Asobancaria advierte que nuevas inversiones forzosas que propone el Gobierno por $35 billones obligaría a elevar tasas y reduciría cartera
El Gobierno volvió a poner sobre la mesa una herramienta que históricamente ha generado fricciones con el sistema financiero: las inversiones forzosas. Según la banca, tendría efectos directos sobre tasas de interés, crecimiento económico y acceso a financiación.
El presidente Gustavo Petro reunió el jueves en la noche a su gabinete para evaluar la posible implementación de nuevas inversiones forzosas en el sistema financiero colombiano, en el marco de la emergencia económica.
La medida implicaría una mayor intervención del Estado en la orientación del crédito y en la asignación de recursos hacia sectores considerados prioritarios por el Gobierno.
De concretarse mediante decretos presidenciales, la iniciativa obligaría a las entidades financieras a redirigir parte de sus recursos hacia esas áreas estratégicas, lo que, en la práctica, supondría una nueva carga para el sector bancario y podría modificar las condiciones actuales del crédito en el país.
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El debate se calentó esta mañana del lunes, cuando Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, en diálogo con La FM, aseguró que “una inversión forzosa no es un castigo a los bancos”. Según explicó, el impacto recaería sobre los ahorradores, pues parte de los depósitos “se los llevaría el Gobierno nacional y los usaría con los criterios que determine”, reduciendo la disponibilidad de recursos para crédito.
Petro respondió por medio de su cuenta de X que esa afirmación “no es cierta”. Señaló que a los depósitos “no les pasa nada” por estar en banca privada o pública y sostuvo que el problema radica en la tasa de intermediación. Según el mandatario, la banca pública podría remunerar mejor el ahorro si reduce ese margen y destina los recursos a la producción de pequeña y mediana empresa, mientras que la banca privada concentra el crédito en consumo para clases media y alta.
El jefe de Estado agregó que la banca privada “no está asignando los recursos de manera eficiente”, lo que —a su juicio— genera desigualdad y atraso económico. También reiteró que ha invitado al sector financiero a cambiar el enfoque del crédito hacia actividades productivas.
Petro agregó que, en su balance, no se ha fortalecido el crédito asociativo ni se ha logrado orientar los recursos hacia la producción, que era uno de los objetivos centrales de la propuesta. También señaló que persisten limitaciones en el acceso al crédito de consumo y cuestionó la salida de capitales al exterior.
Advertencias del sector financiero
El presidente de Asobancaria, explicó que si se establece una nueva inversión forzosa similar a la existente, de alrededor de $35 billones, habría menos recursos disponibles para otorgar créditos a los sectores no priorizados por la medida.
“Una nueva inversión forzosa aumentaría la represión financiera. Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios (TDA), las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”, aseguró Malagón, agregando que las restricciones actuales al sistema financiero están limitando su desarrollo y alcance.
“La profundización financiera en Colombia apenas llega a 44% del PIB, un nivel similar al de hace una década y muy por debajo del potencial estimado de 65%. Además, la inclusión crediticia solo cubre a 51% de los adultos, lejos de 75% observado en referentes internacionales”, señaló.
El dirigente gremial advirtió que la imposición de una nueva inversión forzosa, cercana a $35 billones, reduciría la disponibilidad de recursos para sectores no priorizados, lo que tendría efectos generalizados en el costo del crédito. “Esto podría traducirse en un aumento de 49 p.b. en las tasas de interés, una reducción de 0,9 p.b en la cartera y una caída de 0,3 p.b en el PIB”, dijo.
Balance del Pacto por el Crédito
No obstante, en los primeros 17 meses de ejecución del Pacto por el Crédito, los desembolsos hacia los cinco sectores estratégicos alcanzaron los $228 billones, equivalentes a 90% de la meta total fijada en $255 billones.
Este desempeño refleja un crecimiento anual de 16%, superior a 12% registrado en los desembolsos dirigidos al resto de la economía, lo que evidencia el impulso diferencial que ha tenido esta estrategia.
Por sectores, manufactura y transformación energética lideran la colocación de recursos con $135,2 billones, lo que representa 83% de la meta de $163 billones. Le sigue vivienda con desembolsos por $48,1 billones, superando el objetivo previsto de $40,6 billones y alcanzando un cumplimiento de 119%.
En el sector agropecuario, los desembolsos ascienden a $26,4 billones, equivalentes a 87% de la meta, mientras que el turismo registra $7,6 billones, lo que corresponde a 93% del objetivo de $8,2 billones. Por su parte, la economía popular acumula desembolsos por $10,4 billones, que representan 83% de la meta.
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