Detalles del borrador de decreto que cambia las reglas de expropiación en proyectos de renovación urbana
El Gobierno plantea nuevas reglas que garantizan vivienda de reemplazo, participación ciudadana y límites a expropiación en proyectos urbanos, especialmente en ciudades con más de 500.000 habitantes.
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Recientemente se publicó un borrador de decreto que busca reforzar la protección de los derechos de los habitantes que son expropiados en procesos de renovación urbana.
En términos sencillos, la propuesta establece que propietarios, poseedores e incluso arrendatarios no podrán ser simplemente desplazados, sino que deberán contar con garantías que aseguren su acceso a una vivienda digna.
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El documento propuesto por el Ministerio de Vivienda se fundamenta en la Constitución Política y en tratados internacionales, con el objetivo de evitar que el crecimiento urbano genere empobrecimiento o afecte la estabilidad de las comunidades.
Tendrán derecho a una vivienda de reemplazo
Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento del derecho preferencial a una vivienda de reemplazo dentro del mismo proyecto de renovación.
Esto significa que los propietarios o poseedores que habitan en las zonas intervenidas podrán permanecer en su entorno, recibiendo una nueva unidad habitacional en lugar de una compensación exclusivamente económica.
La medida busca evitar la expulsión de comunidades y garantizar continuidad territorial en los procesos de transformación urbana.
¿Cómo será la participación de los ciudadanos?
El decreto también fortalece la participación de los habitantes, quienes dejarán de ser actores pasivos para involucrarse en la definición de los proyectos.
La normativa plantea que los ciudadanos podrán asociarse, participar en el diseño de las nuevas edificaciones y tener incidencia en la selección de los promotores.
Además, se garantiza el acceso a la información y condiciones de igualdad en la gestión de los proyectos.
Plantea una compensación justa por los inmuebles
Otro eje central del decreto es el establecimiento de un esquema de reparto equitativo de cargas y beneficios.
Esto implica que el valor de los inmuebles aportados será calculado mediante avalúos comerciales, tanto iniciales como finales, para asegurar una compensación justa.
Dicha compensación podrá darse en dinero, metros cuadrados o derechos de construcción, evitando que los costos del proyecto recaigan de manera desproporcionada sobre los habitantes.
¿Qué protecciones tendrán los inquilinos?
El proyecto también incluye medidas específicas para los arrendatarios, quienes históricamente han tenido menor protección en estos procesos.
Entre las garantías se contemplan acompañamiento para encontrar una nueva vivienda, plazos adecuados para el traslado y acceso a información clara sobre los cronogramas de obra.
Adicionalmente, durante la transición, los residentes tendrán derecho a soluciones temporales de vivienda, como alquiler o comodato, así como al reconocimiento de gastos de mudanza.
¿Qué límites se imponen a la expropiación?
El decreto establece condiciones estrictas para el uso de la expropiación, que pasa a ser un recurso de última instancia.
Entre los principales límites se encuentra la obligación de demostrar que el proyecto puede garantizar viviendas de reemplazo y mecanismos de protección antes de iniciar cualquier proceso.
Asimismo, se exige que la expropiación esté precedida por intentos de negociación directa y que se informe a los afectados sobre alternativas para evitarla.
Cuando participen privados, estos deberán asegurar previamente los recursos necesarios para indemnizaciones y soluciones habitacionales.
Además, los proyectos deberán cumplir requisitos como ubicarse en municipios con más de 500.000 habitantes y tener áreas de intervención superiores a una hectárea.
La iniciativa busca equilibrar el desarrollo urbano con la protección de los derechos de los habitantes.
En ese sentido, el Gobierno pretende reducir conflictos sociales, garantizar indemnizaciones justas y evitar que las comunidades sean desplazadas sin alternativas dignas.
El decreto plantea que la renovación urbana no solo transforme las ciudades, sino que también mejore la calidad de vida de sus residentes originales.
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