Se necesitan $19 billones cada año de aquí al 2035 para las vías de Colombia; CCI y Anif hablan de dónde saldría la plata
Un nuevo estudio de la CCI y Anif revela que Colombia necesita inversiones millonarias y fuentes alternativas de financiamiento para cerrar brechas en infraestructura vial.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
En el 22 Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el centro de estudios económicos Anif presentaron un análisis profundo sobre los retos que enfrenta el país para financiar los proyectos de transporte en los próximos años.
El estudio pone cifras concretas sobre la mesa y advierte que, aunque la Ley 1508 de 2012 transformó el sector y permitió atraer inversión privada mediante esquemas de APP, las brechas siguen siendo enormes.
El documento recuerda que el cumplimiento del Plan Maestro Intermodal 2021–2051 (PMTI) depende de una inversión efectiva y sostenida. Con base en la información disponible, el análisis se centró en el modo carretero y calculó cuánto se necesita invertir para cumplir las metas trazadas.
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Cuánto necesita invertir Colombia: el hueco financiero es gigantesco
Para el primer periodo del PMTI (2023–2035), el estudio estima que se requieren $19 billones anuales, el equivalente al 1,1% del PIB de 2024, para sacar adelante los proyectos carreteros priorizados y no priorizados.
A esto se suman $5,6 billones anuales (0,3% del PIB) para rehabilitar y mantener la malla vial terciaria en todo el país.
El cálculo para el segundo periodo (2036–2045) tampoco es menor. Según el estudio, Colombia necesitará $11,9 billones al año (0,7% del PIB) para intervenir 5.535 km de malla vial primaria y secundaria, además de $6,7 billones anuales (0,4% del PIB) para mejorar 62.887 km de vías terciarias.
El mensaje de Anif y la CCI es que el país enfrenta una demanda enorme de recursos para infraestructura, mientras los mecanismos actuales como los peajes, vigencias futuras e ingresos por explotación comercial no alcanzan para cerrar la brecha.
Fuentes de financiación para las carreteras de Colombia, ¿qué funciona y qué no?
El estudio revisa tres mecanismos alternativos de financiamiento que ya existen en Colombia, pero que presentan desafíos operativos, institucionales o de alcance.
1. Obras por impuestos: De acuerdo con cifras de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entre 2018 y 2024 más de 210 empresas realizaron 409 proyectos bajo este esquema.
De estos, 233 proyectos se ejecutaron en municipios PDET (por $2,03 billones) y 176 en municipios Zomac (por $931.034 millones). En los últimos siete años, el sector educación concentró 217 proyectos, mientras que infraestructura de transporte alcanzó 92 proyectos por un valor total de $1,13 billones.
Pese a su buen desempeño, el estudio advierte problemas frecuentes como costos no previstos durante la ejecución, proyectos mal estructurados por parte de entes territoriales y la ausencia de esquemas que incluyan al sector privado en el mantenimiento posterior.
2. Obras por regalías: El primer proyecto bajo esta modalidad —una placa huella de 3,8 km en San Benito Abad (Sucre)— demostró que el mecanismo puede funcionar.
Sin embargo, la experiencia de Canacol Energy, empresa participante, expuso barreras complejas: trámites burocráticos, falta de coordinación interinstitucional, dependencia exclusiva de territorios productores, escasa información clara sobre el mecanismo y una transferencia total de riesgos a las empresas.
3. Contribución nacional de valorización: Aunque técnicamente es una herramienta poderosa, en Colombia la valorización se ha usado de manera irregular. Bogotá es el único caso en el que ha funcionado con rigor técnico y administrativo.
A nivel nacional, el mecanismo enfrenta obstáculos como información catastral incompleta, debilidad institucional en alcaldías y gobernaciones, dificultades para calcular el incremento real en el valor de los predios y una percepción ciudadana negativa que frena su implementación.
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