Economía

“Las cajas de compensación no deben usarse con fines políticos”: Adriana Guillén, presidenta de Asocajas

La presidenta del gremio advirtió que el sistema enfrenta retos crecientes por la informalidad laboral, el modelo de vivienda social y las intervenciones prolongadas de la Supersubsidio.

Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).

hace 13 horas

El Sistema de Compensación Familiar se consolida como uno de los principales motores de movilidad social en Colombia, gracias a un modelo basado en la redistribución y la corresponsabilidad.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), de los 10,7 millones de trabajadores afiliados, el 69,1% percibe menos de 1,5 salarios mínimos, lo que implica que no son beneficiarios de subsidios estatales, pero enfrentan dificultades para alcanzar metas básicas de seguridad económica y bienestar social.

Además, dentro del sistema se identifican 432.000 personas en situación de pobreza monetaria y 1,5 millones en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el Sistema de Compensación Familiar enfrenta retos, entre ellos la informalidad laboral, las intervenciones a las Cajas y los subsidios de vivienda. En diálogo con EL COLOMBIANO, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, hizo un llamado al próximo Gobierno para que “no se utilicen las Cajas de Compensación con fines políticos ni intereses ajenos a su función social”.

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¿Qué panorama han identificado las Cajas respecto al seguro de desempleo?

“El auxilio al desempleo ya existía antes de la pandemia, pero durante ese periodo se fortaleció, porque fue una gran ayuda para los trabajadores que empezaron a ser despedidos. En ese momento, el subsidio se otorgaba por seis meses; hoy lo estabilizamos en cuatro.

Durante cuatro meses entregamos una ayuda económica decreciente y seguimos cotizando en salud y pensión para evitar su desprotección.

El número de solicitudes se mantiene estable, entre 300.000 y 400.000 auxilios al año. Yo siempre he dicho que Colombia tiene un Sistema de Compensación al que no le hemos dado la importancia que merece, y es que, si tú consignas, o tu empleador te consigna, unas cesantías anuales y las sumas a las ayudas que entregan las Cajas de Compensación, deberías contar con un adecuado seguro al desempleo”.

Tras el cierre de Mi Casa Ya, ¿Hasta qué punto las Cajas de Compensación han logrado compensar la ausencia de este apoyo estatal?

“Con el cierre de estos programas el impacto más fuerte lo siente el sector constructor. Estos, confiaban en que las familias accederían al subsidio y desarrolló proyectos de vivienda. Cuando un programa que entregaba cerca de 50.000 subsidios anuales se detiene, eso repercute en el empleo y en la economía. Desde las Cajas seguimos entregando nuestros subsidios: asignamos alrededor de 54.000 al año y desembolsamos unos 120.000.

Lo que perdieron los afiliados fue la posibilidad de concurrencia, es decir, recibir simultáneamente el subsidio de la Caja y el de Mi Casa Ya, lo que les ayudaba a cerrar el financiamiento para su vivienda.

Ahora trabajamos con entidades territoriales que ofrecen subsidios de vivienda, como Bogotá o Medellín, para hacer concurrencia local, pero esto ocurre sobre todo en las grandes ciudades”.

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¿De qué manera la informalidad laboral ha impactado el número de afiliados a las Cajas?

“Nunca habíamos tenido una tasa de desempleo como la de agosto de este año, que fue de 8,6%, pero el problema es que lo que ha crecido es el trabajo informal.

Cuando hablamos de informalidad, no nos referimos a personas que no hacen nada: son alrededor de 3 millones de trabajadores que laboran, pero sin protección social. Eso significa que no cotizan a pensión ni reciben beneficios de las Cajas, porque la mayoría está en el régimen subsidiado de salud.

Me preocupa que una población tan grande trabaje sin las condiciones mínimas de protección. Aun así, ha crecido la afiliación de trabajadores independientes y por cuenta propia.

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Lo que los está atrayendo son tres cosas: los subsidios de vivienda, los planes de salud complementarios y los programas de formación y capacitación”.

Sobre la reforma laboral, ¿qué les preocupa?

“Nos preocupa por lo mismo que al resto del sector productivo: el incremento de los costos podría generar más desempleo o informalidad.

Algo que llama la atención es que las reformas laborales se enfocan en los trabajadores formales, que hoy son un lujo en Colombia. Son apenas 9 millones, y de ellos, 6 millones tienen contrato a término indefinido. Pero seguimos dejando por fuera a los 13 millones de trabajadores informales, entre ellos cerca de 4 millones que no podrán pensionarse.

Si seguimos creyendo que el contrato laboral tradicional es la única entrada a la protección social, nunca vamos a romper la informalidad”.

Usted ha dicho que las medidas de intervención de la Supersubsidio que no son proporcionales, ¿por qué?

“Las intervenciones actuales a las Cajas tienen su origen en un decreto ley que otorgó a la Supersubsidio una facultad demasiado amplia para intervenir en casos de ‘grave violación de la ley’, sin definir con claridad el procedimiento, las sanciones ni el derecho de defensa.

Se permitió intervenir no solo después de un proceso sancionatorio, sino también como medida cautelar. Pero las medidas cautelares deben ser preventivas y temporales, no pueden prolongarse indefinidamente.

Hoy hay Cajas intervenidas desde hace 3, 4 y hasta 7 años —como la de Córdoba— bajo medidas cautelares, sin claridad sobre su duración ni resultados. Esto genera un círculo vicioso: la Superintendencia vigila y al mismo tiempo administra, sin que quede claro quién responde si no se soluciona la crisis.

La Corte Constitucional ya declaró una inexequibilidad condicionada, reconociendo ese vacío normativo y ordenando que sea el Congreso el que lo llene. Mientras tanto, seguimos en una situación compleja y ambigua”.

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¿Cuál es el llamado del gremio al Gobierno entrante?

“Al nuevo Gobierno le pedimos coherencia y reglas del juego claras. Que no se utilicen las Cajas de Compensación con fines políticos ni se copten para intereses ajenos a su función social.

Debemos proteger este patrimonio de los trabajadores y garantizar que se maneje con transparencia y responsabilidad”.