Fiscal en imputación al exdirector del Área Metropolitana: “Hubo instrucciones de un tercero”

La corrupción que habría ocurrido en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la pasada administración, en la que el exalcalde Daniel Quintero y su hermano Miguel habrían tenido como ficha a Juan David Palacio, no sería un tema de algunos contratos aislados, sino una estrategia coordinada desde el más alto nivel.

Así lo afirmó el fiscal anticorrupción que ayer formuló la imputación de cargos ante un juez de control de garantías por presunto peculado, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado al exdirector Palacio, a dos ex subdirectoras del área Ambiental de la entidad —Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla— y a un funcionario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí —Juan Alberto Cardona Henao, quien ha sido tesorero y contador allí—.

Al hablar del presunto interés indebido y peculado de Palacio, el representante del ente acusador indicó que este nombró “por instrucciones de tercero”, como subdirectoras ambientales, a Roldán y Montoya, pero además habría omitido los deberes de control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual exigidos en la ley 80 de 1993, e incumplió los deberes de vigilancia y control en los contratos firmado por sus dos subordinadas.

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Es importante recordar que esta diligencia es como un segundo tiempo de las audiencias que tuvieron lugar entre octubre y diciembre pasados, tras la captura del exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid; el exjefe de la misma agrupación, Elkin González, y la profesional del AMVA María Yaneth Rúa; posteriormente fue dejado en libertad González porque el juez consideró que no representaba un peligro para la sociedad y para el devenir de la investigación.

En ambos casos los hechos se refieren a la firma de seis contratos firmados entre los años 2020 y 2021, que en total sumaron más de $18.000 millones; el objeto eran capacitaciones y acciones de fortalecimiento de los “apagafuegos” del Valle de Aburrá, así como el suministro de kits de bioseguridad utilizados por esas agrupaciones de socorristas en medio de la pandemia del covid-19.

Solo que según la Fiscalía, se otorgaron “a dedo” y dentro del AMVA cometieron ligerezas que llevaron a sobrecostos y cobro de suministros no entregados por $2.481 millones correspondientes a recursos públicos de los cuales se apropiaron particulares. En una diligencia de diciembre, el mismo fiscal indicó y mostró pruebas que demostrarían, según él, que con parte de esa plata se financió la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes entre finales de 2021 y principios de 2022.

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¿Quién es el “tercero”?

El operador judicial fue tajante en afirmar que cada uno de los tres funcionarios tuvo un aporte esencial para la consumación del ilícito y en especial con relación a Palacio, detalló que “sin la anuencia del director, la política de contratación no hubiera podido sostenerse” y los recursos no podrían haber sido desviados. Indicó además que este habría nombrado a Roldán y Montoya, “por instrucciones de tercero”. Aunque no mencionó quién sería ese “tercero”, en las primeras diligencias de octubre se reveló un correo en el que una persona que presuntamente participó del tinglado de corrupción acusaba que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Quintero, era el poder detrás del poder en el Área Metropolitana, en Metroparques y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y que habría conformado un comité alterno para controlar la contratación en el que participaban también el sudirector financiero del AMVA, Álvaro Villada y otros funcionarios.

Pero Palacio además habría omitido, según el fiscal anticorrupción, los deberes de control y vigilancia sobre los contratos que firmaban sus subordinadas y tramitado la autorización de vigencias futuras de los años 2022 y 2023 para uno de los contratos; luego firmó el Acuerdo Metropolitano 21 de 2021 con el mismo fin, de acuerdo con el fiscal. Y para completar, aparte de que “facilitó la apropiación de recursos públicos por terceros”, al terminar su cargo ordenó formatear los equipos de cómputo de la Dirección, de la Asistencia de Dirección y de la Secretaría General con el fin de eliminar la “trazabilidad del actuar ilegal”.

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En ese sentido, el fiscal le pidió al juez que se acredite que se conformó un Grupo Delictivo Organizado (GDO), “con los efectos jurídicos que de ello se derivan”. Interés indebido y coautoras de peculadoA Montoya –quien fue subdirectora desde el 14 de junio de 2020 hasta el 18 de abril de 2021— y Roldán –desde el 19 de abril hasta el 4 de enero de 2024– les imputó el interés indebido y la coautoría del presunto peculado porque permitieron que se contratara bajo la modalidad de contratación directa algo donde no aplicaba –el suministro de bienes- y sin hacer estudios de mercado con el fin de verificar que se estuvieran obteniendo los mejores precios, argumentando que el único oferente era el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Para Juan Alberto Henao, quien ha sido tesorero y sigue siendo contador de la organización de socorro, la imputación es por falsedad en documento privado. Al respecto, la Fiscalía mencionó 14 órdenes de pago y facturas más un recibo por concepto de transporte que los bomberos le cobraron al Área dentro de los contratos mencionados pero que cuando fueron a cotejar con el supuesto beneficiario de los pagos, este declaró que no los había prestado y que la firma era apócrifa.

La diligencia de este lunes, que tuvo lugar de manera virtual en el Juzgado 27 penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, se suspendió a las 7:41 p.m. y se reiniciará hoy a partir de las 2:00 p.m. para que el fiscal conteste la interpelación que hicieron la representante de la Procuraduría y los abogados defensores.Los imputados deberán luego decir si se allanan o no a los cargos; posteriormente, seguirá la audiencia en la que el fiscal pediría la detención de Palacio y el juez decida si le concede esa solicitud.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el AMVA y por qué es clave este caso?

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá administra recursos y políticas regionales para Medellín y otros nueve municipios, por lo que cualquier corrupción tiene impacto regional.

¿Quién es Juan David Palacio en el caso AMVA?

Fue director del AMVA y, según la Fiscalía, habría permitido y facilitado contratos irregulares y el desvío de recursos públicos.

¿El caso involucra al exalcalde Daniel Quintero?