¿Gobierno abona el terreno para gravar más a las empresas?

Muy sorpresivo fue el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda, en el que básicamente le echó la culpa a las empresas —y sus ganancias— por el elevado costo de vida en Colombia entre 2021 y 2022.

Más allá de todos los argumentos que giran en torno a este asunto —para desvirtuarlo o comprobarlo— hay una clara contradicción en los discursos del Gobierno, que en varias ocasiones ha invitado a a los empresarios a sellar un acuerdo nacional, pero luego los señala públicamente de causar desigualdades y alto costo de vida.

El documento oficial compartido por la cartera de Hacienda le puso a las compañías la etiqueta de seller inflation; que en español traduce “vendedor de inflación”. Y acto seguido subraya que la situación amerita tomar acciones.

¿Y cuáles serían esas medidas?, pues el mismo texto habla de “un conjunto diverso de herramientas de política, que incluyen fundamentalmente la política monetaria pero también medidas adicionales como impuestos a las ganancias extraordinarias de algunos sectores”.

“Gallo o gallina”

Todo parece indicar que el Gobierno está preparando otra reforma tributaria, pues a la aprobada a finales de 2022 le han pegado varias “peluquiadas” y la expectativa de recaudo bajó de unos $20 billones a $12 billones; una reducción sustancial que llega mientras Presidencia necesita fuentes para alimentar el Presupuesto General de la Nación (PGN), que para este año es de $502,6 billones, el más alto de la historia.

Aunque no hay un borrador del proyecto, el presidente Gustavo Petro lanzó algunas pistas y habló, por ejemplo, de bajar la tasa de renta corporativa, que actualmente es de 35% y supera al promedio de los países alineados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

A pesar de ello, con las líneas de MinHacienda queda claro que no se descarta aplicar otro impuesto a las empresas; en este caso sería un gravamen extra sobre las utilidades que, desde su óptica, son “determinantes” en la inflación.

La controversia

Como era de esperarse, los gremios no se iban a tragar el sapo sin expresar su desacuerdo. Y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), le contestó sin vacilar al ministro de Hacienda.

“La Nota Macroeconómica del equipo técnico de MinHacienda denominada la inflación del vendedor, sorprende por su sesgo ideológico, la ligereza de las conclusiones y la falta de rigor y lo contradictorio de sus recomendaciones. Preparamos comentarios técnicos que publicaremos”, dijo Mac Master.

Un ejercicio simple con el que le han rebatido la hipótesis al Gobierno tiene que ver con las diferencias entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los valores que pagan las familias para cubrir sus necesidades, y el Índice de Precios al Productor (IPP), que mide los costos para la producción de bienes y servicios.

¿Qué se observa allí? Que cuando la inflación al consumidor llegó a sus picos más altos en 2021, la del productor la superaba por casi 21 puntos porcentuales; crecía más el valor de producir que el de comprar (ver gráfico).

Luego, al observar los datos del 2022, la brecha entre una y otra era de 9,6 puntos, lo que permite inferir que no se le transmitió a los compradores todo el aumento que asumían las empresas.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, recordó que esos IPP reflejaban varios coyunturas: subida del dólar, subida de los fletes marítimos y encarecimiento de los insumos para el agro, solo por mencionar algunos.

Luego de analizar el comunicado de Minhacienda, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indicó que es bienvenido el debate académico, pero no la estigmatización al sector privado.

“Si las opiniones del ministro fueran ciertas, economías tan robustas como la de Estados Unidos o Japón, cuyo sector empresarial es de gran tamaño, tendrían una inflación desbordada”, subrayó.