Fondo Nacional del Ahorro aprueba traslado de utilidades al Tesoro en medio de presión del Gobierno
El Fondo Nacional del Ahorro autorizó, por cuatro votos contra dos, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional. La decisión, impulsada desde el Grupo Bicentenario, reavivó el debate sobre la legalidad del giro y los riesgos para la misión social de la entidad.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, con una votación de cuatro a dos, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional, una decisión que venía asomándose en el horizonte desde hace semanas y que desató un fuerte debate sobre su legalidad y sobre el impacto que podría tener en la misión social de la entidad. El monto involucrado hace parte de reservas acumuladas que bordean los $800.000 millones, aunque aún no está claro cuánto será finalmente transferido.
La decisión se tomó luego de varias sesiones en las que la junta directiva aplazó el voto a la espera de conceptos legales y técnicos. Según fuentes presentes, la orden de avanzar en el traslado circulaba desde hacía semanas y fue impulsada desde el Grupo Bicentenario, el holding estatal que agrupa a las principales entidades financieras públicas.
El periodista y columnista La República, Santiago Ángel, fue uno de los primeros en confirmar el resultado de la votación. “El Fondo Nacional del Ahorro aprobó el traslado de utilidades al Tesoro Nacional [...] luego del intenso lobby del Gobierno”, afirmó en su cuenta de X.
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El argumento del Gobierno
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la operación al asegurar que el traslado es coherente con el funcionamiento del Grupo Bicentenario:
“Las utilidades primero se transfieren al Grupo Bicentenario y el Grupo las transfiere al Ministerio de Hacienda”.
Según Ávila, el FNA mantuvo durante años la práctica de reinvertir todas sus utilidades, lo que llevó a una “acumulación de reservas exageradas”. Aseguró que la sólida posición patrimonial de la entidad permite hoy iniciar esta transferencia para financiar programas del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo.
Por su parte, el Grupo Bicentenario, vinculado al Ministerio de Hacienda, es matriz de 13 entidades financieras, entre bancos, aseguradoras, fiduciarias y fondos de garantías. Por ende, todas, incluidas el FNA, están obligadas a girar sus utilidades al holding y este, a su vez, al Tesoro.
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Las advertencias legales de este movimiento
No obstante, el marco normativo del FNA tiene restricciones. El artículo 63 de sus estatutos establece que:
- La distribución de utilidades requiere aprobación de la Asamblea de Accionistas.
- Solo puede hacerse después de constituir reservas legales y ocasionales.
- Las utilidades provenientes de la administración de cesantías no pueden distribuirse, lo que limita el traslado únicamente a excedentes no relacionados con esta actividad.
Por estas dudas, la junta pidió conceptos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades. Las definiciones finales sobre cuánto se puede mover y qué reservas son legalmente transferibles quedaron pendientes para próximas reuniones.
Críticas y preocupación por las cesantías
La votación desató una ola de críticas desde sectores políticos, expertos y ciudadanos.
Ricardo Arias Mora, presidente del Partido Colombia Justa Libres, recordó que “el mandato legal es explícito: los recursos del FNA no pueden destinarse a fines distintos de su objeto social”. Sugirió que redirigir utilidades para financiar el presupuesto nacional violaría el marco normativo, a menos que se cambie la ley.
En redes sociales, la diseñadora Natalia García cuestionó el contexto preelectoral: “$800.000 millones fue la cantidad que este desgobierno hizo sacar del FNA. Recursos destinados originalmente para ahorro y vivienda”.
El politólogo Mateo Amaya Quimbayo advirtió que este movimiento puede erosionar la confianza ciudadana: “Cuando un gobierno expropia fondos de los colombianos para gasto estatal, envía el mensaje de que es mejor retirar esos recursos”.
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El periodista Santiago Ángel añadió que la medida rompe una tradición histórica del FNA: reinvertir sus utilidades para fortalecer su patrimonio y ampliar créditos de vivienda y educación, su misión social principal. Esto, advirtió, podría mermar su capacidad operativa en el mediano plazo.
La abogada Gloria Osorio fue más allá y se refirió a presiones internas: “El FNA no es un cajero del Ejecutivo. Son ahorros de los colombianos, no una chequera de campaña”.
Según dijo, insistir en múltiples sesiones de junta para forzar el traslado “sería un conflicto de interés en plena etapa preelectoral”.
Aunque la aprobación ya está en firme, aún falta definir el monto exacto, cuáles reservas pueden moverse sin violar el estatuto del FNA y cuál será el impacto real sobre su patrimonio. La discusión sigue abierta y, para expertos, este será un precedente clave en la relación entre las finanzas públicas y los fondos que administran recursos sociales como las cesantías de los trabajadores.