chanchullo, EPM pierde 1,5 billones de pesos al año”, añadió.

Desde que se conocieron las primeras denuncias de presunta corrupción en el gobierno pasado, Lastra ha insistido en su inocencia, al igual que el excongresista antioqueño William Ortega, que según versiones habría sido uno de los beneficiados en esa negociación.

No obstante, la tesis expuesta por el alcalde es que el dinero de este y otros casos habría resultado presuntamente en manos de socios y testaferros que viven en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

“En una de mis últimas agendas de trabajo en Estados Unidos, yo mismo le entregué las pruebas al FBI y a agencias del gobierno de los Estados Unidos para que rastreen el dinero que salió desde Colombia hacia Panamá y luego de Panamá a los Estados Unidos, producto de la corrupción que generaron en Medellín”, dijo el alcalde.

A renglón seguido, el alcalde sostuvo que esta misma semana volverá a sostener una reunión con el gobierno de Estados Unidos para entregar nuevas pistas sobre el tema, buscando que se inicie un proceso de extradición.

“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional del GDO Grupo Delincuencial Organizado Los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo”, añadió.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A cuánto asciende el desfalco denunciado por Federico Gutiérrez en la alcaldía de Daniel Quintero?

l presunto direccionamiento irregular de contratos superaría el billón de pesos. Según la denuncia, esta cifra equivale a los recursos necesarios para atender a 80.000 niños y 12.000 madres gestantes a través del programa Buen Comienzo.

¿Qué entidades del Distrito están involucradas en el direccionamiento de contratos en Medellín?

Las investigaciones señalan casos específicos de corrupción en el Área Metropolitana, Metroparques y el Inder, además de la presunta venta de Afinia a un grupo político. Sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez sostiene que el esquema habría tocado a todas las entidades de la Alcaldía.