Gobernadores no ceden tras reunión con MinHacienda y anuncian acciones jurídicas: “Cualquier medida en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”

Sin acuerdos concretos y con posiciones aún distantes terminó la reunión entre los gobernadores de los departamentos y los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, en la que se buscaba destrabar el pulso por los efectos fiscales del decreto de emergencia económica.

Tras el encuentro, los mandatarios departamentales dejaron claro que el panorama se mantiene sin cambios y anunciaron que avanzarán en acciones jurídicas para proteger las finanzas territoriales, especialmente los recursos destinados a salud, educación y deporte, que consideran en riesgo por las recientes modificaciones tributarias.

La reunión, realizada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contó además con la participación del director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt; el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera; y delegados de varios gobiernos departamentales.

Aunque los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional, reiteraron que su postura frente al decreto 1474 de 2025 se mantiene firme.

“Defenderemos los derechos fundamentales a la salud, la educación y el deporte, y por tanto las rentas cedidas a los departamentos que garantizan su prestación en los territorios”, señalaron los mandatarios en una declaración conjunta divulgada al término del encuentro.

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Anuncian demanda ante la Corte Constitucional

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de acudir a la Corte Constitucional para solicitar una medida de protección que suspenda provisionalmente la implementación del decreto, específicamente en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA para licores y cigarrillos, dos rubros clave para el financiamiento departamental.

Según los gobernadores, estos cambios afectarían de manera directa la capacidad de las regiones para sostener programas sociales y cumplir con sus obligaciones en sectores sensibles como la salud y la educación.

El bloque de mandatarios también subrayó que la discusión va más allá de un debate fiscal y toca principios constitucionales. En ese sentido, recordaron que Colombia es una República unitaria, pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.

“Eso es precisamente lo que estamos defendiendo desde las regiones. Cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”, afirmaron.

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Diálogo abierto, pero sin ceder posiciones

Pese al anuncio de acciones judiciales, los gobernadores insistieron en que no han cerrado la puerta al diálogo con el Ejecutivo. Manifestaron su disposición a participar en los espacios técnicos y políticos que convoque el Ministerio de Hacienda, aunque dejaron claro que esto no implica renunciar a sus reclamos.

Desde el Gobierno, el ministro Germán Ávila ha reiterado que las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica no recortan los ingresos actuales de los departamentos y que los recursos adicionales derivados del aumento de tarifas serán percibidos por la Nación. Sin embargo, esta explicación no logró disipar las preocupaciones de las regiones.

La falta de acuerdo confirma que el pulso entre la Nación y los departamentos sigue abierto y que el debate sobre el impacto real de la emergencia económica se trasladará ahora al terreno jurídico, mientras los gobernadores buscan blindar los recursos que consideran esenciales para la prestación de servicios básicos en sus territorios.

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