Deuda de Air-e por energía creció 123% tras la intervención del Gobierno Petro: suben alertas de racionamiento
El propio Gobierno reconoce la gravedad de la situación de la empresa, pero no parece tener una salida clara a la situación.
La situación de Air-e se ha convertido en un dolor de cabeza para todos: para los generadores de energía, el sector empresarial, los usuarios de la costa Caribe y el Gobierno Nacional. La olla del Estado está raspada y las deudas de esta empresa, que presta el servicio a 1,3 millones de usuarios en tres departamentos, ascienden a $3,9 billones. Los más pesimistas vaticinan un apagón y el propio Gobierno ya empezó a hablar de racionamiento.
Hay que recordar que el Gobierno tomó en septiembre del año pasado el control de esta empresa ante su difícil situación financiera, que venía de años atrás.
Lo cierto es que, tras más de siete meses de intervención el panorama ha empeorado. La Superintendencia de Servicios Públicos recibió a Air-e con una deuda de $940.511 millones por concepto de contratos de energía, pero ese pendiente creció 123,12%, es decir que ya escala a $2,09 billones, de acuerdo con datos de la compañía analizados por el senador José David Name.
Así, desde que el Gobierno tomó las riendas se ha acumulado un pasivo adicional en energía por $1,15 billones.
Incluso el Gobierno sabe la gravedad del asunto. La Superservicios reconoció que el pasivo se ha ido acumulando porque la empresa tiene un déficit mensual cercano a los $60.000 millones.
Mejor dicho, necesita capital urgente. La agente interventora, Diana Bustamante, aclaró que Air-e requiere recursos por $2,8 billones para mantener un flujo de caja solo este año.
¿No hay plata?
Ante ese panorama, los gremios energéticos han solicitado una y otra vez recursos para la empresa. Precisamente, esta semana se conoció una carta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidiéndole a Yanod Márquez, superintendente de Servicios, que brinde un respaldo a Air-e por medio del Fondo Empresarial.
El Ministerio advirtió que si la situación de Air-e no mejora podría ocasionarse un “racionamiento —de energía— con graves implicaciones para la seguridad económica y los derechos fundamentales de millones de personas”.
La cuestión no es tan fácil de resolver. El superintendente ya respondió que no hay plata suficiente para hacer esa capitalización. Lo hizo en un debate de control político el pasado martes en el Congreso de la República.
De acuerdo con algunos congresistas, la explicación de Yanod Márquez se quedó corta. Se le vio sin argumentos y carente de soluciones ante un problema sobrediagnosticado hace varios meses.
El superintendente sostuvo que su trabajo no es conseguir recursos para Air-e, sino garantizar que siga prestando el servicio. Y señaló que lo ha cumplido hasta ahora.
“A la Superintendencia nadie le ha asignado unos recursos, una forma de conseguirlos, con garantías de conseguirlos, de absolutamente nada para poder administrar recursos”, alegó.
La mayor inquietud fue que Márquez mencionó que los recursos del Fondo Empresarial son insuficientes para atender la magnitud del problema.
Su premisa se soporta en que el Fondo se originó para capitalizar las empresas intervenidas, pero su saldo actual es de $166.000 millones para atender no solo a Air-e, sino a otras 12 firmas en esa situación.
“Eso no alcanza para resolver los problemas de la empresa, que de acuerdo con los análisis financieros en una primera fase debería requerir una inyección de 1,5 billones de pesos para dar vida a la caja y realizar inversiones necesarias para afrontar la crisis”, sentenció el superintendente.
¿Más cerca del apagón?
Para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones —Andesco— si no se desembolsa de manera oportuna una ayuda, puede ocasionarse un apagón en la costa Caribe.
El gremio considera que las explicaciones de la Superintendencia no son suficientes, pues el Gobierno cuenta este año con uno de los presupuestos más generosos de la historia ($511 billones), por lo que la solución estaría en priorizar los recursos en las tareas más urgentes, como la situación de Air-e.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, añadió: “Lo más grave es que el superintendente parece no entender el problema. No se ha dado cuenta que tiene que ir gestionando este proceso, que esto se viene diciendo desde hace rato, que el mismo ministro Palma, cuando era agente interventor, lo solicitó”.
En esa premisa coincidió otra voz autorizada en el sector, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras —Andeg—. Su presidente, Alejandro Castañeda, indicó que si el Fondo Empresarial no cuenta con la plata suficiente en este momento, entonces el superintendente debe gestionarla con el Ministerio de Hacienda.
Y argumentó que no es algo nuevo, pues en 2017 sucedió algo similar con Electricaribe. En ese momento se ayudó a la empresa con un giro de $2 billones desde el Fondo.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, mencionó que esto es solo “la punta del iceberg”, en tanto el Gobierno acumula una deuda con varias comercializadoras de energía por concepto de los subsidios que esas empresas ya le reconocieron en las tarifas a sus usuarios de estratos 1, 2 y 3. Un pendiente que suma $3,1 billones a corte de abril.
“Para luego es tarde que el ministro de Hacienda y la Superintendencia actúen, si no lo hacen estaría abocada la región Caribe a sufrir los rigores de un racionamiento en la prestación del servicio de energía”, anotó Acosta.
¿Se podría liquidar Air-e?
Ahora viene tomando fuerza la teoría que se estaría considerando una liquidación en el proceso de intervención. De hecho, el superintendente sostuvo en el Congreso que habría que hacer una valoración completa de la compañía, sus activos y bienes para contemplar la posibilidad de una compra del Estado.
No obstante, los gremios no ven con buenos ojos esa posibilidad porque consideran que primero se debe resolver el problema financiero de la empresa; además, quedaría un vacío de cuál compañía asumiría la prestación del servicio.
EL COLOMBIANO consultó a Carlos Diago, exinterventor de Air-e, y en su concepto, la liquidación podría ser una salida al problema, solo si el Estado asume parte del pasivo.
El ministro Palma ha defendido que la intervención podría durar varios años y que el propósito es que todo termine en una salida empresarial.
No se sabe con certeza qué pueda ocurrir. Aún así, todo los consultados saben que si no se toman cartas en el asunto con prontitud y colapsa la empresa, se vendría un “efecto dominó” para el sector energético.
El primer golpe sería un corte de la luz en el Atlántico, Magdalena y la Guajira. Pero, Alejandro Castañeda explicó que habría más repercusiones.
“Si no se paga, los generadores térmicos, ahora que viene el verano de diciembre a marzo, pues estaríamos en riesgo, porque los bancos están cerrando las puertas, porque creen que no les van a pagar”, indicó.
Hay un sinsabor en esa industria. Llueven advertencias por todos lados sobre una posible crisis y el propio Gobierno reconoce la gravedad del asunto, pero parece no tener una salida clara para una empresa que pide a gritos una bocanada de aire fresco para no apagarse.