La audiencia de este miércoles dentro del proceso judicial por presunta corrupción en la contratación del Área Metropolitana con los bomberos de Itagüí terminó sin que se decidiera si las tres personas capturadas por estos hechos seguirán en libertad o tendrán cárcel mientras que un juez determina si son inocentes o culpables. Sin embargo, la diligencia distó mucho de estar aburrida, pues en ella hubo revelaciones inéditas: primero, documentos que relacionarían al hermano del exalcalde Daniel Quintero en el entramado para apropiarse de plata pública, y segundo porque develó cómo funcionó el tinglado delictivo.
La diligencia que buscaba decidir la situación de Misael Cadavid, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Elkin González, exjefe de esa organización, y María Yanet Rúa, profesional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, comenzó a las 8:00 a.m. y fue suspendida por la juez Séptima Penal de Medellín con funciones de control de garantías cuatro horas después, a las 12:10 p.m., después de una exposición copiosa de pruebas que los incriminarían.
Como si fuera poco, el abogado del AMVA dijo que tiene material adicional para sustentar la petición de que a estas tres personas las mantengan en la cárcel y por eso la defensa pidió que la determinación al respecto se aplace para este viernes, 10 de octubre, con el fin de poder analizar todo el acervo.
La llave Quintero-Villada
El fiscal anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez entró pisando fuerte al inicio de la mañana con un correo electrónico que, aunque es de febrero de 2024, se mantenía inédito y fue el punto de partida para las indagaciones sobre una contratación por $17.654 millones entre el Área y el cuerpo de socorro mencionado, durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.
En la misiva, el autor asegura que “los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero —el hermano del alcalde— y desde la estructura de la entidad, Álvaro Villada”.
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Villada, hay que recordar, fue el subdirector financiero del AMVA y desde el año pasado está imputado por cuatro delitos durante su gestión: asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según la fuente, conoce de cerca la trama corrupta porque fue, dice, “haber sido parte del equipo de trabajo del cuerpo de bomberos y haber sido parte del equipo primario de la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en el año 2022”.
Detalla que Villada era la “persona encargada de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalían a $3.200 millones, que eran entregadas en efectivo y salían de la cuenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí”.
Y revela con detalle que en una ocasión la coima no se pagó en efectivo, sino a través de un vehículo BMW Serie 5 de color negro.
¿Lecciones sobre corrupción?
Después vino una andanada de audios e interceptaciones con los que el fiscal Sánchez mostró el modus operandi a través del cual los particulares se quedaban con la plata del erario valiéndose de facturaciones ficticias y cobros por encima del precio real.
Uno de los audios corresponde a una reunión de Yaneth Rúa con los bomberos.
—Es que en un convenio es más, si me cambia los refrigeradores y me va a comprar, en el convenio dice: vale $6.000 un refrigerio. No, Yaneth, es que yo me los conseguí muy buenos por $4.000, usted a mí me tiene que dar una factura por $6.000”.
En otro aparte, una persona sugiere que se pasan informes por paquetes de productos pactados dentro de los convenios y contratos, porque “donde sea factura por factura nos matan, es comprar huevos pa’ vender huevos”, y añade: “Por ejemplo si a mí un souvenir (me sale) a $50.000, pero si el mismo souvenir yo lo consigo de igual calidad en $45.000 y esos $5.000 hacen parte de la rentabilidad”.
Luego, Rúa le dice, dando a entender que lo que acaba de afirmar es algo con visos de irregularidad:
—Es más, yo no escuché lo que usted acaba de decir —dice Rúa y estallan en risas.
Alguien hace el comentario de que esto no debe quedar en la nube y una voz femenina recalca que “la idea es que no quede ni en la nube ni en el audio”.
La grabación fue lograda por las autoridades dentro de un allanamiento realizado hace unos meses a la sede de los bomberos.
En el expediente hay más posibles pruebas acerca de cómo hacían para maquillar sobrecostos y servicios por los que en realidad no habían pagado. Por ejemplo, facturas supuestamente firmadas por personas que les habían brindado servicios de transporte y que cuando fueron confrontados por los investigadores indicaron que las firmas no correspondían a las suyas.
Incluso, un funcionario que no estaba en el país en una fecha determinada figuraba en el mismo tiempo haciendo cobros por $27 millones, mientras que en las facturas aparecían por $120 millones, es decir, con un sobrecosto de $92 millones.
También habrían utilizado a voluntarios que tuvieran carro para hacer desplazamientos y posteriormente ellos pasaban cuentas por mayor valor. Pero Cadavid también se habría valido de parientes y allegados que laboraban en la misma institución.
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En un informe de Olga Jaramillo, tía materna de Cadavid, para el proyecto ‘Cuida’ hay una cuenta que corresponde a kits con elementos de bioseguridad en medio de la pandemia por $512 millones, pero en el allanamiento los investigadores hallaron otras tres cuentas de cobro emitidas por ella, por un total de $192 millones, que no habían sido reportadas inicialmente, es decir que habían ocultado información a la Fiscalía.
Lo otro extraño es que esta pariente de Cadavid no contaba ni siquiera con el registro ante la Dian, por lo cual no podría haber sido oferente de un insumo para un proyecto con dinero público, según el fiscal.
Y ese habría sido también el mecanismo para que por lo menos parte de la plata se desviara hacia la campaña política que emprendió Cadavid con el fin de llegar a la Cámara en 2022, aunque finalmente el bombero salió “quemado”. La misma tía Olga aparece donándole $25 millones.
Otro caso ilustrativo es el del tesorero de los bomberos, Juan Alberto Cardona, que no obstante estar ya en la nómina de la institución, figuraba con un contrato para prestación de servicios como asesor financiero de un contrato con el AMVA por $150,4 millones y luego le aportó $30 millones a la gesta proselitista.
Los contratos con el AMVA serían solo una muestra del andamiaje de Cadavid en los bomberos para cometer ilícitos. De hecho, en la audiencia se mostró un audio que tendría que ver con el Municipio de Itagüí. En él, Cadavid le comenta a alguien, que sería su contadora, de un contrato con la Alcaldía local para suministrar radios a los bomberos, la Policía y la Defensa Civil. Le dice que la persona a la que le dieron el contrato “bajo cuerda” ya compró los aparatos y que necesitan legalizar las facturas.
Ella le pide que le envíe la factura o el papel de compra que tengan para ella legalizarlo “como costo, o si no le hacemos”.
También en las interceptaciones, se perciben otras conversaciones de alarma de cuando ya estaban “con el agua al cuello”, en las que igualmente denotan el interés de “maquillar” las situaciones ante la inminencia de la acción de las autoridades.
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Hay una conversación de Juan Alberto Cardona Henao, tesorero de los bomberos, con una mujer que se identifica como Claudia, en la que ella le pide ayuda, al parecer en medio de una diligencia de la Fiscalía, en octubre de 2024.
—Claudia —saluda el tesorero.
—Doctor.
—¿Qué más?
—Bien, ¿no va a bajar? —le pregunta ella.
—¿Ellos están todavía ahí? —interroga el tesorero.
—Pero ellos no vinieron, doctor, ni siquiera de manera arbitraria. Ellos no vinieron atacando. Están pidiendo papel por papel -le dice la mujer.
—Dígame, ¿qué papel voy a mostrar yo —le responde el contador—, ¿los que tenemos allá archivados?
—No, ellos lo único que están pidiendo es el software —dice la mujer.
—El software yo no sé ni prenderlo, tiene que ser Diana.
—Pero sería más fácil que usted les dijera a ellos... -le dice la mujer.
—No sé... Pues, si ustedes me dicen que es mejor, yo llego .
—La verdad me parece que sería lo mejor. Usted no tiene necesidad de darle vueltas a algo que no... —apunta ella.
—Pero nosotros podríamos en algún momento, si no nos piden, pues maquillar alguna cosa, sino nos da tiempo. Pero así qué les voy a decir yo —expresa el tesorero.
—¿Pero ellos que se llevan de ese software?
—El archivo —dice el tesorero— haga una copia del archivo. Nosotros ahí no tenemos nada. Para mí lo importante es que usted estuviera acá y les dijera que la que tiene eso es la contadora, la que sabe manejar eso.
“Sabían cómo se hacía esta situación y aun así no se medían. Vemos cómo continuaban obteniendo recursos o haciendo contrataciones cuando tienen contratos por millonarias y cuantiosas sumas”, dijo el fiscal.
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Reunión para alinear testimonios de contratistas
En medio del alboroto interno al percibir el asedio de la Justicia, según testimonios de proveedores de los bomberos que reposan en el expediente, habrían reunido a cerca de 15 de ellos para poner a disposición abogados y darles instrucciones sobre qué decirle a la Fiscalía cuando los llamaran.
Ese hecho se unió a las demás circunstancias para que el fiscal dijera que no bastaría con una prisión domiciliaria para los tres implicados. Además, aseguró que las conductas de Cadavid, Rúa y González fueron graves y continuadas. El otro motivo es que, podrían influir en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, bien para manipular documentación o para continuar con los ilícitos.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué monto está bajo investigación?
- Contratos por alrededor de $17.000 millones COP, con presunta apropiación de más de $2.000 millones.
- ¿Qué delitos se imputan?
- Peculado por apropiación y celebración indebida de contratos
- ¿Cuál es la conexión con Miguel Quintero?
- La Fiscalía lo vincula como parte de la gestión política que direccionó esos contratos irregulares.
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