Dian acumula $16,6 billones de deudas perdidas, mientras busca más plata con nuevos impuestos
La entidad reportó una cartera cercana a $50 billones y $16,6 billones deteriorados el año pasado. Expertos plantean amnistías tributarias, conciliaciones y ajustes legales para recuperar hasta $14 billones.
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La cartera por impuestos pendientes en Colombia alcanzó cerca de $47,7 billones el año pasado. Para los analistas, la situación deja ver la ineficiencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en medio de un crítico momento de caja y de una emergencia económica donde se crearon nuevos impuestos para recaudar ingresos y atender la ola invernal.
De hecho, las propias cifras de la Dian revelan que $16,6 billones ya fueron catalogados como cartera deteriorada o de difícil recuperación. Es decir, ese dinero muy difícilmente se podrá recuperar.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, afirmó que el tamaño de la cartera muestra el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de aplicar políticas agresivas de cobro para recuperar recursos del Estado.
“El país tiene una cartera cercana a $50 billones sin intereses, pero si se incluyen estos cargos la cifra puede acercarse a $60 billones”, explicó Junco.
¿Cómo ha crecido la cartera tributaria en los últimos años?
Las cifras muestran una tendencia creciente en la última década. De acuerdo con el análisis tributario presentado por especialistas, la cartera aproximada de la Dian ha evolucionado de la siguiente manera.
En 2022 se ubicaba cerca de $26 billones, mientras que en 2023 ascendió a $47 billones. En 2024 se mantuvo alrededor de $48 billones y para 2025 se acerca a $48 billones.
Junco explicó que cuando dejó la dirección de la Dian, tras el impacto económico de la pandemia, la cartera estaba en $26 billones (2022), por lo que considera que el incremento posterior ha sido significativo. “Tenemos la cartera más alta de la historia del país y aquí no ha habido pandemia. Por el contrario, entidad pública se ha fortalecido”, señaló.
El exdirector también cuestionó que la entidad haya ampliado su planta de personal sin mejorar el desempeño en el cobro de impuestos. En sus cuentas, la Dian pasó de contar con 9.000 funcionarios a 21.900 este año.
¿Por qué existen $16 billones deteriorados en la cartera tributaria?
Desde una visión técnica del sistema fiscal, el fenómeno no necesariamente es anormal. Pedro Sarmiento, socio de la firma Crowe y docente de la Universidad de los Andes, explicó que las administraciones tributarias suelen mantener carteras elevadas debido a la naturaleza jurídica de los procesos fiscales.
Agregó que la cartera tributaria no representa únicamente deudas exigibles de forma inmediata, sino un inventario de controversias fiscales, que incluye impuestos en discusión administrativa, procesos judiciales ante tribunales contencioso-administrativos, sanciones tributarias en litigio, obligaciones en cobro coactivo, declaraciones con errores o inconsistencias y deudas que pueden terminar prescritas.
“El deterioro contable corresponde a obligaciones cuya recuperación se ha vuelto jurídicamente improbable o económicamente inviable”, explicó el experto.
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Entre las principales causas de este deterioro se encuentran la prescripción de las obligaciones tributarias, que ocurre cuando la administración no actúa dentro de los plazos legales de cobro, generalmente de cinco años.
Otra causa relevante son los litigios tributarios prolongados. Cuando los procesos judiciales llegan a instancias como el Consejo de Estado y la Dian pierde el caso, la obligación debe eliminarse de la contabilidad pública.
También influyen errores en las declaraciones tributarias, que pueden generar deudas contables que luego requieren procesos largos de fiscalización para determinar su validez.
¿Influyen los intereses y sanciones en el crecimiento de la deuda?
Sarmiento explicó que en muchos casos la deuda original es relativamente pequeña, pero con el paso del tiempo se acumulan intereses moratorios y sanciones administrativas, lo que produce un crecimiento exponencial de la deuda registrada.
Esto genera montos elevados en la contabilidad pública, aunque la probabilidad real de pago sea cada vez menor.
Además, el tamaño del sistema tributario hace que la cartera crezca más rápido que la capacidad de cobro institucional. Por esta razón, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han recomendado aplicar modelos de administración del riesgo que permitan concentrar los esfuerzos de fiscalización en contribuyentes incumplidos y sectores informales.
¿Qué propone el Gobierno para recuperar parte de la cartera?
Con el objetivo de aumentar el recaudo y reducir litigios, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 240 de 2026, en desarrollo del estado de emergencia económica declarado mediante el Decreto 150 de 2026.
Según Sarmiento, esta norma introduce instrumentos extraordinarios para convertir parte de la cartera en ingresos inmediatos para el Estado.
Uno de los mecanismos es la reducción transitoria de sanciones e intereses, que permite a los contribuyentes pagar el 100% del impuesto adeudado con descuentos significativos en las penalidades y una tasa de interés moratoria reducida de 4,5%, con plazo hasta el 30 de abril de 2026.
El decreto también contempla la terminación anticipada de procesos administrativos, permitiendo corregir declaraciones omitidas o cerrar procesos en curso con sanciones reducidas al 15%.
Otra herramienta relevante es la conciliación judicial en procesos tributarios, que permite a la entidad de impuestos conciliar litigios cuando el contribuyente pague el impuesto principal. Los descuentos pueden llegar hasta 85% en sanciones e intereses en primera instancia y 80% en segunda instancia.
¿Cuánto dinero podría recuperarse realmente?
De acuerdo con los estudios de política fiscal citados por Sarmiento, entre 20% y 30% de la cartera tributaria podría ser recuperable mediante mecanismos extraordinarios.
Si se toma como referencia una cartera cercana a $47 billones, el potencial de recuperación estaría entre $9 billones y $14 billones, dependiendo del nivel de participación de los contribuyentes en los programas de normalización y conciliación.
El decreto también incluye un impuesto de normalización tributaria con tarifa del 19% para activos omitidos o pasivos inexistentes, cuyo objetivo es aumentar el recaudo inmediato y ampliar la base tributaria futura.
Junco advirtió que las amnistías tributarias pueden ser útiles para recuperar cartera, pero cuestionó que estas se adopten mediante decretos de emergencia.
“El camino debe ser una ley discutida en el Congreso, con reglas claras sobre reducción de sanciones e intereses”, afirmó.
El exdirector de Dian advirtió que si estas medidas se adoptan mediante decretos de emergencia, existe el riesgo de que la Corte Constitucional suspenda su aplicación, lo que generaría incertidumbre entre los contribuyentes que quieran ponerse al día con sus obligaciones fiscales.