Impuesto al patrimonio se estancó en la Corte Constitucional: seis magistrados impedidos
Impedimentos de seis magistrados frenan decisión sobre impuesto al patrimonio, clave en la emergencia económica, mientras la Dian reporta recaudo de 2,43 billones de pesos.
La Corte Constitucional no logró avanzar en la discusión sobre la exequibilidad del impuesto al patrimonio, una de las principales medidas de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. La cuestión fue que seis magistrados, tres hombres y tres mujeres, presentaron impedimentos que deben resolverse antes de retomar el análisis.
Entre quienes se declararon impedidos están Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Natalia Ángel, Carlos Camargo y Miguel Polo, según confirmó La Fm.
Mientras la Sala Plena no tome una decisión sobre estos recursos, el proceso permanecerá detenido.
¿Qué se está evaluando del impuesto al patrimonio?
La magistrada Lina Marcela Escobar es la encargada de estudiar el Decreto 173 de 2026, que reglamenta el impuesto al patrimonio. Desde el 3 de marzo asumió el caso y ordenó la práctica de pruebas para analizar la legalidad de la medida, según reportó La FM.
En ese contexto, el Gobierno explicó que la emergencia económica busca recaudar 8,3 billones de pesos, lo que llevó a la magistrada a solicitar precisiones sobre cuánto de ese monto provendría del nuevo tributo. También pidió información sobre alternativas evaluadas y formuló más de cincuenta preguntas relacionadas con los requisitos del estado de excepción y las obligaciones fiscales.
Además, varias gobernaciones, entre ellas las de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, fueron convocadas para informar cuánto dinero adicional requieren. A esto se suman cerca de veinte entidades, entre organismos públicos, centros de pensamiento y universidades, invitadas a opinar sobre la constitucionalidad del decreto.
La Dian ya recaudo $2,4 billones
Mientras el proceso jurídico avanza lentamente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya comenzó a recibir recursos por este concepto. Según datos oficiales con corte al 14 de abril, se han recaudado 2,43 billones de pesos, una cifra inferior a los 8,3 billones proyectados por el Ministerio de Hacienda.
El impuesto ha generado críticas desde el sector empresarial. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, afirmó que, de mantenerse el tributo para personas jurídicas, “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”. Según explicó, la medida presionaría las finanzas de las compañías y no responde a un esquema eficiente de recaudo.
La dirigente también advirtió que gravar el patrimonio empresarial podría desincentivar la inversión, al castigar a las compañías que han acumulado activos en el país. En su concepto, esto afectaría a un sector que actualmente genera más de tres millones de empleos formales.
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