Van Camp’s: los detalles de los casos de presunto abuso laboral que lo tienen en el ojo del huracán
Según MinTrabajo, se realizaron 26 hallazgos que son materia de investigación, entre los que se encuentra el “descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas”. La empresa niega los señalamientos. ¿Qué sigue?
Soy afortunado porque me gano la vida haciendo lo que amo. Fanático de la salsa brava y los timbales. Amo a mi familia.
A través de un acta, los funcionarios dejaron la siguiente anotación: “(...) las trabajadoras manifestaron su inconformidad con respecto a presuntos descuentos ilegales al momento de utilizar los baños. De igual forma, en el momento que les llega el periodo, según manifiestan, deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia en el puesto de trabajo, a falta de desarrollo de la actividad”.
Ante esto, el MinTrabajo recomendó, con cumplimiento de carácter inmediato, que “se debe llegar a un acuerdo para no descontar salarios por evacuación de las necesidades fisiológicas”. También solicitó las recomendaciones médicas de los trabajadores de la empresa, y se notificó a las partes.
Actualmente, Seatech International Inc. enfrenta 10 procesos activos, uno de ellos por presunta violación al artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, que es “realizar retenciones o descuentos a los salarios de los trabajadores sin su autorización”.
“Las condiciones de la compañía son precarias, maquilladas, disfrazadas, pero con un índice de alto riesgo de accidentalidad. Seguimos saliendo mujeres con enfermedades agudas (...) Hoy por hoy muchas compañeras optan por usar pañal desechable porque, desafortunadamente, la empresa descuenta nuestras necesidades fisiológicas, o cuando nos llega el periodo”, manifestó Raga.
También está el testimonio de Berky Arrieta, miembro de la Unión Sindical de la Industria Alimenticia (Ustrial), quien afirmó que, debido a que el lugar donde trabaja tiene pocos baños, se suelen hacer filas que pueden durar hasta 30 minutos. La mujer indicó que este tiempo es descontado por la empresa, lo que al final de mes puede quedar como días no laborados, pese a que desarrollen sus actividades diariamente.}
Cabe recordar que desde Ustrial también han señalado que Seatech International “tiene una forma de contratación donde el 95% de sus trabajadores son tercerizados A Tiempo Servicios SAS”. El problema es que aseguran que “muchos de esos trabajadores tienen más de 20 años de estar laborando, realizando labores propias y misionales de la empresa, cuando las leyes del país solo las autorizan por seis meses”
Por el contrario, desde Sintramar, quienes aseguran ser la fuerza sindicalista mayoritaria con más de 1.300 afiliados, sostuvieron que no es cierto que en la empresa estén pasando ese tipo de situaciones.
Una denuncia poco convencional detonó en una polémica que no para: un grupo de trabajadoras adscritas a Seatech Internacional (productora de Van Camp’s) aseguró que estaban usando pañales en sus puestos de trabajo para no ir al baño y evitar supuestos descuentos en sus pagos por el tiempo de ausencia.
Esa escena sería digna de Hollywood y, por supuesto, tuvo el impacto para abrir una discusión que se sigue desarrollando, pues hay una investigación en curso y versiones encontradas.
El ruido empezó a partir de unas declaraciones lanzadas por Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien afirmó que “se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”.
Las reacciones llovieron en redes sociales y tanto medios como gente del común le pidieron pruebas concretas a la funcionaria para sustentar lo que había dicho.
Entonces, desde ese despacho compartieron un comunicado en el que hablaron de 26 hallazgos durante una sola visita realizada el 19 de octubre. Sin embargo, allí mismo dice que las presuntas irregularidades no fueron detectadas directamente por los observadores; “el equipo de inspectores dejó anotación en el acta mencionada sobre una queja de las trabajadoras”.
“Las trabajadoras manifestaron su inconformidad con respecto a presuntos descuentos ilegales al momento de utilizar baños. De igual forma, en el momento en que les llega el periodo, según manifiestan, deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia del puesto de trabajo”, agregó el comunicado.
Habló la empresa
Ya con el lío de reputación a cuestas, la empresa contestó públicamente a los señalamientos afirmando que “no se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esta manera”.
Desde la organización, ubicada en Cartagena y que emplea principalmente a madres cabeza de familia, añadieron que “esto atenta contra los más de 35 años de labores y de generación digna de empleo”.
Además, avisaron que se defenderán de lo que consideran un ataque “bajo la normatividad vigente en Colombia”.
Afirmaciones internas
Como una bola de nieve, el rifirrafe creció y entró en el ring Alicia Cardiles, una trabajadora afiliada a Sinaltrainal que quiso reforzar la denuncia en contra de la empresa.
Según declaró, las operarias están usando pañal desechable “porque nos descuentan en los salarios la ida al baño. Eso nos está produciendo enfermedades a futuro (...) entonces por eso, no más violación a los derechos de las mujeres”.
La Escuela Nacional Sindical (ENS) había compartido algunas versiones de otras trabajadoras que aseguraron haber estado en “condiciones precarias”. Berky Arrieta, miembro de la Unión Sindical de la Industria Alimenticia (Ustrial), afirmó que, debido a que el lugar donde trabaja tiene pocos baños, se suelen hacer filas que pueden durar hasta 30 minutos.
De acuerdo con su declaración, este tiempo es descontado por la empresa, lo que al final de mes puede quedar como días no laborados, pese a que desarrollen sus actividades diariamente.
Fuego contra fuego
Sin embargo, en escena apareció otra central obrera, Sintramar, que asegura tener más de 1.300 afiliados de la compañía y se declaró sorprendido con las afirmaciones de la ministra.
“Le solicitamos a la ministra que investigue con mucho más rigor el tema aquí en la planta. Para eso la invitamos a que hable con nosotros, el sindicato mayoritario de la compañía”, comunicó el sindicato.
Y agregó: “No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño, no sabemos de donde salió esa información que a todas luces es malintencionada y trata de perjudicar a una industria que emplea aproximadamente a 1.800 trabajadores cartageneros”.
Inclusive, en la pelea se metieron otras operarias de base que desmintieron las afirmaciones de sus compañeras. Una de ellas fue Marta Cuadrado, quien aseveró que lleva 16 años en la empresa.
“Rechazo la mentira de Alicia Cardiles. A nosotras no nos niegan ningún permiso ni la ida al baño para hacer las necesidades, siempre que tenemos que salir, salimos. Como tal sí hay un control, porque en la planta hay más de 700 personas y es muy difícil que los jefes puedan controlar tanto personal”.
Ana del Carmen Padilla, otra trabajadora de la planta, mencionó: “Hago este pronunciamiento para rechazar las palabras de Alicia Cardiles y de la ministra, le pido que se retracte de todo lo que dijo, ya que es una completa mentira; acá salimos al baño cada rato y cada vez que uno quiera”.
“Hay control, lógico, porque somos 700 personas, entonces imagínese a todas las mujeres afuera, a qué horas vamos a terminar de producir. Por eso se los digo, es total mentira y las invito a las dos para que vengan y se den cuenta cómo es el trato aquí”.
Opiniones divididas
En redes sociales hubo usuarios que condenaron a la compañía, mientras que otros lanzaron preguntas que dan paso a dudas razonables. Por ejemplo, algunos cuestionan pusieron la denuncia en tela de juicio a partir de los costos.
En ese orden de ideas, interrogaron quién paga por los pañales. Y si en realidad los están comprando, no saldría más costoso adquirir miles de ellos que conceder el tiempo para que las operarias puedan ir al baño.
Por otro lado, hay quienes defienden el pronunciamiento de la ministra y otro sector apunta a que se trata de otra campaña en la agenda “antiempresa” del Gobierno; recordando además las malas relaciones que ha tenido el presidente Gustavo Petro con los fondos de pensión, los bancos y las generadores de electricidad.
Lo cierto es que la investigación está en firme y queda por ver si se comprueban las denuncias, que de llegar a ser ciertas, según expertos en derecho laboral, podrían abrir paso a multas que van entre 1 y 5.000 salarios mínimos.