Fiscalía reactivó órdenes de captura contra siete representantes de bandas de la Paz Total en Antioquia
Tras la suspensión ordenada por el Consejo de Estado, el ente acusador notificó al Gobierno Nacional que los voceros están otra vez en el radar de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación hizo oficial la reactivación de las órdenes de captura en contra de siete voceros de las estructuras armadas sentadas en la mesa de Paz Urbana del gobierno del presidente Gustavo Petro.
A través de una resolución que aparece firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, con fecha del pasado 28 de mayo, el ente notificó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a las autoridades de esa decisión.
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En el oficio se reseña el auto emitido por el Consejo de Estado el pasado 20 de mayo, en el que había ordenado suspender los efectos de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, la misma en la que quedó en firme ese controvertido beneficio.
“Como consecuencia se les reactiva de manera inmediata las órdenes de captura que tengan en su contra”, se lee en el nuevo documento de la Fiscalía, en el que se desglosan los voceros requeridos.
En la lista de afectados por la reactivación aparecen Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
Una polémica de varias semanas
El pulso alrededor de la suspensión de las órdenes de captura en contra de varios de los representantes de las bandas que negocian con el Gobierno Nacional se remonta a finales de marzo pasado, cuando la Fiscalía accedió otorgarle ese beneficio a 23 de esos voceros del crimen organizado.
Aunque inicialmente en dicha suspensión estaban incluidos todos los participantes de esa mesa, posteriormente estalló una fuerte polémica, sobre todo porque 16 de ellos ya estaban cumpliendo condenas por graves delitos.
Pese a que la Fiscalía levantó ese beneficio para 16 integrantes, otros siete, que se encontraban en libertad, habían quedado todavía con el mismo.
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Argumentando que mantener esa gabela era sentar un precedente grave, la Gobernación de Antioquia interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, pidiendo tumbar la validez de esa resolución de la Fiscalía.
El pasado 20 de mayo, la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado admitió revisar el recurso y además emitió una medida cautelar en la que dejaba en vilo ese beneficio hasta no resolver el caso de fondo.
Dentro de los argumentos que se analizan en ese proceso está que la Fiscalía no habría presuntamente verificado con cuidado si los voceros beneficiados cumplían con los requisitos para gozar de esa suspensión.
Asimismo, se planteó que la medida implicaba un alto riesgo de fuga internacional, dado que la habilitación de movilidad incluía el municipio de Rionegro, en donde está el aeropuerto José María Córdova.
“El Despacho considera que en el presente asunto existe un notorio riesgo de fuga internacional, en la medida en que de las siete personas respecto de las cuales aún se encuentra vigente la suspensión de las órdenes de captura, únicamente los señores Oliveros Correa y Henao Acevedo tienen un impedimento para salir del territorio nacional”, consideró el alto tribunal.
Si bien dicho proceso de nulidad sigue en curso, con la resolución emitida este 28 de mayo por la Fiscalía, esa institución oficializó que todos los voceros nuevamente están en el radar de las autoridades.