Colombia entró en terreno de alto riesgo fiscal según alertó el Comité de la Regla Fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó el Análisis Técnico del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 (MFMP 2025) presentado por el Gobierno Nacional el pasado 13 de junio, en el cual reiteró una serie de preocupaciones por el alto riesgo fiscal del país.

El documento analizó con especial atención los supuestos macroeconómicos, las proyecciones fiscales y los riesgos que podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo. “Además del examen del escenario fiscal, se incluyen consideraciones relevantes sobre la aplicación de la Regla Fiscal, particularmente en lo referente al informe de cumplimiento correspondiente a la vigencia 2024, así como a la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de activar la cláusula de escape para las vigencias 2025 a 2027.

Riesgos macroeconómicos identificados

Sobre los supuestos macroeconómicos, el Carf consideró que en su conjunto, tanto de corto como de mediano plazo, son posibles, aunque identificó riesgos en las proyecciones del Ministerio de Hacienda en materia de inflación en el corto plazo. “Otros riesgos del escenario macroeconómico actual están relacionados con incrementos en la percepción de riesgo, ralentización del crecimiento de socios comerciales y mayores precios del petróleo” anotó la entidad.

Y según se advirtió, los acontecimientos recientes en el entorno internacional han incrementado la incertidumbre, lo que llama a una programación fiscal prudente. En este sentido, los principales riesgos del escenario macroeconómico actual, desde la perspectiva de las finanzas públicas, son: aumentos de las primas de riesgo en el mundo y en el país; menor crecimiento de socios comerciales; y mayores precios del petróleo.

De otra parte, el Carf recordó que dio concepto previo desfavorable a la activación de la cláusula de escape, pues no encontró en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficiente de la pertinencia de la cláusula en los términos contemplados en la ley. Según la cartera de Hacienda, postergar el ajuste fiscal contribuye a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal y postergarlo puede incrementar aún más las primas de riesgo, las presiones cambiarias y sobre la inflación, los costos de financiamiento de la economía, limitar la actividad productiva del sector privado y, en últimas, reducir el bienestar de la población.

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Proyecciones de déficit y deuda pública

A juicio del Comité, la estrategia fiscal aprobada por el Confis para las tres vigencias de la activación de la cláusula, no permite apuntalar la credibilidad y resulta insuficiente para estabilizar la deuda en el ancla prudente en el mediano plazo.

Primero, no implica un ajuste fiscal desde 2025; por el contrario, permite un déficit de 7,1% del PIB, el tercero más alto desde que se tienen registros, solo superado por dos años de crisis profunda (1999 y 2020). Segundo, el MFMP de 2025 identifica opciones de política para incrementar ingresos y reducir gastos, pero no incluye propuestas concretas. Tercero, según cálculos del Ministerio de Hacienda, la deuda subiría a máximos históricos entre 2025 y 2027, y se reduciría lentamente hasta 61,3% del PIB en 2036 (un nivel similar al de 2025, que es de por sí elevado y lejano al ancla legal), en un contexto global cada vez más propenso a perturbaciones económicas. Cuarto, menos de la mitad del ajuste estipulado se realizaría durante el periodo de tres vigencias de activación de la cláusula de escape.

Así las cosas, los cálculos del Carf indican que para conducir la deuda a su ancla es necesario alcanzar gradualmente superávits primarios entre 1,5% y 2% del PIB de manera sostenida. Pero, el escenario del Gobierno presenta superávits primarios inferiores, de 1,1% del PIB, entre 2028 y 2036.

De cara a 2026, el MFMP proyecta un déficit de 6,2%, lo que marcaría el inicio de la reducción del déficit fiscal. El déficit primario sería de 1,4% del PIB, un punto porcentual del PIB menos negativo que el de 2025. El principal determinante del ajuste estaría relacionado con la aprobación de una reforma tributaria o ley de financiamiento por $19,9 billones. El Carf desconoce el contenido de ese proyecto de ley, razón por no la incluyó esas fuentes en su escenario central.

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