Pelea por exceso de vallas en la ciudad y polémica por ‘campaña’ en el metro

Creemos, el movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez, ha sido blanco de críticas en la última semana por ciudadanos y opositores que señalan, principalmente en redes sociales, un presunto favorecimiento desde la administración hacia sus candidatos y posibles incumplimientos de las reglas electorales. Las quejas se suman a otras dirigidas contra el Partido Conservador en Itagüí y el sur del Valle de Aburrá, y contra el Partido Liberal en subregiones de Antioquia.

El caso más reciente involucra a Creemos. Los cuestionamientos surgieron el martes pasado, cuando candidatos del movimiento acompañaron a Abelardo de la Espriella en un recorrido en Metro entre las estaciones Poblado y San Antonio. En el sistema está prohibido realizar campaña o proselitismo político. Sin embargo, en videos publicados por los propios candidatos —entre ellos De la Espriella, Juliana Gutiérrez, Simón Molina y José Miguel Zuluaga— se les ve con prendas alusivas a la campaña y mencionando consignas dentro de estaciones y vagones.

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El Metro emitió un comunicado recordando “las restricciones para actividades de carácter político” y reiteró que no está permitido realizar actividades políticas ni producir o difundir contenidos con fines electorales dentro de la red.

Consultada, Camila Gaviria, concejal de Medellín y directora de Creemos, afirmó que solo se estaban “desplazando de un lugar a otro” y que la empresa Metro les advirtió que no podían “hacer proselitismo en términos de mover las banderas, ni cantar, ni generar un ruido puntual acerca del proceso político. Y eso no lo hicimos; entramos al metro, cada uno pasó por los torniquetes, se montó a los vagones y nos bajamos”.

Sobre los videos en los que se escucha la consigna, Gaviria señaló que se trata de “una interpretación”. “Nunca convocamos ni citamos a la gente, ni generamos escenarios de propaganda política con pancartas, ni sacamos promoción publicitaria ni nada de eso”.

La polémica también alcanzó al concejal Santiago Narváez, cuestionado por acompañar al candidato Simón Molina en Yarumal. En un video se le observa ondeando banderas mientras se movilizaba en la camioneta asignada para su trabajo como concejal.

En agosto de 2025, la Procuraduría emitió una directiva sobre participación en actividades políticas y prohibiciones para servidores públicos en las elecciones legislativas y presidenciales. Entre las restricciones están utilizar el cargo para intervenir en controversias políticas, usar bienes públicos para proselitismo o difundir propaganda electoral a favor o en contra de candidaturas.

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Narváez sostuvo que la Ley 996 de 2005 permite que concejales participen en política, aunque esa participación tiene límites. “El vehículo asignado a mí por el Concejo puede recorrer libremente por Antioquia de acuerdo a las resoluciones del mismo Concejo”, afirmó. Agregó que ningún candidato iba en el carro, que no lo conducía el chofer oficial y que pagó gasolina y peajes. “Mi actuación estuvo dentro de lo que permite la norma y mi falla fue haber cometido la imprudencia de pararme al lado del carro con una bandera de mi movimiento político”.

En redes también se denunció una presunta participación política de funcionarios del Dagrd en San Sebastián de Palmitas. En un video se observa, en una esquina, a funcionarios con megáfono haciendo un anuncio y, a unos 100 metros, a simpatizantes de Creemos con banderas. Según la denuncia, el Dagrd anunciaba la entrega de una estación de bomberos mientras se realizaba actividad política.

La Ley de Garantías establece que los alcaldes no pueden inaugurar obras ni autorizar el uso de bienes públicos en eventos donde participen candidatos o sus voceros. La Alcaldía no se ha pronunciado, pero EL COLOMBIANO confirmó con personal del Dagrd que la estación no se estaba inaugurando ese día y que la presencia correspondía a una jornada de sensibilización por la ola invernal. Según un funcionario, aprovecharon para “sensibilizar” sobre la próxima apertura. Desde Creemos y el Dagrd afirmaron que el encuentro fue una coincidencia y que, al advertir la actividad política, los funcionarios suspendieron la jornada.

El lío con la publicidad exterior

Otra queja frecuente, no solo entre los ciudadanos sino entre los mismos políticos, es que en los diferentes municipios del Valle de Aburrá se están “pasando por la galleta” las normas que regulan la publicidad exterior.

Aquí la queja no es solo sobre Creemos sino también sobre otros partidos como el Conservador y el Liberal, cuyos candidatos aparecen hasta en la sopa. El problema es que quienes tienen que hacer cumplir esas normas son las propias alcaldías y pasa que, o no tienen la capacidad para ponerle control a tanta publicidad, o se hacen los de la vista gorda.

Para el caso del Conservador, por ejemplo, hasta los mismos conservadores se quejan de que en Itagüí el candidato Daniel Restrepo, del equipo de Carlos Andrés Trujillo (el mismo del actual alcalde Diego León Torres), juega con otras reglas, mientras que al resto les tumban la publicidad o los dejan sin luz en los eventos de campaña.

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Queja similar hay con María Eugenia Lopera, aspirante al Senado por el Partido Liberal, que se hizo “amiga” de decenas de alcaldes en el departamento a los que les prometió miles de millones de supuestas inversiones en clínicas, hospitales y equipos médicos de la mano del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Desde enero del 2025, el CNE publicó la resolución con las reglas del juego para estas elecciones. En esta, por ejemplo, quedó establecido que para el caso de Medellín, Itagüí y Envigado, al ser una ciudad de categoría especial, cada partido o movimiento político tiene un límite máximo de 30 vallas en todo el distrito. Los municipios de segunda y tercera categoría tienen derecho hasta 12 y en los de cuarta hacia abajo son máximo 6.

Además, esa publicidad exterior debe cumplir con unos requisitos y cada valla o pasacalles debe ser aprobado por la administración municipal. Según Camila Gaviria, de Creemos, en el partido han hecho todo en regla, pero hay unos particulares o privados que ponen publicidad irregular.

“Nosotros tenemos 17 candidatos a la Cámara y 21 candidatos al Senado. Sus amigos empresarios, sus compañeros de la universidad, sus amigos de toda la vida pueden hacer una vaca y poner una valla para él. Entonces, esas acciones que son comerciales o esos eventos que ellos coordinan, no están liderados por Creemos porque somos conscientes de que la gente también quiere hacer el ejercicio político”, explica, y agrega que los eventos y la publicidad propia están autorizadas y que cada dos semanas entregan reporte a Espacio Público.

Sin embargo, según el abogado experto Alfonso Portela, este argumento de “publicidad espontánea” por parte de los simpatizantes no funciona como un escudo legal automático para los candidatos, pues son estos los reales y legales beneficiarios de la publicidad y por ende los responsables de lo que se exhibe. Según la Ley 1475 de 2011, los candidatos deben velar por que su campaña no exceda los límites permitidos. Si un tercero pone publicidad excesiva, el candidato tiene la obligación legal de solicitar su desmonte o denunciarlo para no ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La restricción de cantidad para la publicidad no depende de quién la pague sino de cuántas hay realmente en la calle, pues para el ciudadano es indiferente el financiador de esta.

“Independientemente de quién las ponga, si se superan las 30 vallas, se está violando la ley y la publicidad debe retirarse”, asegura Portela. Y agrega que “ningún particular puede poner publicidad política” de manera autónoma en el espacio público; esta debe estar siempre coordinada y autorizada por la autoridad municipal y reportada por el partido. Preguntamos a la Secretaría de Seguridad por el reporte de vallas desmontadas a cada partido o movimiento por incumplir la norma y hasta el cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.